JULIO PREVE FOLLE

Los que creemos que la política aunque no es el único, es un buen instrumento para mejorar la justicia social, no dejamos de sorprendernos cuando en nombre de ésta se cometen todo tipo de atropellos contra la libertad individual o el propio Estado de Derecho. Otra vez hay que recordar que el fin no justifica los medios. Éstos, aún intentando mejorar la justicia, pueden ser intrínsecamente injustos o comprobadamente ineficaces. De los dos tipos de medios hay en esta lucha de una parte del gobierno contra el IPC.

Intentaré explicar a continuación por qué esta batalla emprendida por el gobierno contra el precio de algunos alimentos, no tiene nada que ver con cuidar por una razón de justicia la suerte de los más débiles. Veamos.

RAZONES ECONÓMICAS. Me llama la atención que con una inflación acelerando, que ya empezó a comerse mejoras salariales, se pueda alentarla y simultáneamente exhibir preocupación por los precios de los alimentos. Es incoherente y engañoso. Ya señaló el MEF que el incremento del gasto no había que mirarlo en una perspectiva económica sino ideológica, como su compromiso con los débiles. Y bien, según parece, el financiamiento del gasto se está convirtiendo en un impuesto a los titulares de ingresos fijos, jubilados y trabajadores. Así por ejemplo, otorgar más presupuesto -cientos de millones de pesos- a la Universidad, tiene más que ver con la suerte de la alimentación de los pobres, que "pesadear" a los empresarios para que encuentren un precio de algún descarte para los pobres. Y tampoco se puede por un lado alentar cualquier arreglo salarial, y por otro pretender que se cuiden los precios de los alimentos. No es consistente. De manera que propiciar rebajas en alimentos metiendo la "comisión de cultura", y a la vez alentar la inflación con más gasto, con arreglos salariales sin límites, es tan incoherente como injusto.

RAZONES PRODUCTIVAS. Hay algunos rubros en los que anunciar acuerdos es una tomadura de pelo, porque se trata de productos encarecidos por las propias políticas oficiales. Se trata de los que desde hace muchos años denuncio como aquellos en los que el dolor de Doña Ramona y Don Fermín financia a algunos pocos. Por ejemplo, anunciar un acuerdo para beneficiar al consumidor en el precio del azúcar, cuando tenemos un arancel de 35% es demasiado fuerte. Véase también lo que ocurre con las frutas y verduras, encarecidas por restricciones comerciales, tributarias y no arancelarias; afirmar que se tiene preocupación por la justicia y continuar con estas medidas es falluto. Hay incluso un decreto del 17 de junio, que es una joya jurídica, por el cual se establece un procedimiento simplificado para lograr certificados sanitarios de importación, pero sólo por un tiempo, luego del cual se vuelve a trabar las importaciones con razones sanitarias…

Sigue el tema del IVA en esas importaciones, un arancel disfrazado que se anuncia se lo suspendería para algunos rubros. Y podríamos seguir con el vino, cuyas importaciones están prohibidas justo en los de precios populares. O la cerveza, con doble Imesi si viene de fuera. O el aceite, con una combinación de derechos específicos y antidumping anteriores a las retenciones argentinas. O la harina, protegida para beneficio de unos pocos. O el pollo, cuya importación sigue prohibida por falsas razones sanitarias.

Anunciar acuerdos en arroz, carne, azúcar, fideos, es totalmente incoherente para un gobierno que no deja de encarecer los pollos, el vino, el azúcar, el aceite, la harina, la papa, la cebolla, el ajo, las bananas, los zapatos, la ropa, el gas oil. Y no debe olvidarse que aplicar la "comisión de cultura" a rubros dinámicos conduce más temprano que tarde a una caída en su producción. Es obvio que si el negocio pasa a depender de voluntades políticas patoteras, el empresario se cuidará muy bien de invertir en rubros particularmente sensibles. Sólo la convicción de que al final el gobierno -al menos el ala más vetusta- no podrá concretar amenazas, hace posible continuar produciendo.

LA "COMISIóN DE CULTURA". Un legendario dirigente de fútbol me contó una vez que cuando algún jugador daba problemas, le mandaban la visita de la comisión de cultura. Cuando pregunté con ingenuidad quién la integraba, me contestó que el Tito Votta -campeón de boxeo- y sus muchachos. El gobierno procede igual. No teniendo de su lado el derecho, apela a la patota, la presión sobre los empresarios, atemorizados por amenazas de intervenciones que el gobierno en mi opinión no tiene posibilidad alguna de implementar. La más temida es la de aplicar detracciones, que dentro del oficialismo cuentan con fervorosos partidarios. Estaría bueno que el gobierno tuviera que salir a fundamentar la aplicación de detracciones, porque como están prohibidas por ley, la discusión debería darse en el Parlamento. No me parece posible que pudieran aplicarse, se trata de amenazas equivalentes a la del cuco.

Pero, además, lo que no se puede perder de vista es que la propia OPP ha salido públicamente a defender el uso de la presión, lo que no puede tomarse como otra cosa que un abuso de poder, un atropello al derecho que llama más la atención que se haga público. Ya no se gobierna con decretos, leyes, etc., sino que hay que incluir entre los mecanismos de acción sobre el mercado, la comisión de cultura de OPP. Es una vergüenza para el país y a la vez una lástima que se tenga tan desdibujado el reflejo jurídico, y se admita hasta por la prensa -Búsqueda, radio El Espectador- que se trata de un mecanismo que se va a utilizar porque de lo contrario podría sobrevenir a los empresarios otro peor…

En definitiva, no es verdad que el gobierno se preocupa por la inflación a la que promueve, sino de algunos precios, solo algunos, que pegan en el IPC. Por otra parte, mantiene altos otros precios de bienes de primera necesidad cuyo valor elevado sólo de él depende reducirlo. Y utiliza mecanismos de presión que no son propios de un estado democrático. Es más. Anuncia el "control social" de los precios, el que se realiza normalmente en el mercado, pero a partir de denuncias gremiales, lo que es corporativismo puro. Y finalmente se anima a declarar que si algún empresario no obedece, se lo llama por teléfono… Vamos bien, ¿no?