Insólita ley de regulación lechera

Julio Preve Folle

El Parlamento acaba de aprobar, sin los votos del Partido Nacional en la Cámara de Diputados, la creación de otra persona de derecho público no estatal, esta vez para la lechería. Este parlamento, que ha festejado el alcance de no sé qué número de leyes aprobadas, no ha hecho más que homenajear así su condición legiferante, la que procede de creer que el bien común deriva de la sanción de leyes, cuando en general es al revés. Este es el caso de la ley de lechería aprobada a lo loco, a partir del vendaval de la mayoría absoluta; una ley con planteos ideologizados pertenecientes a la antigüedad, con mucho de voluntarismo, mucho más de intervencionismo, y muy poco de conocimiento de la economía de la producción.

La ley contiene una buena cantidad de lugares comunes, de declaración de obvios principios generales, a los que suma una nueva creación institucional con facultades de controlar e intervenir en cualquier tema. Esto último es lo más grave, no solo porque da instrumentos para destruir más libertad económica, sino porque en estos instrumentos participarán los gremios, en una muestra de corporativismo, defecto éste que agravia el reflejo democrático que muchos quizás deberían tener.

LAS TONTERÍAS. Quizás las zonceras susciten entre los que formularon o aprobaron esta nueva norma, la sensación mágica de poder ordenar por ley a la realidad convertirse en algo fantástico. De allí que figuren temas como promover el aumento de la producción, de la productividad, de las exportaciones, de la innovación, y cometidos tales como asesorar, asistir, estudiar, generar, informar, proponer, etc., todos verbos que no justifican una creación institucional como la que se plantea.

Pero hay cosas curiosas realmente. No resisto por ejemplo comentar de pasada los artículos 22 y 24 que señalan que es objetivo del Poder Ejecutivo -no de los empresarios- aumentar la producción, la industrialización, la exportación y -de Ripley- el área lechera. De tan tonto no habría ni que comentarlo, si no fuera por el peligro que, de querer llevar esto a la práctica, se podría introducir. En efecto, el aumento del área lechera solo es posible mediante la retracción del área ganadera o agrícola. Y esto solo puede ocurrir, en economías de mercado, si los precios relativos de las distintas actividades así lo señalan. Aumentar el área lechera como objetivo del Poder Ejecutivo, solo puede provenir de una mentalidad curiosa, que se cree con poder suficiente como para obligar a la realidad a cumplir una ley, a favor o en contra de la realidad económica.

Si los precios relativos son de una determinada magnitud, tal vez crezca la producción, tal vez lo haga a pura productividad, tal vez lo haga en área, pero nunca como fruto de una ley, a menos que la misma esté imaginando expropiaciones, o interferencia en los precios no solo de la lechería, sino de todas las actividades que con ella compiten por espacio. Se trata de estertores del viejo sueño de la ideología que se profesa en el Poder Ejecutivo, de fijar precios, cantidades, objetivos de producción en cantidad y localización, etc. En el fondo el sueño de los viejos planes quinquenales sigue por allí: imposible de practicar, pero igualmente incluido en lo declarativo como homenaje al pasado.

CREACIóN ERRADA. Ya he escrito mucho contra las personas de derecho público no estatal, genuina expresión de corporativismo, escape por la tangente a los controles de gasto público, mesa de tertulias inútiles, tribuna de aspirantes a cargos, caricatura de privatización, sueño de gremialistas gobernando, entrevero de juez y parte, confusión de lo público y lo privado, etc. De todo esto hay elementos en el nuevo instituto. En efecto, se entregan facultades de contralor a las corporaciones; los empresarios darán información y serán juzgados en sus proyectos por sus competidores devenidos directivos; estos opinarán y ejecutarán sobre temas de gobierno; saltearán las normas sobre funcionarios públicos -contratación, salarios- disfrutarán de un impuesto en propiedad sobre el cual podrán disponer libremente, etc. Estas creaciones, que para el Dr. Gonzalo Ramírez son inconstitucionales, al menos generan un entrevero de lo público y lo privado del cual nada bueno puede esperarse. El ministro José Mujica las había puesto en tela de juicio pero ya ha creado más. La vieja Junta de la Leche, esta sí verdaderamente asesora y totalmente honoraria, se nos aparece con toda su austeridad institucional como algo mucho más modesto y por ello mismo más digno, sin mezcolanzas. Pero no es esto tampoco lo peor.

LO PEOR. Lo peor de todo es el intervencionismo que se plantea y cómo se lo plantea. En efecto, un gobierno puede siempre, por cierto con arreglo a la ley, intervenir de diversas formas en el mercado por razones que supondrá de interés general. De manera que recoger todas las posibilidades de intervencionismo en la leche quizás no sea tan horrible. Lo espantoso es asociar todas las intervenciones que se plantean al mayor éxito del sector; esto sí es de una fenomenal ignorancia económica, a la vez que francamente dirigista si se llevara a la práctica.

Es así que este instituto, que será conducido nada menos que por diez miembros, juzgará sobre las habilitaciones de eventuales competidores de los directivos (art. 4 B); dará preferencia (art. 25) a las organizaciones cooperativas (sic), obligará a atender el mercado interno (art. 31) vaya a saber cómo y a qué precio, en lo que hay margen para pensar en sanciones para quienes legítimamente quieran exportar. De esta norma genérica que es una caja de Pandora, podrían salir penas y detracciones ya que, como lo han manifestado autoridades ministeriales, el abastecimiento está antes que la exportación. Asimismo, se crean registros y se establece la obligación de reportar precios de negocios, algo que se está instalando fuerte en nuestra sociedad. Estamos perdiendo el derecho a la reserva en el trabajo, algo absolutamente necesario y justo. Y en otro craso error económico la ley confía más (art. 36), en los mecanismos policíacos de control de transparencia -registros, declaraciones, etc.- que en la competencia, esta sí guardiana impersonal de la transparencia, respetuosa a la vez de la reserva. Claro está que nadie podía esperar otra cosa en una ley patrocinada por el gobierno dada su ideología: más policía, menos intimidad, más controles, menos iniciativa privada.

Y la ley se refiere también a la obligación de agregar valor, algo tonto, ya que ello puede convenir o no, ser posible o no, y veo en este objetivo el principio para dificultar o detener exportaciones de materia prima o de leche en polvo para procesar, en un intento de parar la competencia externa, y de argentinización de la política lechera si estas intervenciones, ahora recogidas como principio en la ley, se llevaran a la práctica. O peor aún; se podría parar la inversión extranjera en plantas de leche en polvo porque supuestamente agregan poco valor y compiten con nuestras industrias disputándoles leche…

como en el TRIGO. El Mgap una vez más cree posible, al dictado de la ideología, que puede ordenar a la producción o a los precios seguir el derrotero que le parece mejor.

Y así declarar rentable a la caña, obligar a vender barata la leche sin consecuencias, o a bajar el precio de la harina, u "organizar" la producción para que precio y cantidad se ajusten a lo que su idea determina. Ante estos pujos de un pasado no muy lejano que vuelve y no se resiste a morir, uno no puede menos que lamentar la falta de conocimiento oficial de nuestra historia económica. Una historia llena de intervenciones de este tipo, de buena voluntad y gigantesca ignorancia, ideales para un agro estancado como lo fue hasta los noventa.

En resumen, se ha legislado dando a un organismo medio público medio privado, la facultad de decidir quién puede producir, quién puede recibir beneficios, quién y a qué precio puede exportar o vender en el mercado doméstico, y también la de recoger toda la información de transacciones privadas.

Por cierto, la ley nada dice de cómo terminar con la leche cuota, cómo asegurar la competencia entre plantas por materia prima, cómo dar transparencia a los subsidios hoy vigentes, etc.

Peor aún; tal es el pánico a la competencia que en un dirigismo que huele mal, se introduce el concepto de que es mejor invertir en nuevas cuencas y que nadie toque los seudo monopolios de hoy.

En definitiva, que nadie intente competir con el statu quo de hace setenta años.

Para alcanzar una lechería mejor y más libre, capaz de repetir el proceso que el fin del intervencionismo logró en la carne y en los granos; para lograr un viento fuerte de competencia venida del exterior para desafiar a nuestras empresas; para lograr una legislación que más bien derogue normas, para todo esto habrá que seguir esperando.