Financiando el IRPF de pasividades

ISAAC ALFIE

Finalmente la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió el fallo sobre la constitucionalidad del IRPF a las pasividades encontrándolo contrario a nuestra carta magna. No es mi propósito comentar el dictamen ya que no tendría argumentos para ello, apenas tendré opinión, y que ni siquiera viene al caso. Claro está que lo estrecho de la votación, 3 a 2, da cuenta de lo difícil y controvertido del caso.

A partir de la citada resolución se han sucedido todo tipo de especulaciones respecto a los efectos económicos, mejor dicho financieros, sobre las arcas del Estado y las posibilidades que éste tendría de sustituir ese dinero.

En otra "dimensión", desde el gobierno se ha practicado una suerte de peligroso terrorismo tanto sobre la SCJ con acusaciones, amenazas veladas y no tanto, como sobre la sociedad en general contraponiendo la supuesta posición social de los beneficiarios con el resto de la población, falseando cifras o mostrando las mismas de forma parcial y sesgada, todo lo cual hace mucho daño al Estado de Derecho. La Constitución y las leyes se aplican a todos los habitantes de una nación, con independencia de su posición, talento o fortuna. Fomentar el odio y el resentimiento es propio de totalitarios que no aceptan el disenso y sólo conduce a la violencia y el totalitarismo. En el mismo sentido, en esta misma columna hace aproximadamente un mes señalaba que, a menos que la inflación y el crecimiento vuelvan a ser significativamente más altos que los previstos y, dado el aumento de gasto proyectado, si el gobierno aspiraba a no tener una situación fiscal deficitaria de consideración en medio de la bonanza, no tenía margen para reducir el IRPF; apenas podía mostrar una señal o gesto de buena voluntad. Por tanto, las autoridades nunca podrían estar pensando en reducir el IVA o aumentar significativamente las pasividades más bajas, como se ha expresado, con el propósito de enfrentar a la población con el fallo adverso.

Volviendo a las finanzas, como lo he hecho otras veces (1), voy a expresar las cifras en relación al PIB, ya que medirlas en dólares resulta, a esta altura de los acontecimientos, una manera demasiado imprecisa de saber las magnitudes relativas. Téngase presente que en el año cerrado a marzo la cotización del dólar frente al peso cayó 16%, lo que implica por este solo efecto un aumento del 19% del producto medido en dólares al que, además, hay que adicionarle la suma del aumento interno de precios y el crecimiento real.

Según las cifras que maneja la prensa citando fuentes del MEF, la cuantía de los recursos en cuestión sería del orden del 0,4% del PIB por año, en línea con las estimaciones de la Comisión de Economía y Finanzas del Partido Colorado, que presenté en sala cuando la discusión del tributo, muy por encima del 0,25% que calculaba y defendía el gobierno en aquella ocasión.

FINANCIAMIENTO. Al elaborar el presupuesto de gastos naturalmente se piensa en cómo se financia y para ello, en general, se es conservador a efectos de evitar, en la medida de lo posible, sorpresas desagradables. No fue el caso del presupuesto vigente donde la dosis de optimismo en materia de crecimiento de la actividad fue realmente importante. La fortuna acompañó al país y el crecimiento económico ha sido bastante superior al esperado. Al igual que en cualquier empresa en que si se vende más habrá más ingresos y, bajo condiciones normales, mayores utilidades, el Estado recauda más si la economía crece más. Grosso modo se puede decir que por cada peso de aumento del nivel de actividad el Estado se queda con 25 centésimos (25%), que constituyen los ingresos atados al nivel de actividad (DGI, BPS, Aduana, Recursos de Libre Disponibilidad). Por tanto, si el producto en el presente año creciera 5,8% como indica la encuesta de expectativas del BCU, esto daría recursos equivalentes a 1,45% del PIB del año anterior, donde 0,4% es poco más de la cuarta parte (2). Esto implica que basta con los recursos fiscales que proporciona el crecimiento de poco más de un trimestre para que, sin aumentar pero también sin reducir el gasto real, se financie la caída del tributo sin ningún tipo de inconvenientes. Es decir, dejar de aumentar el gasto durante apenas la tercera parte de un año alcanza y sobra. No parece nada difícil. La fortuna deriva de disfrutar de tasas elevadas de crecimiento de la actividad. Bajo otras circunstancias de evolución y entorno, las dificultades habrían sido importantes.

El planteo no debiera ser sorpresivo, de hecho, fue de esa la manera que se financió la rebaja de impuestos en el 2004. En efecto, en aquel entonces la reducción contabilizó aproximadamente 1,5% del producto eliminando el Cofis a los servicios públicos básicos y el ITEL de llamadas de larga distancia, reduciendo la aportación de seguridad social en la construcción y eliminando todos los adicionales de impuesto a las comisiones, renta de las empresas e IRP. En este último caso, incluso se fue más allá de los adicionales y se derogó para los salarios y jubilaciones de menor cuantía el impuesto básico histórico que rigió desde fines la década del sesenta, con una breve interrupción en la segunda mitad de los setenta, más otros ajustes menores.

Entre fines de 2002 y comienzos de 2005, (nueve trimestres), las cifras muestran que el gasto primario real (sin intereses) del sector público no financiero cayó 5%, mientras el PIB se expandía 26% a la vez que el déficit total se reducía de 5% a 1,4% del producto y los impuestos otro 1,5%. Es decir que la mejora del nivel de actividad generó recursos que posibilitaron bajar fuertemente los impuestos a la vez de reducir a menos del 30% el déficit fiscal. La suma de ambos factores (3,6% de reducción de déficit y 1,5% de baja de impuestos) da 5,1% de mejora global. Efectivamente la cifra "calza" casi a la perfección con el cálculo teórico previo. En efecto, sobre el PIB de base, un 26% de crecimiento representaba aproximadamente 5,2% de mejora en el resultado de fin del período (100*0,26*0,25/126). Son esta clase de "maravillas" las que permite el crecimiento, mucho más si este es significativo.

El comportamiento descrito, dadas las actuales favorables circunstancias es, a mi entender, la manera más fácil y adecuada de enfrentar la caída de ingresos para cualquier gobierno. Seguramente sea el ideal de un gobernante enfrentarse a pérdidas de ingresos en escenarios alentadores. De todas maneras, es claro que es lo contrario a lo que realiza la actual administración. Es así que en once trimestres de gobierno el PIB creció aproximadamente 23%, al tiempo que el déficit pasó de 1.4% al equilibrio, la carga de intereses disminuyó de 5,7% a 3,7% (cotización del dólar mediante) y los ingresos crecieron en 0,7% sobre el mismo indicador producto del aumento de impuestos, lo que implica que el gasto primario creció no sólo en términos reales sino significativamente en relación al producto.

ALTERNATIVAS. Si las autoridades desean seguir en esta carrera de dilapidación del dinero de los ciudadanos con aumentos inexplicables del gasto público, muy por encima de lo lógico, en el corto plazo el Poder Ejecutivo tiene otra alternativa también al alcance de la mano. Desde esta misma columna he estimado, en base a la información disponible, los saldos de dinero que el gobierno dispone en reservas por fuera de las expuestas en el BCU y que superarían los US$ 1.000 millones, básicamente producto de contratación de endeudamiento muy por encima de las necesidades de financiamiento. Con este volumen de reservas y aliviado de vencimientos por el período que resta de gobierno, las cifras de pérdida de recaudación no complican y perfectamente se podrán solventar los aumentos de gastos previstos sin recurrir a nuevo endeudamiento. Como el lector advertirá esta opción es de todas maneras de vida corta y formaría parte de la herencia a la próxima administración. Si el escenario económico se complica, el déficit fiscal aumentará y sobrellevar la situación sin ajustes ni emisión de nueva deuda dependerá del tiempo que dure y el tamaño del déficit.

Por último, si se quisiera se podría dar marcha atrás en la enorme cantidad de cargos creados a lo largo de estos tres años, muchos de ellos de particular confianza -personal o política- que sin duda le aportará más del 50% de la recaudación perdida.

Entonces, afortunadamente, en la actualidad la pérdida de recaudación no representa ningún problema serio en las finanzas públicas.