Por qué insistir con la colonización

JULIO PREVE FOLLE

La prensa informó que legisladores del gobierno quieren recrear un impuesto para dotar de recursos al Instituto Nacional de Colonización (INC), lo que siempre queda políticamente bien.

UNA MALA LEY. La Nº 11.029 de enero de 1948. Desde que tengo memoria vengo escuchando que la ley de creación del INC es extraordinaria, que supone una reforma agraria perfecta y en paz, que prevé todo lo que hay que prever, pero que nunca se aplicó integralmente por falta de voluntad política. Frente a esto quiero postular que una ley que en 60 años no se ha podido aplicar en su totalidad es finalmente una mala ley, que solo puede considerarse adecuada desde un positivismo filosófico muy exagerado. Una ley no puede ser buena pero inaplicable, es ésta una contradictio in terminis. Ha sido sin duda una mala ley.

Veamos por otra parte algunos números tomados del sitio web del INC. Desde 1905 hasta 1947 las hectáreas colonizadas fueron 221.000, es decir 5.260 en promedio por año. Desde la creación del INC fueron 334.000, 5.500 por año, o sea ninguna diferencia. El período en el que por muy lejos se colonizaron más hectáreas por año fue durante el gobierno de Pacheco y la primera parte del período militar, entre 1969 y 1978, cuando por año se colonizaron 15.508 hectáreas. En la actualidad, habiéndose colonizado en cien años 509.000 hectáreas, permanecen vinculadas al INC 244.000.

Puedo entender la colonización solo en dos casos. Uno es el que se registra por ejemplo en Paraguay o Brasil; deriva de la necesidad de ir distribuyendo tierras que ni siquiera están catastradas, que no tienen un propietario claro o simplemente son públicas; "realengas" diríamos en lenguaje viejo. Se amplía de este modo la frontera productiva del país, llevando gente a lugares inexplorados, selva, monte, bañados, etc. Es propiamente un propósito colonizador. Un segundo caso que conozco es la colonización que podríamos llamar "geopolítica". Se trata de ocupar territorio, de ejercer soberanía sobre él cuando la misma puede estar amenazada. Es el caso del establecimiento de colonias estables en zonas de límites discutidos entre países, y que vacías se hacen más atractivas para un potencial invasor: en Israel, en el norte de Chile, algunos menonitas en Paraguay, etc.

Pero en Uruguay hoy, donde no existen tierras realengas, ni tampoco quizás amenazas de invasión, la colonización no es más que un reparto de tierras injusto y frecuentemente politiquero. Por otra parte me cuesta entender que, además, a esos colonos haya que darles un tratamiento especial en sus obligaciones. Y por cierto nada demuestra que se pueda producir más en fracciones pequeñas sino al revés.

INJUSTICIA SOCIAL. Repartir tierra a productores, solo por el hecho de que desean trabajarlas, me parece una injusticia social. Supongamos que se expropian 10.000 hectáreas de tierra, que hoy no suponen menos de 20 millones de dólares, y que se entregan a productores en unidades de 250 hectáreas, es decir 40 productores. ¿Se puede sostener razonablemente que es justo destinar 20 millones de dólares del presupuesto nacional, para regalárselo o prestárselo a 40 ciudadanos, solo porque quieren trabajar la tierra y son buena gente? Me parece que con facilidad encontraríamos otros destinos de mayor urgencia social para utilizar ese dinero. Y este tipo de análisis debe estar en la base del fracaso de la ley, en cierto modo lógico. Querer ser productor o haberlo sido, no parece un motivo suficiente como para que una sociedad necesitada atienda su reclamo. Más aún, cuando además de tierra suele ser necesario darles infraestructura, maquinarias, capital de trabajo, etc.

Existe otro problema que es el de los crónicos atrasos de los colonos con sus pagos, algo en lo que quizás no tienen tanta culpa. En efecto, muchas veces por razones políticas se subdividieron las colonias para dar lugar a más gente pero poniendo en peligro la lógica económica de cada fracción. Pero tampoco me explico cuál sería la razón en términos de justicia, para aceptar que algunos uruguayos puedan pagar rentas de arrendamiento menores a los valores de mercado, y otros mayores. No veo siempre una justificación.

SOLUCIONES. No tengo dudas que la mayor contribución al acceso a la tierra de los últimos años ha sido la ley de arrendamientos rurales convenientemente reformada en 1990, cuando restableció la libre contratación, que eliminó el miedo de los titulares de que alguien se le quedara en el campo 10 años. Y a corto plazo confío en las formas societarias de asociación de capital en fideicomisos y sociedades abiertas. Obvio es decir que ambas modalidades se encuentran amenazadas desde la misma vejez conceptual con que se piden fondos para el INC donde trabajan 187 funcionarios. Por otra parte, si las 240.000 hectáreas pagaran en promedio 50 dólares de renta que es algo muy modesto, eso sería suficiente para comprar tierras por 12 millones de dólares anuales, que no es poco. Claro que estos no son los números.

Para alcanzar algún objetivo social necesario en el tema de tierras, a mí me alcanza con el instituto de la expropiación contenido en la Constitución. Podría expropiarse un predio siempre por razones de interés general y entregarlo a cualquier institución pública o privada para su administración. No veo la necesidad de un ente autónomo hoy.

POBREZA REPRODUCIDA. Finalmente, en lo que el INC llama su "plan político", algo así como su política de tierras que es discutible pueda tener una propia, prioriza para las asignaciones futuras de campos, a los trabajadores por debajo de la línea de pobreza, a los productores endeudados o con poca tierra, o a los colonos que no salen adelante, en ese orden. Si se le va a dar tierra a los pobres y desocupados, a los endeudados o a los que tienen poca tierra, se va a reproducir un problema social que seguirá absorbiendo recursos públicos. No es ésta la solución para ese tipo de problemas.

Me apresuro a señalar que tal como han sido las cosas desde su origen, va a ser necesario seguir atendiendo con recursos públicos a los colonos de hoy. Pero de tal forma que, cuanto antes convertidos en propietarios -pagando- o arrendatarios buenos pagadores, se desteten del INC. Y que los problemas de escala se resuelvan -no siempre tienen solución- con mecanismos conocidos como asociaciones, préstamos, hipotecas, fideicomisos, etc., que no necesitan ni fondos públicos ni un ente autónomo. Y que éste, además de administrar bien lo que tiene, que seguramente lo hará porque lo integra gente capaz, siga acaso reclamando las tierras en manos de organismos públicos, que las hay; medio escondidas pero las hay.