JULIO PREVE FOLLE
A veces, el hecho de acostumbrarnos a situaciones indebidas termina por hacernos olvidar su injusticia inherente y, aborregados, pasamos a cumplir obligaciones que no corresponden, que agravian la libertad individual, y que además no sirven absolutamente para nada. Esta es la primera reflexión que me merece cada año la divulgación de las cifras provenientes de la declaración jurada, que anualmente deben realizar los ganaderos sobre los animales que poseen, y que pacíficamente los productores admiten como algo ahora totalmente natural. Y no lo es en absoluto.
NACE UNA OBLIGACIÓN. Durante el período cívico militar nació la Dirección Nacional de Control de Semovientes (Dinacose como se llamaba entonces), con un cometido absolutamente policíaco vinculado al control del contrabando. Eran años difíciles y justo me tocó vivirlos en plena frontera con Brasil donde hice mis primeras armas en la profesión: en la propia costa del Cuareim. Fui testigo de inspecciones con intervención del ejército, y sobre todo fui protagonista de un llenado de planillas hecho con bastante temor. Eran tiempos de control estricto. Incluso recuerdo una estancia que se llamaba si la memoria no me es infiel "La Tosca", rematada por temas de contrabando. Era el MGAP cumpliendo una función decisiva en la policía de ganado.
Con el tiempo esta obligación fue dejada de lado, advirtiéndose que el registro prolijo en planillas de control interno en todo el país de todos los movimientos de ganado, que no existe en casi ninguna otra actividad, era algo molesto y absurdo. Esto dicho porque hay un principio básico de gestión pública que debería respetarse por la propia dignidad del Estado: no debe imponerse una obligación que el Estado no puede controlar. Y esto fue así y es así. La concordancia entre lo declarado y la realidad dependía en su momento del temor; y con el tiempo solo de la buena voluntad de los productores. En definitiva, todo el mundo sabe que si lo que declara no es la realidad, no hay ninguna posibilidad de que Dicose se entere. Esto dicho porque se trata de una unidad con la gente mejor dotada para atender público, pero con probablemente no más de dos profesionales y no muchos inspectores y administrativos. Y esto lo sabe todo el mundo. Como un paso intermedio a su eliminación completa, en el año 1993 se eliminó la exigencia de llevar planillas de contralor interno que nadie puede controlar, obligación que luego se restableció en la administración Batlle con el propósito de mal cumplir con vaya a saber qué exigencia, pero poniendo en práctica una comedia. En aquel año 1993 se había dejado una obligación severa solo en zona de frontera, y una declaración que debía ser cada vez más reducida en preguntas para el resto del país y con miras a su eliminación. Era una manea de papel más que se quería ir eliminando.
LA INFORMACIÓN. He señalado que aun sin cumplir una función válida esta oficina ha hecho cosas buenas con los datos de las declaraciones. Es así que publica información de interés. Alguno me ha preguntado si no existieran las declaraciones juradas cómo sabríamos los datos útiles que a partir de ella se difunden. La respuesta es simple. Si lo que se quiere es lograr información, el camino estadístico más correcto no es a partir de declaraciones juradas cuya concordancia con la realidad depende solo de la buena fe. Es a partir de encuestas profesionales realizadas sobre buenos marcos de muestreo como lo son los censos. Así se hace con todas las actividades económicas, agropecuarias o no: buenas encuestas anuales. Declarar bajo juramento todos, no es la forma de tener la mejor información. Y además es muy injusto porque es así solo con el ganado.
SANIDAD Y TRAZABILIDAD. Queda el tema de alguna exigencia sanitaria de los mercados. En ese caso que me cuesta aceptar, quizás me tragaría la declaración jurada. No en cambio en el tema de la trazabilidad, que siempre he defendido como un asunto privado entre quienes están dispuestos a pagar más por carne trazada, y aquellos que no les da la gana hacerlo. El gobierno optó por la trazabilidad obligatoria, y atropelló así derechos, aunque de esto deriva quizás algo bueno: esperamos que ahora sí se acaben las declaraciones juradas. Pero -siempre hay un pero- el MGAP eligió administrar el sistema obligatorio y debe dar cuenta de cómo va. En efecto, es vox populi que hay casi medio millón más de terneros que los trazados obligatoriamente.
LAS CIFRAS. Ahora sí vamos a lo que dicen las cifras. En materia de bovinos, si se quiere de un modo no muy acelerado, continúa el proceso de crecimiento de la productividad del rodeo a partir básicamente de su rejuvenecimiento general, lo que denota producciones de ciclo más corto.
Del mismo modo, las señales que vienen trasmitiendo los precios de los terneros se vienen traduciendo en un nuevo pasito hacia un stock nacional más criador. Y todo ello en un área que aunque no lo sabemos por Dicose sí lo sabemos por encuestas, que es que la superficie dedicada a la ganadería se viene achicando por las expansiones de otros rubros. Continúan creciendo ligeramente los vientres entorados, a la vez que caen las vacas de invernar a junio, faenadas más rápidamente antes de esa fecha. Caen un 10% las vaquillonas de dos años sin entorar, lo que puede significar una mayor eficiencia en el proceso criador. Y vuelve a aumentar ligeramente -récord otra vez- el número de terneros, cifra que tiene más valor no por el número absoluto sino porque vuelven a repetirse producciones de terneros de más de 2 millones y medio. También continúa cayendo, siempre moderadamente, la cantidad de novillos mayores de tres años en el stock a julio, lo que asegura la continuidad en el aumento de la faena de animales cada vez más jóvenes. Finalmente, hay que recordar que la variación de existencias no es la producción como no lo es tampoco como es obvio la faena, sino la combinación de ambas.
En cuanto a los ovinos las cifras siguen sorprendiendo quizás. El stock total vuelve a caer en 700 mil cabezas, haciéndolo especialmente las categorías especializadas en producir lana como lo son los capones. En conjunto se recoge un cierto desinterés en el rubro, con una tendencia hacia la producción de carne que a lo mejor termina por darle otro sentido positivo al rubro ovino.
En definitiva, vuelvo a reclamar la eliminación de las declaraciones juradas y más aún, la obligación de llevar planillas de contralor interno. Porque se trata de una obligación solo de los ganaderos, porque no se puede controlar su verosimilitud, y porque hay formas mejores de generar información sin perturbar el derecho a la intimidad o al anonimato al que los ciudadanos tienen derecho. También porque la trazabilidad debe ser un tema privado.
Y si hay alguna razón internacional que abona la obligación de estos controles de papel, solo de papel, quiebro una lanza para que se le señale al ganadero que se trata de una excepción a su derecho de no informar.
Y que aunque lo haga pacíficamente y desde hace mucho, cada 30 de junio deja un pedacito de su libertad y de su intimidad en manos que nadie ungió para ello.