Un pedido difícil de contemplar

JORGE CAUMONT

Numerosas veces la realidad económica, como sucede particularmente en el caso del funcionamiento de un mercado, se aparta significativamente de lo que puede ser deseado por una o muchas personas. Todos o muchos de nosotros pensamos que la inflación es un impuesto que afecta considerablemente más a quienes tienen ingresos fijos, solamente ajustables en ciertas ocasiones. Debido a ese reflejo impositivo de los aumentos de precios sobre nuestro ingreso es que nos desvela encontrar las medidas que deberían tomarse para evitar que el poder de compra de quienes tienen ingresos fijos se deteriore. Las propuestas de cuáles deben ser esas medidas no siempre son las más convenientes y tampoco siempre quienes las propugnan, no obstante tener notoria influencia sobre la opinión pública, conocen el funcionamiento de un mercado. Confunden mercados competitivos con mercados monopólicos u oligopólicos, casos en los que la actitud de los participantes -empresarios productores y consumidores- cada uno de ellos buscando su propia conveniencia, es diferente.

MERCADOS. En uno monopólico -caso del de los combustibles-, somos todos los uruguayos consumidores y hay un solo productor. En un mercado en competencia -por ejemplo el de las frutas o el de las verduras-, son muchos los demandantes y los oferentes. El monopolista tiene la capacidad de determinar, a través de la oferta que realiza al mercado, el precio que desee cobrar para maximizar su beneficio a costa, obviamente, de los consumidores. Cuando es tolerado por las autoridades de un país, mediante la prohibición del ingreso de competidores a ese mercado, es un "explotador" de los consumidores y de los recursos de una nación, pues usa generalmente menos de ellos -servicios de trabajadores por ejemplo-, que los que se usan en otros tipos de mercados. En el mercado competitivo el precio resulta de la interacción de los oferentes y de los demandantes y sobre él ni los primeros ni los segundos pueden influir. Es el precio justo en todo sentido. Se ha probado hasta el cansancio y ya no hay más espacio para discutirlo, que es el que determina el equilibrio para el que se maximiza el bienestar social. Y es así pues provoca la situación de mayor ganancia de los consumidores frente a la normal de la economía para los productores dadas esas condiciones de competencia de oferentes y de demandantes. Si un vendedor o productor deseara vender a un precio mayor para tener un mayor beneficio a costa de los consumidores, no podrá hacerlo en la medida en que sus competidores -ávidos de vender más a un precio mayor- y el comportamiento de los propios consumidores -ávidos de consumir a un precio menor- se lo impedirían. Los productores y/o vendedores tratarían de vender más al precio mayor, pero los consumidores a comprar menos a un precio superior, y ello forzaría un excedente de oferta que haría bajar los precios instantáneamente. Al menos esa es la regla teórica construida a partir de lo que nos enseña la realidad de los mercados en competencia.

CONTROL SOCIAL. He intentado conseguir una definición de lo que quienes desconocen esa regla, han propuesto en nuestro país: el control social de los precios en algunos mercados. Algo que aunque no fuera común hasta hace relativamente poco tiempo, se ha vuelto ahora, prácticamente, la medida oficial para el abatimiento de algunos precios. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), tan lógicamente preocupada por la inflación y por el incremento de los precios de algunos productos de alto consumo, y tan equivocada por las soluciones que maneja, ha señalado en reiteradas oportunidades, que una medida para frenar los precios es el control social de ellos. Hace unos días, un dirigente del PIT-CNT consultado por El País sobre qué le pediría al nuevo Ministro de Economía, respondió que le solicitaría que generara "un sistema de control de precios social pero con políticas desde el Estado que no permitan una especulación empresarial".

No encuentro ni en la literatura económica ni en general entre las prácticas usadas para el abatimiento de ciertos precios, una definición de "control de precios social". Tal vez sea fijar precios coercitivamente -o simplemente fijarlos-, por parte del gobierno o, quizás, formalizar acuerdos de precios entre el gobierno y productores de un determinado producto, como los que se han desarrollado sin éxito permanente, desde hace ya algunos meses. Si esas fueran las características del control social de precios, no es la práctica más eficaz para mitigar las subas. A mi juicio no hay otra forma de control social que no sea permitir la mayor competencia entre oferentes y demandantes en cada mercado. El control de precios en un mercado por parte del gobierno en la versión OPP y PIT-CNT, tiene sin embargo, un especial atractivo político, en particular cuando se le agrega que los aumentos resultan de la "especulación empresarial".

Si lo que eleva un precio es realmente la especulación empresarial -entendida aquí no en su verdadera acepción sino como la intención de un empresario de ganar más a costa de los consumidores-, no hay mejor forma de combatirla que permitir la mayor competencia posible. Si el mercado ya es competitivo, esa especulación empresarial es una acción que difícilmente sea concertada entre todos los productores, pues como bien nos indica la realidad -y la teoría-, es difícil que en competencia y en particular en mercados de productos de alto consumo, haya acuerdos duraderos entre los productores o importadores que venden en ese mercado. Si algún productor o empresario decidiera especular con un precio mayor esperando ganar más, seguramente perdería pues enfrentaría una fuerte caída de sus ventas, sus competidores abastecerían a los consumidores a precios menores, habría más competencia y los propios consumidores se encargarían de, consumiendo menos, abatir el precio desmedido.

Si el mercado no fuera competitivo, si se tratara, por ejemplo, de uno monopólico u oligopólico, entonces la solución tampoco va por el lado de la fijación del precio como expresión de control social, para llegar al "precio justo". Lo conveniente en estos casos es ir por otra avenida, la de permitir una mayor oferta abriendo lo más posible la economía al resto del mundo para que ingresen competidores del exterior.

Si el "control social" fuera la fijación de un precio por debajo del vigente en competencia de productores y también de consumidores por adquirir un producto, sus derivaciones son muy conocidas. Si el precio se fija por debajo del precio que libremente se determinaría en el mercado, la cantidad demandada por los consumidores aumentaría y la ofrecida por el productor disminuiría, generando una brecha de exceso de cantidad demandada sobre la ofrecida que, inexorablemente haría subir al precio sea en el propio mercado -si la fijación no es coercitiva- o en otro al margen, un mercado negro en el que el precio a pagar también sería mayor. O alternativamente, otro corolario sería la sustitución del producto inicial por otro de menor calidad o de constitución diferente.

Cuando un mercado funciona en competencia de productores y consumidores, de oferentes y demandantes, es inútil intentar frenar un aumento de precio con un "control social" que no sea la propia interacción de esos agentes, ya que el aumento puede deberse a diversas circunstancias: escasez del producto, aumento de los costos del productor, mayor demanda de los consumidores por aumento de su ingreso, mayor demanda externa, mayor precio en el exterior, etc. Y entonces, si alguna de esas circunstancias u otras de naturaleza similar, son las que generan el aumento, ni la persuasión moral, ni los acuerdos de precios entre el gobierno y los productores, ni la fijación ni los controles del gobierno, serán efectivos de manera permanente.

PERSISTENCIA. El control social de precios es tan ineficaz para lograr los objetivos que se desean que es curioso que se insista con una propuesta de ese tipo. Y lo peor de esa persistente actitud de actores relevantes en el quehacer económico nacional, es que toleran por otro lado, el funcionamiento de mercados de naturaleza monopólica, con prohibiciones expresas en las normas jurídicas, en los que sí, la discrecionalidad empresarial es absoluta y la "explotación de consumidores y de recursos" no menos decepcionante. El pedido del dirigente sindical será difícil de contemplar por el Ministro entrante.