No ceder ante Argentina

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El gobierno viene retrocediendo en forma persistente frente a las demandas argentinas, pero no lo hace solo por la fuerza de la razón, o por la presión oficial, sino que ahora también lo hace en respuesta a un grupo de piqueteros, que rechazan no solo la autoridad legítima emergida de su estado de derecho, sino que tampoco admiten un fallo internacional. Es un secreto a voces que las novedades en materia tributaria y de secreto bancario constituyen una respuesta a demandas argentinas de toda la vida. Esto hasta se puede entender. Pero reaccionar favorablemente a demandas piqueteras -si esto se confirmara- humilla a los uruguayos, que no queremos que una manga de vándalos sin respeto por norma jurídica alguna, se erijan en censores no ya de Botnia que es lo de menos, sino de nuestra propia soberanía. No es éste el camino para mejorar nuestras relaciones con Argentina.

Dado este cariz de minusvalidez que viene tomando nuestra política exterior, aprovecharé hoy para advertir sobre un tema en el que la administración anterior fue muy enfática al oponerse a la Argentina, pero tememos que la actual convalide: se trata del régimen de retenciones a la exportación practicado por ese país, que ahora nos reclama lo admitamos.

NO A LAS RETENCIONES. Por decisión 54/04 el Mercosur resolvió culminar la construcción de la unión aduanera para lo cual se acordó informatizar las aduanas, definir cómo se distribuiría la renta aduanera externa y especialmente aprobar el Código Aduanero del Mercosur (CAM). Más allá de la dudosa fortaleza anímica de esta decisión, al menos en el papel el camino quedó marcado. En definitiva, se ratificó el principio fundacional de la libertad de circulación de bienes, servicios y factores productivos dentro del Mercosur, sin la aplicación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias o de efecto equivalente. La aprobación del CAM debe suponer, en consecuencia, no permitir la aplicación de derechos de exportación intrazona porque sería un contrasentido ya que son tributos aduaneros y no se cumpliría con el referido objetivo fundacional del bloque.

Pero como ya ha trascendido, en el mes de julio en San Juan, la Argentina condicionará en la Cumbre del Mercosur la aprobación del Código Aduanero a la inclusión en el texto final de la autorización para aplicar derechos de exportación intrazona, tal como ocurrió hace dos años en Tucumán. El Uruguay debe oponerse tajantemente como siempre desde ahora, y no alentar esperanzas de cambio de posición, como ya se pueden leer en la prensa argentina, que señala que la afinidad con Mujica puede significar un tratamiento diferente al recibido hasta el momento de rechazo a tamaño dislate.

ABERRACIÓN. Desde el punto de vista jurídico parece insólito que en una unión aduanera se admitan tributos aduaneros como las detracciones, absolutamente prohibidas no solo en el Mercosur sino por ejemplo en la Unión Europea. La ausencia de este tipo de instrumentos es de la esencia misma de la unión, que se define precisamente por esta característica. Pero aún más allá de esta locura jurídica, nos queda otra peor que es la económica, que determina que las retenciones no solo son una fuente de recaudación de un gobierno, sino que suponen a la vez un subsidio a la producción, a las exportaciones, y por tanto una barrera al acceso de los demás miembros de la unión aduanera. Precisamente, el efecto menos conocido y seguramente más importante de las detracciones es el de subsidio al eslabón siguiente de la cadena productiva. Si al que va a exportar soja, o trigo, o girasol se le detrae un 35% del valor de exportación, su comprador doméstico contará con la ventaja de poder adquirir esa materia prima a un valor 35% menor al internacional. Un aceitero u un molinero argentinos podrán comprar su materia prima a un valor equivalente al de exportación, en este caso abatido en un 35%. Este es el subsidio a la elaboración de aceite o harina en el caso. Es claro entonces que el industrial argentino cuenta con una materia prima más barata, o más bien abaratada por efecto de las retenciones. Esto implica una situación de ventaja que lo beneficia respecto de un industrial uruguayo o brasileño por ejemplo. Éste no podrá competir eventualmente en el mercado argentino, tendrá una posición desventajosa en terceros mercados, y quizás deba soportar la competencia argentina en el propio. Todo lo demás constante, el aceite argentino por ejemplo competirá mejor con el uruguayo en Uruguay, en Europa o, si fuera el caso, en la misma Argentina. Por lo anterior es absolutamente obvio que las retenciones no sólo suponen un subsidio a la producción como ya se refirió, sino una traba a la libre circulación. Esto es desde el punto de vista económico, indiscutible. Y admitirlo en una unión aduanera para su aplicación entre los socios, una contradicción absoluta.

Más aún, es tan clara la ilegalidad de las detracciones en el Mercosur, que la justicia argentina, consciente de que el derecho comunitario es ley en ese país, en octubre de 2009 decidió consultar al tribunal del bloque sobre la legalidad de tales tributos frente al derecho regional. Si el CAM las aprobara en el sentido propuesto por el gobierno argentino, toda duda interna sobre su legalidad desaparecería. Y probablemente reaparecerían las protestas del campo argentino, fuente de recursos para este subsidio a la industrialización.

MÁS PIQUETES. Proponer detracciones intramercosur para resolver un problema de su política interna y presionar para ello como se anticipa, equivale a un piquete puesto en práctica por el propio gobierno argentino. Y admitir su sola consideración es un agravio a la inteligencia de los uruguayos que no tenemos nada que recibir a cambio de incumplir lo ya pactado. Debo confesar que al menos hasta ahora, la conducción de nuestras relaciones económicas y políticas con Argentina y Brasil me sugieren minusvalidez -vamos en el estribo de Brasil, se dijo- y a veces un sentimiento de humillación que no se corresponde con nuestras tradiciones. El levantamiento de un corte de rutas no puede significar la aceptación de reglas nuevas que el país hasta ahora había rechazado, en una muestra de unidad de posiciones políticas de todos los partidos que ahora empieza a resquebrajarse. Y si en la cumbre de San Juan se llegara a aceptar lo que nunca se había admitido, esa unidad sería progresivamente cada vez más débil.