La reforma de las empresas públicas

1/1

CARLOS STENERI | DESDE WASHINGTON DC

El discurso inaugural del presidente José Mujica ante la Asamblea General estuvo cargado de significados. Ya la opinión pública se ha encargado de interpretarlos y darles en general su beneplácito. En los grandes temas nacionales, el rumbo que propone es el adecuado. En otros casos, puso sobre la mesa directamente o de manera elíptica, debates que no pueden postergarse.

Al mencionar la necesidad de llegar a acuerdos para trazar políticas de largo plazo en materia energética que trasciendan a las administraciones, de suyo va incluido el cómo serán ejecutadas. Y eso significa debatir y acordar reglas, lo cual implica necesariamente incluir el tema de la reforma de las empresas públicas.

Sin duda se ha llegado a un punto donde no se admiten más las demoras en la materia. Si el país pretende seguir creciendo a tasas robustas, la oferta de su matriz energética tiene que presentarse en consonancia. Ello implica abundancia y a costos lo más bajos posibles.

En definitiva se trata de una de las grandes reformas del Estado que todavía sigue en el debe, y cuya falencia viene provocando costos resultado de actuar como freno en el logro de tasas de crecimiento económico más alto.

Opinamos que el debate deberá articularse no en contra de la entidad empresas públicas, sino en actualizar lo que tenemos. Todos saben que lo actual nace de concepciones viejas, la mayoría comenzado en la década del treinta a imagen y semejanza de los estancos (monopolios) de propiedad estatal que estaban en boga en la Italia de aquella época. La misma historia se repetía con matices a lo largo y ancho del continente europeo. Y ese verdadero cambio institucional en la operativa económica de la sociedad venía justificado por la necesidad de asegurar la oferta de bienes estratégicos como la energía en todos sus modos, las comunicaciones, y el transporte en la acepción amplia del género.

Siete décadas después quedó demostrado a lo largo de nuestra región que esa institucionalidad no se acompasa a las necesidades de los países: Uruguay no es una excepción. Como respuesta países que abrazaron propuestas políticas socialdemócratas como Brasil y Chile, fueron cada cual a su manera y sin pausa perfeccionando un proceso de modernización de sus empresas. En muchas, lo que ha quedado en pie de su estructura original es su nombre. En cambio, lo que se ha creado son complejos productivos altamente eficientes de propiedad pública, algunos con presencia internacional destacada.

¿QUÉ NOS HA PASADO? Debemos reconocer que el tema de la reforma de las empresas está con nosotros al menos desde los albores de la década de los noventa, movilizados por los vientos de privatización que rondaban a lo largo del mundo. Su origen comenzó en el desmantelamiento de las empresas de propiedad pública de los países del área soviética, y de ahí siguió hasta nosotros, alentados por el pobre desempeño o el déficit fenomenal de las empresas públicas latinoamericanas.

Por su lado, el intento fallido de privatizar Antel gracias a un plebiscito en contra, creó una suerte de esclerosis doctrinaria: todo intento de reforma de las empresas del Estado estaría mancillando el espíritu del soberano expresado en aquella instancia. Y eso fue usado y abusado para no hacer prácticamente nada. No por falta de voluntad, sino por imposibilidad frente a las resistencias explícitas y algunas veces porque la urgencia de los hechos marcaba otras prioridades.

Quienes tenemos ya un cierto recorrido machacando en estos temas, nos tentamos con hacer memoria para encontrar claves al respecto.

Para ello vale recordar que Nueva Zelanda en aquellos momentos lucía como un paradigma a analizar, del cual se podían extraer conclusiones para aplicar en Uruguay. Entre otras cosas había reformado su sector público, incluidas sus empresas, logrando romper su endémico estancamiento económico. Esa fue la conclusión principal de un encuentro realizado en Punta del Este durante un fin de semana en el invierno de 1997 que tuvo el ministro Luis Mosca y el equipo económico con Joseph Stiglitz en su calidad de economista jefe del Banco Mundial, su vicepresidente para la región Shaid Burki y un grupo de asesores.

La idea tomó vuelo, y dada la especie del tema, se entendió necesario que la instrumentación de ideas de este tipo requiere de consensos amplios. Así fue que meses después partió rumbo a Nueva Zelanda, financiado por el Banco Mundial, un grupo integrado por representantes de las cámaras empresariales más relevantes, del Pit-Cnt, de todos los partidos políticos, de varios centros de investigación y de formación educativa, periodistas, y funcionarios de gobierno. La constatación más importante fue que en el seno de un grupo aparentemente tan heterogéneo había coincidencias importantes en varios temas, incluyendo la necesidad de entrarle a las reformas de las empresas y los marcos regulatorios vigentes.

Aunque es difícil trazar las causas de porqué languideció aquel esfuerzo, también vale recordar que ya a mediados del año siguiente, el mundo entraba en problemas a causa del default de la deuda rusa, distrayendo la atención hacia ese foco y empercudiendo el terreno para introducir reformas.

De todos modos, el tema reflotó por necesidad propia y a finales del 2001 el presidente Jorge Batlle, en uno de los pocos Consejos de Ministros que citó, lo dedicó a las reformas del Estado. Ese propósito quedó sepultado meses después por la resolución de la crisis financiera más virulenta de la historia reciente del país.

Casi una década después, el tema de las reformas reflota con vigor, nada más ni nada menos que por intermedio del discurso inaugural presidencial.

La postura del presidente Mujica y los antecedentes previos suponen que hay ya una masa crítica de antecedentes, y también de discusiones aunque sean circunscriptas a lo interno de cada grupo, que posibiliten un paso delante de importancia. Podría decirse que los diagnósticos básicos ya están. Quizás reste afinarlos; lo que falta es ponerse de acuerdo en las prioridades y la batería de políticas respectivas.

QUÉ HACER. Aun a riesgo de ser reiterativos, opinamos que el marco regulatorio y la modalidad operativa de las empresas públicas son inadecuados.

Una de las lecciones que mostró Nueva Zelanda es que las empresas deben operar como si reinara la competencia. En unos casos exponiéndolas a la competencia. La experiencia beneficiosa que se operó en Antel es una prueba. La empresa se expandió, mejoró la calidad del servicio y bajó los precios al consumidor.

Cuando operan bajo régimen de monopolio natural, la regulación es el sucedáneo indicado. Pero en este caso la figura del regulador tiene que desgajarse efectivamente del regulado. En el tema no se puede ser juez y parte; en la jerga de los economistas los problemas de "agencia" están suficientemente comprobados empíricamente. Aquí todavía hay zonas grises, donde priman los intereses corporativos de las empresas en desmedro de los del país.

La lista incluye obligarlas a presentar indicadores de performance, tanto técnica como financiera. Si existen, no son de público conocimiento para sus accionistas. De esa manera es muy difícil evaluar a sus gerencias y directorios. También dificulta hacer correcciones y fijar estrategias de expansión basadas en criterios sólidos. No es pedir un imposible, pues los bancos públicos sometidos a las regulaciones banco centralistas están obligados a proveer información periódica. Y lo hacen por voluntad propia, con el propósito de mostrar la solidez de su gestión y ganar mercado ante competidores de fuste.

Cerrando este breve repaso, es necesario modificar o perfeccionar las figuras legales sobre las que operan estas empresas. La envergadura de algunas de las inversiones que tienen por delante choca con la restricción fiscal que tiene el gobierno. Solamente asociándose con privados u operando como sociedades anónimas se puede superar esa restricción.

Lo que parece un glosario del buen sentido común ha sido un camino lleno de tropiezos. Esperemos que esta instancia sea la definitiva.