JULIO PREVE FOLLE

El 29 de febrero se dio a conocer un curioso decreto -el 130/008- patrocinado por el MGAP que, además de establecer una injusticia, se aleja de la legalidad varios kilómetros ya que crea un nuevo impuesto sin ley. Esto último, proveniente de un ministerio que ha reconocido públicamente que detiene exportaciones de trigo, de pollo, o de frutas y verduras sin norma que lo habilite, no debería llamar la atención. A mí en cambio, es lo que me parece más grave.

AFÁN IGUALITARISTA. El conflicto argentino y las discusiones en torno al IRPF de los jubilados tienen mucho en común. Oficialmente en ambos casos se trata de sacarle a los de arriba, para darle a los de abajo: en un caso a los agricultores chicos, en otro a los jubilados de menos recursos. El tema está a mi juicio mal planteado y por varias razones. Una primera es el objetivo mismo de la igualación. Pretender que todos ganen más o menos lo mismo y a partir de gravar a los que ganan más, me parece la mejor forma de castrar el espíritu de superación de la sociedad.

Estoy lejos del éxito en los negocios como señal de la predestinación calvinista, que tanto influye la conducta económica de los sajones. Pero estoy probablemente más lejos del "murió pobre", como criterio de premio para una ética social de garabato. Morir pobre, ser pequeño productor o modesto jubilado, no es en sí mismo un criterio de bondad especial. Y no cualquier medio puede ser utilizado para solucionar estos temas, cuando tienen solución, que no siempre la tienen. Una sociedad en la que se mata la heterogeneidad económica como aliento de progreso, es una sociedad en la que no vale la pena vivir, ni trabajar, ni querer progresar.

El otro error es pretender que la suerte de los jubilados pobres la mejoren los jubilados ricos; o que la de los agricultores chicos la mejoren los sojeros grandes. O, y aquí llego al decreto de febrero, que sean los tamberos los encargados de resolver un problema en el precio de la leche al público. No es justo que sea así.

ILEGALIDAD. El nuevo impuesto surge de la actual política lechera que, habiendo liberado la fijación del precio al productor por parte de las industrias, mantiene no obstante fijo el precio de la leche al público al que aquéllas venden la leche pasteurizada. Como el gobierno quiere mantener un precio al consumo que no recoja los movimientos que en el mundo han experimentado los lácteos, resolvió una curiosa solución, consistente en obligar a los tamberos a solucionar la cuenta de los consumidores. Y lo hizo de la peor manera. En primer lugar porque no es justo que todos los tamberos carguen con el peso de subsidiar el precio de la leche a todos los consumidores, los de Carrasco y 40 Semanas, los de La Paloma y el barrio Maracaná. Pero en segundo lugar porque como mencioné, se lo hizo a través de lo que podríamos llamar como mínimo una travesura jurídica. ¿Cómo se la armó? En el decreto que fija el precio de la leche al público 130/08, se establece un curioso artículo, el 4º, que "autoriza a los ministerios (véase el carácter facultativo), a convenir con las empresas industrializadoras… la realización por parte de éstas de un aporte equivalente a 0,06 pesos por litro de leche recibida en planta, destinado a subsidiar la leche al consumidor de leche pasteurizada". Se trata de una autorización para acordar, nunca de una obligación de las industrias, porque eso sería propiamente un impuesto para financiar un subsidio, tema de obvia necesidad de intervención legal. Para eludirla se habla de una curiosa facultad genérica de armar convenios. Claro está, como las empresas no tienen ninguna obligación de abastecer al mercado interno al precio que les fijan, podría ocurrir que no lo hicieran, o que no estuvieran dispuestas a pagar un impuesto por no hacerlo. Para eso aparece el artículo 6 que sin tapujos encomienda al MGAP la fiscalización de la obligación referida. Incluso recuerda como facultad legal de sancionar al incumplidor, algunos artículos de la ley 18.242, que no tienen absolutamente nada que ver con la creación de este impuesto: el 31 que refiere a la obligación de velar por el abastecimiento de leche (nada dice sobre el precio), el 33, que refiere al derecho de las plantas de participar en el abasto de leche (no de una obligación de hacerlo), o el 42 que refiere a la facultad de sancionar incumplimientos de la ley de lechería que nada tienen que ver con la creación de este tributo y su destino, el subsidio de la leche al público.

QUE HABRÍA QUE HACER. Primero, respetar la legalidad. No se puede inventar un impuesto por decreto y disfrazarlo de aporte voluntario a un fondo. Segundo, respetar la justicia. No hay derecho, no lo hay, de obligar a los tamberos a pagarle la leche a todos los ciudadanos, lo precisen o no. Se podrá decir frente a esto que hasta hace muy poco eran los ciudadanos los que subsidiaban al tambero a través del precio de la cuota y también es cierto, pero no se puede razonar así, porque nunca el mal puede usarse como fundamento para seguir haciendo el mal. Tercero, derogar el decreto eliminando un tributo éticamente injusto, porque no es legítima la autoridad que lo dispone, y porque no se emparenta con el bien común, ya que ayudar a los que no lo precisan no puede ser un objetivo de bien común. Como ya lo mencioné en otras ocasiones, si se resolvió ayudar a los consumidores esto debió realizarse por ley y con cargo a la sociedad, no a los tamberos, y menos tocando precios que constituyen la señal para la producción, la inversión y la asignación de recursos. Es más; si esto se extiende se estarán propiciando otros rubros exitosos que también compiten por la tierra con el tambo, y nadie les inventó hasta ahora un impuesto, aunque el mal ejemplo del otro lado del río podría cundir. Y por supuesto habría que destinar ese subsidio no a todos los consumidores, sino a algunos con arreglo a algún criterio de equidad y no al barrer.

El estallido argentino de hoy comenzó con modestas detracciones que, aplicadas en una emergencia, se defendieron como transitorias. Hoy son una forma no solo de subsidiar a los industriales, al consumo, de recaudar de modo centralizado, sino de dividir a la sociedad. Tocar precios para establecer transferencias intersectoriales es como decía antaño aquella canción referida a cierto tipo de celebraciones: "fiesta brava, fiesta brava, se sabe como empieza, no como acaba…".