El espíritu controlador - totalitario

ISAAC ALFIE

Los temas económicos predominantes en estos días son muchos e interesantes. Desde el nuevo giro que parece tomar el impuesto a los ingresos, llamado IRPF, pasando por el problema que ya significa el tipo de cambio, a la ¿política? monetaria para controlar la creciente inflación. Pero todos ellos son de corto plazo y reversibles con un poco de imaginación y perseverancia. Hay otros que, siendo relegados por la coyuntura cortoplacista realmente deben atenderse con mucho más cuidado, ya que sin que lo parezca, sientan bases de largo plazo y, en muchos casos atentan contra las más elementales normas de respeto a la privacidad de los individuos, a su integridad como personas libres, van en contra de lo que nuestra republicana Constitución indica, subordinando al individuo "al colectivo social" en temas realmente menores, situación que debe preocuparnos y especialmente alertarnos.

Pocos días atrás se aprobó la llamada "Reforma de la Salud", que he calificado de centralista, estatizadora y concentradora del poder. Al momento de enviar esta columna, (14 de octubre), aún no he podido analizarla a cabalidad y por ende me reservo, seguramente para la próxima, un análisis de la misma. El lector se sorprenderá de la afirmación, pero lamentablemente quienes votaron la ley en muchísimos artículos, en especial los que constituyen el corazón de la misma, no sabían qué votaban y así quedó demostrado en el tratamiento en el plenario del Senado. Si usted desconfía de mi aseveración por increíble, cosa que debiera ser así ante su gravedad, lo invito a que lea la versión taquigráfica de la sesión del martes 9 de octubre y saque sus propias conclusiones. Del proyecto de ley salido de la comisión, que suele ser la base del final con meros ajustes menores de redacción, en sustancia muy poco quedó, al tiempo que aparecían en sala nuevas normas que sustituían y se agregaban a las originales. Entonces, en pocos minutos, en medio de una anárquica sesión, se debían "estudiar" las improvisaciones surgidas de la discusión política interna del oficialismo, el que no podía contestar siquiera hacia dónde apuntaba la legislación propuesta. Flaco favor a la república, la democracia y el respeto por las Instituciones. Luego, la opinión pública denosta al Parlamento, lo tiene en baja consideración, piensa que es muy poco útil. El paso siguiente es conocido.

En esta ocasión voy a referirme a otra ley, en realidad proyecto de ley, que nuevamente bajo un buen título e inspirado a favor del bien, la justicia, la equidad y los niños, contiene disposiciones propias de regímenes totalitarios, donde el Estado, más allá de su injerencia en la vida privada, controla y verifica todo, antes de hacer nada y en lugar de brindar marcos generales, a la vez que mantener los beneficios sólo depende de que se siga siendo pobre, muy pobre. Bajo este esquema el incentivo a mejorar en la vida casi desaparece y los grupos sociales más desvalidos se vuelven dependientes de los gobernantes. Luego su voto se hace por temor a no perder lo muy poco que tiene, porque carecen de armas genuinas para mejorar por sí solos. ¿A qué refiero?, al proyecto sobre asignaciones familiares que remitió el Poder Ejecutivo, que teniendo cosas buenas y razonables -mejores que la actual legislación- , en especial en sus aspectos financieros y de contraprestaciones, profundiza la línea del control y los registros de parte de un Estado cada día más parecido al "gran hermano".

ASPECTOS CONCEPTUALES. No pretendo aburrir al paciente lector pero es imprescindible transcribir algunas partes de la ley.

a) Son beneficiarios aquellos que, reuniendo los requisitos de la ley (ver contraprestación), integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención a tiempo completo en el INAU.

b) No obstante la definición anterior, los beneficiarios no serán más que 330.000 en el 2008 (los más carenciados) y 500.000 en el 2009.

c) La determinación de los hogares vulnerables socioeconómicamente, así como los más carenciados, se hará conforme a criterios estadísticos que dicte la reglamentación, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el ingreso del hogar, las condiciones habitacionales y del entorno, la composición del hogar, las características de sus integrantes y la situación sanitaria.

d) En los casos de quienes aspiren a ser beneficiarios de la prestación e integren hogares que no fueron visitados y relevados ... deberá formularse la correspondiente solicitud ante el BPS.

Recordemos que en Uruguay hay 990.000 menores de 18 años, de los cuáles la mitad tendrá beneficio y la otra mitad no.

Estimo que los comentarios huelgan. Vaga definición de beneficiarios y ausencia de un indicador cuantitativo abarcador, deja todo a la discrecionalidad de quien otorgue el beneficio. Mucho peor, cuando se establece "numerus clausus" de beneficiarios de forma tal que el beneficio sea valorado como una concesión graciosa de algún alma "buena".

Lo resaltado en d) es la clave de todo el sistema y el mayor peligro de algo con fin realmente loable, donde el aumento del gasto público es, seguramente necesario a la vez que plausible, por su focalización. Es bien claro el propósito de tener un nuevo relevamiento de familias y personas, donde la subjetividad es la característica principal.

La ley establece además, que las personas que reciban el beneficio lo pueden perder en cualquier momento, por lo que, su nivel de sumisión y dependencia es importante. No hay nada imparcial y general que determine a los beneficiarios, son las autoridades con sus inspectores que los eligen de a uno. Es éste el aspecto más cuestionable del proyecto

No me extraña de la mayoría del oficialismo esta línea de pensamiento e intromisión en la vida de las personas, propia de los totalitarismos centralizadores. Lo increíble es que viene con la firma de todos los ministros, algunos de los cuáles en principio y, de acuerdo a lo que suelen expresar en público, no deberían estar muy de acuerdo con ella.

Los restantes aspectos, que analizo a continuación, en general son o bien positivos, mejores a la actual estructura, o perfectibles, por lo que no generan objeciones de fondo.

ASPECTOS FINANCIEROS. Esta parte del proyecto está bien diseñada. Algunos pensarán que el diseño es mejorable, siempre lo es y depende de valoraciones personales.

Su aspecto central es que el monto promedio por cada prestación cae a medida que crece el número de hijos con beneficios del hogar, lo que es correcto. La única crítica que se le puede formular es atar la prestación a la variación del IPC y no como hasta el momento a las de las bases de prestaciones y contribuciones, lo que muestra una visión de corto plazo y rigidiza el sistema de gasto público.

La información que brinda el BPS carece de una clave para la estimación precisa del gasto total, cual es el número de atributarios del sistema (padres, abuelos, tutores, curadores), lo que impide conocer el número promedio de beneficiarios por atributario centro de la estimación del monto total del subsidio incremental. De todas maneras, tomando el promedio entre dos y tres beneficiarios por hogar y manteniendo la estructura actual de beneficiarios, entre prenatales, menores muy pequeños, quienes concurren al preescolar o a la escuela, los discapacitados y quienes concurren a la enseñanza media, se puede concluir que el gasto adicional será, en pesos del año 2008 del orden de los $ 850 millones, en tanto en el año 2009, el mismo se incrementará a una cifra aproximada a los $ 1.200 millones. Es decir, entre 0,15% y 0,20% del PIB.

LA CONTRAPRESTACIÓN. El proyecto de ley establece que la prestación termina a los 18 años cuando se curse enseñanza media, y a los 14, extensible hasta los 16 justificación mediante, para quienes solo cursen la enseñanza primaria, además de controles de salud. Muy similar a la ley actual.

Es obvio que ya la edad de 14 años es excesiva para culminar la escuela, es más, en familias donde la prestación de la asignación familiar ya es significativa en sus ingresos, y lo será más con esta nueva ley, el incentivo sería a que los propios padres dilaten la salida de sus hijos de la escuela. Cierto es que el beneficio por un niño en la enseñanza media es 40% mayor a si concurre a primaria, lo que no es poca cosa, pero de todas maneras, en muchas familias los propios padres no ponen demasiado empeño en que sus hijos concurran a dicha enseñanza, o bien la ven como "difícil" y más costosa, prefiriendo lo seguro de manera de evitar la deserción. De todos modos, si el beneficio fuere general y objetivo, evitando el "dedo", lo propuesto es mejor que lo actual donde no existe el premio por el pasaje a secundaria. Hablando de mejoras, el proyecto debería reducir la edad para el ingreso a secundaria para mantener el beneficio.

Volviendo al inicio, lo medular es que el beneficio se cobra en función de "condiciones de pobreza" bastante subjetivas, y entonces puede perderse si la fortuna de la familia mejora. Como normalmente las familias trabajadoras tienen sus mejoras de a poco, puede suceder que el mayor bienestar de la misma, producto del trabajo, las privaciones personales y ahorro, desaparezca si se le quita la prestación de asignación familiar. El proyecto de ley es "binario", todo o nada. Una mejora sería que una vez recibido el beneficio, cumpliendo los hijos con la asistencia regular a clase, éste debería mantenerse independientemente de la fortuna familiar. Por tanto, el beneficio es por la condición de partida, seguramente los casos de atributarios que pasen a ser millonarios no serán demasiados como para desarrollar el aparato de controles que se instaura en la ley, pero esto va contra el "espíritu" que inspira ésta y otras leyes de la actual administración.

Por el bien de todos, en especial de la democracia y nuestra república, espero que en el tratamiento parlamentario se logre que el mismo proyecto de ley, con idéntico nivel de gasto a efectos de evitar la inconstitucionalidad que un aumento del mismo acarrea, se apruebe sin los controles policíacos, con indicadores objetivos y sin "numerus clausus" en cuanto a la cantidad de beneficiarios.