Preocupación social hemipléjica

JULIO PREVE FOLLE

En los últimos años las autoridades se han referido a las acciones sociales del gobierno, como si prácticamente hubieran comenzado con esta administración. Dicho sea al pasar, aunque se llegaran a satisfacer todas las deficiencias físicas más perentorias de las personas -alimentación, vivienda, salud, etc.-, nunca podrán resolverse las carencias morales que experimenta tanta gente y que influyen mucho más en la convivencia democrática. Y mientras que las primeras admiten una programación estatal, las segundas atañen a la esfera íntima de cada uno, a la educación y difusión de valores que poco pueden provenir del Estado. Hecha la digresión, es bueno recordar que el Uruguay ha alcanzado lugares muy preponderantes de desarrollo humano a escala mundial, ni hablar a escala americana, mucho antes de 2005. Ojalá siga en ese camino, que obviamente no es nuevo.

"PROBLEMAS" NUEVOS. Lo que sí es absolutamente novedoso es la escalada a nivel mundial de todos los precios de los productos agropecuarios y con ellos el de la tierra. Solo para dar una idea menciono algunos ejemplos. La carne se exporta hoy en promedio a 3.100 dólares la tonelada, y valía 2.000 en enero del 2007. La leche en polvo que se ha vendido a 4.000 dólares la tonelada, y que llegó en el mundo a 6.000, hace pocos años valía 2.000, y no hace tanto, tal vez quince años, menos de 1.000. El trigo, que vale 400 dólares, se exportaba normalmente a valores de 160, y aún me acuerdo de una catástrofe en 1990 cuando llegó a 60. El maíz y el sorgo, a 220 y 200 dólares la tonelada hoy, valían hace muy poco menos de 100. La soja bate récords a 450 dólares la tonelada, el doble de lo que valía por ejemplo en enero del 2007. Finalmente el arroz, que tardíamente empezó a subir, ya está en valores que aunque todavía son muy recientes, llegan al equivalente a 15 dólares la bolsa de arroz cáscara, precio récord (9,1 y 8,26 los dos últimos años).

Lo primero que cabe señalar es que estos no son problemas. Se trata de lo más parecido a haberse sacado la lotería. Nuestro país, vocacionalmente agro exportador, coloca sus productos, todos y simultáneamente, a valores récord, en una combinación de episodios nunca antes ocurridos. No se trata de un problema sino de una gran noticia. Los que se asustan con este tema jamás pensaron en un país agro exportador. Los agrocombustibles, la escasez de tierra en el mundo, la demanda de China, la ausencia casi total de stocks en Europa, el fin de los subsidios, se trata siempre y en todo de buenas noticias.

Claro está que el gobierno se asusta por el crecimiento del precio interno que suponen en sus derivados, muchos de ellos vinculados al consumo alimenticio básico. No se trata de nada que no se pudiera prever. Que el aumento de los precios de exportación se dirigiera directamente a los productores para alentarlos así a producir más, es un objetivo de política buscado desde hace bastante. Es más; si en la década del noventa no se hubieran eliminado una serie de regulaciones bárbaras, el gobierno no tendría tanto problemas hoy. Si hubiera stock regulador, si para exportar carne o granos hubiera que pedir permiso; si al exportar se aplicaran detracciones; si estuviera prohibida la exportación de materias primas; si todo esto estuviera vigente, el agro no crecería igual que durante sesenta años, y los precios al público del pan, del aceite y de la carne serían menores. En realidad, lo que para el gobierno es un problema, constituye la prueba más cabal del éxito de la implantación de un modelo exportador de políticas públicas abierto, desregulado, jugado a la suerte externa. Este modelo, cuya implementación sí supuso cambios muy relevantes, se puede tirar por la ventana. Paso a paso, siguiendo quizás el mal ejemplo argentino, el gobierno parece encaminarse a destruir la información de los precios externos como señal para el cálculo económico y la inversión.

SOLUCIONES VIEJAS. Ya se empezó en la leche, obligando a las industrias a retener un tributo para luego subsidiar al consumo con lo recaudado. Este modo de gobernar "metiendo la pesada", creando impuestos con destino específico sin ley, es toda una novedad. Grave, desde el punto de vista del estado de derecho, pero novedad al fin. Lo que en cambio huele a naftalina con azufre es el subsidio a todos los consumidores a cargo de algunos pocos productores. El MGAP ha anunciado que exigirá corresponsabilidad en el mercado interno a los exportadores. Es una barbaridad. Si se trata de subsidiar a los consumidores, imagino que no será a todos por igual. No creo que haya el mismo derecho a ayudar a compatriotas vulnerables y a los que no lo son. Y por otra parte, si aquél fuera un objetivo social, corresponde a los representantes de la sociedad, no a un ministerio, legislar sobre el modo de hacerlo. Lo contrario no solo es una barbaridad jurídica sino una necedad económica, capaz de llevarnos en pocos saltos al pasado intervencionista, liberticida y estancador.

No corresponde a un sector transferir recursos a todos los consumidores, como no corresponde al gobierno determinar qué es un precio "razonable" -así, entre comillas- de exportación.

INJUSTICIAS NUEVAS. Si se quiere ayudar al consumidor, lo único sensato es en primer lugar no tocar precios relativos bajo ningún concepto. Luego, adoptar medidas tributarias para ayudar a quien se quiera y por la cuantía que se desee a través de un impuesto justo. ¿Y qué es un impuesto justo? Es uno que lo es por su fin, por la autoridad que lo establece, y por la cuantía de lo gravado. El fin debe vincularse al bien común: por ejemplo si un gravamen se destina a gastar en ayudar a gente que consume leche en el Cerro y en Carrasco, en Punta del Este y en Las Láminas, es un impuesto injusto en su fin, que no se vincula en modo alguno al bien común. En cuanto a la autoridad legítima que lo establece, en nuestro derecho positivo solo puede ser a partir de la voluntad del legislador, nunca de una decisión de un ministro. Finalmente la cuantía; si el impuesto grava más a mayores ingresos, y no más a mayores sobrantes de ingresos, o sea por ejemplo si no permite deducir lo que se gasta en hijos, se trata de un impuesto cuya legitimidad moral agoniza, tal como ocurre con nuestro IRPF.

En definitiva frente a los precios récord, primero festejar. Luego, si se desea aplacar el efecto interno, ante todo no tocar precios. Y luego, a través de las autoridades que corresponda, en todo caso gravar a muchos, no a unos pocos, pero para ayudar a quienes lo necesitan y no a cualquiera. De lo contrario la preocupación social lo será de modo muy parcial. Hemipléjica, como señala el título.