Una forma eficiente de ajuste fiscal

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JORGE CAUMONT

En este desenfreno electoral de políticos, técnicos, prensa y de muchos uruguayos que votarán en las próximas instancias, es común encontrar a numerosas personas que se preguntan si en el comienzo de 2010, cuando asuma la nueva Administración, habrá un ajuste fiscal. La respuesta es sencilla considerando lo que es normal en toda actividad productiva: si hay un desequilibrio financiero porque los ingresos de caja no cubren a los egresos, la reacción lógica pasa por atenderlo. La que no es una respuesta sencilla es cuál es la mejor forma de cubrir el déficit de la actividad del sector público. Hay tres alternativas, cada una con efectos económicos, entre otros, sobre la actividad productiva presente y futura. Una primera forma, comúnmente conocida como "ajuste fiscal", es aumentar los impuestos para incrementar la recaudación y así cubrir la brecha fiscal. Otra alternativa es encontrar un prestamista -local o del exterior- que proporcione la diferencia entre lo recaudado y lo gastado. Finalmente, la alternativa que muy pocos creen posible, es bajar el exceso del gasto sobre la recaudación o, más aún, bajarlo de modo de generar un resultado positivo que permita amortizar la deuda existente. Las dos últimas alternativas no son vistas -aunque deberían- como un ajuste fiscal.

SITUACIÓN FISCAL. El Ministerio de Economía espera que al cabo de 2009 el déficit fiscal sea 2% de la producción total de bienes y de servicios del país lo que significa que el Gobierno Central estaría gastando alrededor de 700 millones de dólares más que lo que estaría recaudando por impuestos y otros conceptos a lo largo del año. Algunos analistas piensan que el déficit puede ser aún mayor en marzo de 2010 si se siguen retrasando ajustes de precios de servicios y bienes provistos por empresas públicas, si se mantienen determinadas exoneraciones tributarias y algunos subsidios que están en aplicación temporal de acuerdo con lo expresado por oficiales de la Administración y si, por otro, lado se deteriora la recaudación o se mantiene creciente el gasto público.

Tan pronto asuma un nuevo gobierno, ¿cuál será su decisión? ¿Aumentará impuestos, bajará gastos o conseguirá préstamos que le permitan seguir gastando por encima de sus posibilidades recaudatorias? Lo que primero resalta como muy claro es que una Administración no puede mantener un déficit indefinidamente sin entrar en una complicación clara y vertiginosamente creciente para las nuevas generaciones, aparte de lo que implica el déficit fiscal para esta propia generación. Será muy difícil que un nuevo gobierno se pueda sentar en actitud pasiva sin tomar acción alguna para frenar el déficit esperado y que más que duplicará el que recibió la Administración saliente. Pero la primera alternativa de financiamiento no consiste en -sobre todo cuando estamos en época electoral- subir impuestos ni bajar gastos. Es mantenerlos sin cambios y llegar, si se puede, con el peor recurso, el del endeudamiento cuyos efectos se sienten cuando se deben pagar los intereses y amortizar el capital.

MÁS IMPUESTOS. Aumentar los impuestos es la clásica salida en la que seguramente todos estarán pensando cuando se revele la imposibilidad de seguir con un déficit tan alto como el que se proyecta. Entonces la discusión se centrará en si debe ser un aumento de los impuestos directos -como los que gravan rentas o riqueza- o de los impuestos indirectos -IVA, Imesi, etc.-. Y la lucha porque se grave a algunos y no se toque fiscalmente a otros se desatará con el fin que todos ya conocemos: se gravará diversamente según criterios poco convincentes pero muy efectistas. "Que paguen más los que ganan más". Lamentablemente ello estará acompañado con el eco de esos contribuyentes más gravados que responderán con menor inversión en el país. Poco se hablará de bajar los gastos y a lo sumo sí se concederá la posibilidad de aumentar algo el endeudamiento para evitar mayores problemas en la actividad productiva. Un aumento de impuestos tiene consecuencias importantes sobre el nivel de actividad. Lo que se retrae del ingreso de la población para el pago de impuestos baja el gasto de la gente y de las empresas y por lo tanto afecta negativamente a la actividad económica. Pero, por otro lado, se vuelca ese mismo dinero al gasto público lo que puede mejorar el nivel de actividad. Dos efectos encontrados pero el resultado se dilucida mediante algo que es evidente: el costo de la recaudación. Es la parte de la recaudación que no se volcará al consumo ni a la inversión. Por ello es mucho mayor el efecto contractivo de la baja del ingreso disponible de la población que el efecto expansivo del gasto público que ese impuesto adicional financia.

MENOS GASTOS. Un ajuste fiscal por el lado del gasto nominal ha ocurrido en el Uruguay sólo ante una crisis económica profunda: en el 2002 por ejemplo. En otras ocasiones el gasto público se ha "licuado" en términos reales a través de una alta inflación o de una fuerte devaluación. Justamente la licuación de los salarios del sector público en 2002 vino por el lado de ambas cosas: la devaluación de la moneda local y su posterior reflejo en la inflación sin que hubiera un aumento de los salarios nominales de similar envergadura.

Pero pese a que en nuestro país ha arraigado inexplicablemente la creencia que los gastos del Gobierno Central son inflexibles a la baja, es posible lograr un abatimiento significativo de sus erogaciones y así evitar los problemas que trae el aumento de los impuestos y el del endeudamiento y el de licuar el gasto con inflación o devaluación. En 2008 el Gobierno Central aumentó su gasto primario en 1.224 millones de dólares o 27,5% siendo una expansión no justificada en algunos aspectos: el gasto propiamente dicho -excluidos el gasto en salarios-, aumentó 152 millones de dólares; las transferencias al BPS treparon a 604 millones; los salarios aumentaron en 291 millones, las inversiones en 165 millones de dólares y las transferencias en 12 millones. De la simple lectura es posible observar que la alternativa de bajar el déficit fiscal puede -y debe- provenir de un achicamiento del gasto. Reducir conceptos como el del gasto propiamente dicho es una manera pero, tal vez, una racionalización del gasto sea aún mejor. Y ella consistiría en hurgar en las posibilidades de eliminar egresos innecesarios. El contribuyente debe exigir explicaciones aún en los casos más difíciles como el de la Universidad de la República, que gasta pero no rinde cuentas a quien le financia: el contribuyente. ¿Por qué quien estudia en la Facultad de Ciencias Económicas de la UdelaR cursa cinco años y no cuatro como en las universidades privadas cuyos egresados incluso compiten con mayor aceptación para los cargos profesionales? Es tan solo un ejemplo de cómo abatir un gasto pese a los reclamos de los afectados y es una forma impresionantemente eficiente de realizar un ajuste fiscal sin efectos recesivos sobre la economía y sin poner cargas sobre la espalda de futuras generaciones.