El gobierno desaprovechó el período de auge para hacer reformas estructurales

JORGE REBELLA

La solución de asociar las empresas públicas con compañías privadas no eliminará el problema de fondo: el Estado se lleva el 25% de lo que el país produce para devolverlo en pésimos bienes y servicios. Eso representa una carga excesiva que la economía uruguaya no va a poder soportar en cuanto salgamos de la bonanza de estos últimos años, sostuvo el Dr. Ignacio de Posadas, ex ministro de Economía y Finanzas e integrante del sector Concordia Nacional que apoya la precandidatura del Dr. Luis Alberto Lacalle. A continuación un resumen de la entrevista.

-¿Cómo evalúa la actual situación de la economía uruguaya?

-La comparación válida sería la del país consigo mismo. En ese sentido, la economía está peor de lo que debería, más allá de la crisis internacional. Por un lado, ya se le había dicho al gobierno que los niveles del gasto público eran excesivos, dado que la "fiesta" mundial estaba por terminar. Por otro, un gobierno que tenía mayorías en el Parlamento desaprovechó este período de auge económico para llevar a cabo las reformas estructurales necesarias. En definitiva, seguimos padeciendo viejos problemas económicos, tales como el peso del Estado, el exceso de regulaciones y la baja productividad, a lo que se les suma un gasto desmedido y una situación global totalmente desfavorable.

-Ante ese panorama, ¿cuáles serían las medidas económicas más urgentes a tomarse el año próximo?

-Si bien eso lo deberá resolver la nueva administración, los problemas macroeconómicos más inmediatos son el déficit fiscal y el endeudamiento público. Sin embargo, las preocupaciones mayores van a estar en la microeconomía. Me refiero especialmente a la legislación laboral, a la complejidad de la normativa tributaria, etc. que están impidiendo que el país sea más eficiente. Aún más grave que todo eso, habrá que enfrentar los problemas emergentes de una involución cultural como consecuencia del fracaso de un sistema educativo francamente deteriorado y que opera de rémora para que la sociedad uruguaya pueda avanzar en el siglo XXI.

-El año próximo la nueva administración tendrá que votar la ley de prepuesto para el quinquenio 2010-2014. ¿Qué prioridades debería marcar el nuevo gobierno?

-Las dos batallas más urgentes a dar, dentro de las importantes, están en la seguridad y la educación. En esta última área, el problema no es presupuestal ya que el gobierno le otorgó a la ANEP un porcentaje mítico del PIB a cambio de nada. Si se cree que la situación de la educación pública se soluciona dándole una porción mayor del Presupuesto Nacional se volvería a caer en el mismo error porque los resultados serían exactamente iguales, es decir pésimos. De lo que se trata ahora es de obtener determinados resultados por los recursos que se voten. En cambio, el tema seguridad va a requerir mayores partidas presupuestales debido, entre otras razones, a la cantidad de efectivos policiales que debe involucrar esta área del Estado y la necesidad de adecuar remuneraciones.

Política fiscal

-El aumento del gasto fiscal generó un déficit en las cuentas del Estado en 2008 y también ocurrirá lo mismo este año. ¿Prevé que el nuevo gobierno tenga que efectuar un ajuste fiscal al comienzo de su mandato?

-Sin duda habrá déficit fiscal en 2010, aunque mayor a lo ya previsto por el propio partido de gobierno. Como la población no resiste más impuestos, el déficit fiscal verdadero, que recién se conocerá cuando asuma el nuevo equipo económico, tendrá que ser financiado con endeudamiento, tal como ya lo está haciendo la actual administración.

-El gobierno del Dr. Vázquez ha destacado que "liberalizó" al país del FMI al haberse pagado toda deuda con el organismo multilateral de crédito. ¿Debería la próxima administración solicitar alguna de las nuevas líneas de crédito del Fondo, que ya no tienen las condicionantes que antes se exigían?

-Irónicamente, la primera vez en la historia que el FMI ofrece préstamos incondicionalmente, Uruguay deja pasar la oportunidad de contar con recursos de bajo costo. Como no se sabe cuáles serán las cifras del déficit fiscal, sería interesante dejar establecido desde ahora la posibilidad de recurrir a esos fondos que no son para usar de inmediato, sino para contar con mayor liquidez si continúa la crisis financiera global. En definitiva, sería el "blindaje" que resultó que no tenemos pese a que el gobierno había asegurado lo contrario.

-¿Qué recomendaciones le haría en materia impositiva a un eventual gobierno del Dr. Lacalle?

-Antes de que se aprobase la reforma tributaria, señalé que la modificación de la estructura tributaria no era una de las cuestiones más importantes que tenía el país. En todo caso, lo que se requería -y que aún se necesita- era una reforma fiscal.

-¿Qué tipo de reforma fiscal se requiere hoy día?

-Me refiero a una reforma del lado del gasto. En tiempos de bonanza, al contar el gobierno con mayorías parlamentarias y con la afinidad ideológica de los sindicatos, no pudo haber sido mejor la coyuntura para encarar una reforma del Estado y, en consecuencia, del gasto público. En vez, se aumentó el número de funcionarios y el volumen de egresos.

-¿Sería aconsejable derogar de inmediato el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF)?

-En el mundo ya no se discute la distinción entre la inequidad de los impuestos indirectos como el IVA y la equidad de los impuestos directos porque, entre otras razones, una cosa es quién es el sujeto pasivo según la ley y otra cosa es quién lo paga en la realidad. Además, se maneja otro argumento infantil referido a la ventaja del IRPF porque no incide sobre los precios como sí lo hace el IVA. Mi pregunta es: si el proveedor traslada el IVA a los precios, por qué ese mismo proveedor no va a trasladar el IRPF hacia adelante. Y, en caso que no pudiera hacerlo así, seguramente lo trasladaría hacia atrás en los salarios que paga. En base a esa tesis, Uruguay se embarcó en un esquema tributario que, pese a que el gobierno fue advertido, representa un mayor peso impositivo y, además, invade la intimidad de los contribuyentes. Por lo tanto, la meta del Partido Nacional es desmantelar el IRPF, pero no es prudente anticipar cuándo se lo podría derogar porque, entre otras cosas, habrá que ver cómo se van a compensar los ingresos que genera.

Sector financiero

-¿Cómo califica el funcionamiento del sistema bancario uruguayo?

-Actualmente funciona en forma muy limitada. Estimo que su contribución como proveedor de crédito a la economía uruguaya es mínima y, probablemente, el grueso debe estar en los préstamos al consumo. Entre los factores que coadyuvan a esta situación se hallan los efectos de fenómenos importados, pero también hay una larga tradición de la cultura nacional contraria al sector financiero, que ha hecho cada vez menos atractiva esta actividad. Es así como se ha demonizado la plaza financiera, habiéndose creado una dicotomía mítica entre lo "productivo" y lo "financiero", colocándose a este último como una actividad egoísta y, por lo menos, sospechosa. Por otro lado, el sindicato AEBU ha sido sumamente exitoso en estrangular la actividad bancaria. La prueba es que, en el momento de apogeo del sector financiero local, había más de 50.000 empleados bancarios y hoy no llegan a 12.000. Hoy ningún banco se arriesga a contratar más personal porque, difícilmente, un nuevo negocio logre beneficios dado lo rígido del sistema y los costos salariales que implica.

-Entonces, ¿a qué tipo de negocios debería apuntar la banca luego de haber perdido la mayor parte de sus clientes offshore?

-Si bien no se tiene que perder la actividad offshore, los bancos tienen básicamente dos actividades a desarrollar: créditos y servicios. Ambas deben funcionar simultáneamente para que, en épocas de estrechez del crédito como la actual, la banca pueda proveer al menos servicios. Para todo ello y, sobre todo, para la captación y colocación de recursos externos, es necesario recuperar la posición que el país ocupó durante décadas, ofreciendo una muy buena combinación de seguridad jurídica, agilidad y eficiencia.

- ¿Es posible que la banca privada puedan aumentar el crédito?

-Aunque carezco de la información necesaria, mi impresión es que lo reducido del crédito no obedece tanto a restricciones provenientes de los bancos, sino a que hay pocos proyectos de empresarios que califican para recibir préstamos. Si, además, la sumatoria de regulaciones bancocentralistas y cargas tributarias determina que el crédito no sea barato, difícilmente puede haber una demanda ávida.

-¿Es criticable la reforma del BCU, sobre todo en su enfoque de las áreas de regulación y control?

-Después de la crisis financiera de 2002, se ha ido generando un exceso de regulación porque el BCU no quiere asumir ningún riesgo en esta materia. Si el regulador quiere ponerse a cubierto para que nadie le pueda acusar por posibles omisiones en casos puntuales, tiene que eliminar el riesgo en la actividad regulada. En caso que se tienda a eliminar el riesgo en la actividad bancaria, que por definición es riesgosa, no se la va a dejar funcionar con normalidad. Justamente, eso es lo que hoy está sucediendo. A diferencia de lo que sucede en Wall Street, lo último que necesita el sector financiero en Uruguay es apilar más trabas y controles.

-¿Debería el BROU convertirse en un banco de fomento en un gobierno del Dr. Lacalle?

-Insisto en que no sé qué va a decidir un gobierno del Partido Nacional. De todos modos, aparecen un par de campos de acción posibles para el BROU. Uno es actuar como banca comercial lisa y llana. El otro sería convertirse en banco de fomento que tiene argumentos a favor y en contra. En la historia de Uruguay, su actuación como tal no ha sido muy buena; por tanto, sería mejor que funcionase en el área de fomento como un banco de segundo piso. (N.del R.: institución que canaliza sus recursos al mercado a través de otros intermediarios financieros).

Reforma del Estado

-El gobierno del Dr. Lacalle intentó reducir las dimensiones del Estado con resultados limitados, sobre todo, después del referéndum de 1992. ¿Qué reformas propone ahora efectuar su sector para hacer más eficiente la gestión estatal?

-La administración Lacalle logró cambiar bastantes cosas pero, en comparación con las metas que se había trazado, sus logros parecen menores. No podemos olvidar la reforma de los puertos, el cierre del SOYP, la asociación de Pluna con privados, el ingreso de compañías de telefonía móvil, la privatización de El Espinillar, El Mago, etc. así como de frigoríficos y bancos, con lo cual dejó a la Corporación Nacional para el Desarrollo sin empresas deficitarias a su cargo.

De todos modos, hoy no se puede volver a hablar de privatizaciones porque la izquierda ha tenido éxito en demonizarla. En cambio, queda la posibilidad de asociar a las empresas estatales con inversores privados, porque el gobierno del Frente Amplio santificó ese camino. Sin embargo, esa solución no eliminará el problema de fondo: el Estado se lleva el 25% de lo que el país produce para devolverlo en pésimos bienes y servicios. Eso representa una carga excesiva que la economía uruguaya no soporta en tiempos normales, como veremos a medida que se va agotando la bonanza externa de estos últimos años.

El Estado no está capacitado para encarar programas de desarrollo social

-Los partidos de oposición han sido muy críticos, primero, con el Panes y, después, con el Plan de Equidad por no exigir prácticamente contraprestaciones, ¿cree conveniente que un gobierno del Partido Nacional ponga fin a ese tipo de programas?

-Creer que la marginalidad y la delincuencia se explican básicamente por razones económicas ha sido muy típico de una parte de la izquierda muy fiel a la concepción materialista marxista. Esa comprensión parcial del ser humano, que llevó en última instancia a la implosión de los regímenes del socialismo real, puede hacer pensar que una persona tenga posibilidades de salir de una situación de indigencia con ese tipo de planes. Sin embargo, los códigos de convivencia son mucho más complejos y requieren abordajes más profundos. En los cinturones de miseria de Montevideo hoy no existen prácticamente familias constituidas, a diferencia de décadas atrás cuando funcionaban núcleos familiares que todavía formaban en valores a sus miembros. Ante la falta actual de esa estructura básica en las etapas iniciales del ser humano, es un error gravísimo creer que esa carencia de valores se va a suplir más adelante con planes asistenciales del Estado. Recién ahora, a raíz de una de las manifestaciones más extremas del fenómeno de la marginalidad que es la delincuencia, el país se está dando cuenta que hay una realidad que está creciendo como una bomba. Al encuentro de eso es inútil ir con subsidios como otorga el Mides.

-¿Propone eliminar las transferencias en dinero que reciben las personas comprendidas en el Plan de Equidad?

-No se pueden cortar esos subsidios porque sería crear un enfrentamiento muy violento con los sectores marginados, que de por sí se sienten excluidos socialmente. Habrá que buscar la forma de estructurar un plan totalmente diferente en base a intercambios de trabajo que signifiquen realmente un principio de transformación.

-¿Y quién estaría capacitado para llevar adelante esa labor de desarrollo social?

-El Estado uruguayo no está capacitado para encarar esos proyectos con razonables expectativas de éxito porque no tiene los valores ni la empatía ni los móviles necesarios para poder lidiar con situaciones humanas de gran sufrimiento y muy complejas de quienes se manejan con códigos totalmente diferentes y muy arraigados. Esa labor debe ser realizada por quienes tienen otras motivaciones y cuentan con experiencia en ese tipo de situaciones. En Uruguay hay varias organizaciones no gubernamentales que están haciendo una tarea encomiable para el combate a las drogas, la protección a la infancia, la construcción de viviendas, etc., pero lo hacen a una escala muy reducida por una cuestión de recursos. Sin embargo, como muchas de esas entidades tienen identificaciones religiosas, eso las excluye de toda participación en la actividad pública. Este es el resultado de la aplicación de un concepto absurdo del laicismo por parte de la sociedad uruguaya a lo largo de décadas.

Estructura de los consejos de salarios tiende hacia el desempleo y la inflación

-Durante la administración del Dr. Lacalle se suspendió la convocatoria a los consejos salariales, salvo para unos pocos sectores que funcionan con precios regulados. ¿Sería conveniente retomar esa medida si el Partido Nacional retornara al gobierno?

-Otra vez no voy a ser yo quien va a decidir qué se va a hacer. Pero la experiencia ha demostrado que la estructura de Uruguay en materia de consejos de salarios, que se remonta a una ley de 1943, tiene una inercia incorporada que tiende hacia el desempleo y la inflación. Esto se debe a la rigidez del sistema en cuanto a la ubicación de las empresas, ya que es el Estado quien determina cada categoría, donde se ubican, en muchos casos, actividades diferentes, tamaños diferentes y situaciones financieras diferentes.

-¿Qué efectos adversos genera la rigidez de la convocatoria de los consejos de salarios?

-Ese esquema provoca, primero, soluciones desajustadas para muchos empresarios. En segundo lugar, la convocatoria no tiene lugar a pedido de las partes, sino que la fija el gobierno. Entonces, cuando se reúnen los delegados sindicales y los representantes empresariales es impensable que no se solicite algún beneficio a los empleadores, con lo cual la tendencia de los resultados de los consejos de salarios apunta al encarecimiento del costo de la mano de obra. En consecuencia, las empresas empiezan por no tomar más personal y, en casos de baja del ciclo económico como el actual, pasan a despedir empleados. En definitiva, para la central sindical, la razón de ser de los consejos de salarios no es la defensa del trabajador, sino el rol político de primerísimo nivel que adquiere el Pit-Cnt con este esquema. Eso lleva al extremo absurdo que cuando se presentan problemas con los empleados públicos, el Estado llama a la central sindical para mediar entre sí mismo y sus propios funcionarios. Este es el reino del revés.

-Pero, ¿no son necesarias las negociaciones entre las empresas y los sindicatos para resolver una amplia gama de problemas que se plantean en las relaciones laborales?

-Por supuesto que sí. Las hubo durante el gobierno del Dr. Lacalle. Es totalmente falsa la historia de que la situación laboral devino en una selva de "neoesclavitud" cuando no se convocaron los consejos de salarios. Si se comparan las cifras de empleo y del porcentaje del PIB que obtuvo el trabajo, se ve claramente que fueron más altas durante la administración del Partido Nacional (1990-94) que en el actual período de gobierno.

-¿Cómo debería encarar un eventual gobierno del Dr. Lacalle sus relaciones con la central sindical?

-Tendrá que hacer el esfuerzo para mantener canales abiertos de diálogo con el Pit-Cnt como ya lo hizo hace veinte años, aunque las respuestas positivas a las ofertas del presidente Lacalle fueron muy escasas. Sin duda el corporativismo tanto en los sindicatos como en los gremios, ya sea de la salud, de la enseñanza, etc. es un problema muy serio en Uruguay y, posiblemente, va a ser el mayor punto de tensión durante la próxima administración cualquiera sea quien resulte vencedor en las próximas elecciones nacionales. En los últimos años, se ha producido un deterioro notorio del Parlamento y en política no existen los espacios vacíos. Desde el momento en que el actual gobierno dejó al Poder Legislativo como un mero instrumento de aprobar leyes, el espacio de poder político ha sido ocupado progresivamente por las corporaciones, que se han tomado atribuciones para co-legislar. Hoy no se puede aprobar un proyecto de ley sin haber consultado a los gremios previamente.

-En Argentina, el movimiento sindical siempre le ha colocado serios obstáculos a las administraciones no peronistas dada la identificación de los sindicatos con el justicialismo. Como en Uruguay existe una identificación similar entre el Pit-Cnt y el Frente Amplio, ¿es posible la gobernabilidad en este país con la oposición de una central sindical cada vez más poderosa?

-Sí. A pesar de mis profundas discrepancias con el Pit-Cnt, existen dos grandes diferencias entre el movimiento sindical de Argentina y el de Uruguay. Una es que aquí todavía hay un cierto respeto por las normas, aunque algo desdibujado; mientras que esa actitud se perdió hace mucho tiempo en el vecino país. La otra diferencia es que el Pit-Cnt, más allá de lo mucho que tiene de criticable, no es corrupto y eso no es poca cosa.