El derecho, el gran ausente

JULIO PREVE FOLLE

En las últimas semanas y acuciado por el impulso inflacionario generado por el propio gobierno, uno de sus integrantes, el ministro de Ganadería, realizó una serie de declaraciones preocupantes. Es verdad que el público tolera, hasta por un cierto sentido del humor, algunas de sus declaraciones. No obstante, parece claro que más allá de las formas, el fondo de las intervenciones -la de la solapa es claramente una- merece a veces juicios severos. En esta oportunidad me voy a referir al conjunto de sus puntos de vista vinculados a la eventualidad de intervenciones en la formación de precios así como, especialmente, a su forma de encarar las restricciones al comercio exterior que pasan por aquella secretaría de Estado.

FORMACIÓN DE PRECIOS. Son variadas y muy frecuentes las amenazas de intervención en los diferentes mercados. Hace algún tiempo, el tema era subsidiar la producción de terneros, o intervenir en la formación del precio de la carne y del pollo. Más cerca en el tiempo las diatribas se han dirigido al precio del trigo y de la harina, llegando incluso a amenazar con la administración del comercio a partir de la creación de registros y certificados de necesidad. Hace pocos días el tema ha sido la leche, sugiriéndose mecanismos de impuestos a las exportaciones, justo ahora en el mejor momento histórico del mercado internacional. Las amenazas se han dirigido también a INAC y su régimen de administración de cuotas, a las empresas forestales y su notoria expansión, a las personas de derecho público no estatal -que yo comparto- a las sociedades anónimas, a los transgénicos. En estos dos últimos casos el empeño fue exitoso y el país ostenta ahora el dudoso privilegio de haber pegado un portazo al progreso técnico en el caso de los transgénicos, y de haber eliminado un mecanismo de explotación agropecuaria -las sociedades anónimas- que se acepta en el resto de la economía. De manera pues, que puede hacerse un relato de muchas cosas respecto de las cuales el MGAP está en contra; dos de ellas en las que ha sido eficaz en eliminarlas. Pero se sabe poco acerca de aquello en lo que el MGAP está a favor, no como el fruto de declaraciones que reflejan solo estados de ánimo, sino como consecuencia de políticas públicas claras en sus objetivos, claras en las reglas jurídicas de aplicación. De esto no hay nada por ahora.

COMERCIO ADMINISTRADO. Hay otro tema que, por el original modo de decir las cosas del ministro, suele pasar desapercibido. Pero no debería ser así. Hace un par de semanas, frente al incontenible avance de los precios de frutas y verduras, tronó el MGAP señalando su titular, y finalmente haciéndolo, que autorizaría algunas importaciones, concretamente de papas.

Más recientemente, fracasado un supuesto acuerdo de precios con los polleros, el ministro afirmó que tiene ganas de importar (EL PAÍS 19 de setiembre) después de "analizar los números y algunos chismes". Ambos episodios, el de la papa y el de los pollos, ponen en evidencia varias cosas. Una que quiero señalar al pasar es cuán discordante suena batir palmas por una nueva ley de competencia, y luego salir un día sí y al siguiente también, a generar acuerdos de precios -colusiones prohibidas por la ley- en un intento más de administrar la suerte del consumidor a través, no del fomento de la máxima competencia posible, sino de la presión política sobre los formadores de esos precios. En definitiva el mercado tal vez no sea lo mejor, pero la patota es claramente lo peor.

Señalaba que este modo de conducir las cosas genera abundantes enseñanzas. A la ya referida de la legislación sobre competencia, hay que sumar ahora el reconocimiento expreso y oficial por parte del MGAP de la inexistencia de problemas sanitarios ni en la papa, ni en las verduras, ni en el pollo. Esto quiere decir que hay muchos potenciales dañados que podrán ahora reclamar sus derechos, negados por el abuso de trabas sanitarias y de la administración del comercio a través del más viejo de los instrumentos: el cajoneo de todas las autorizaciones.

AUSENCIA DE REGLAS. Y me falta lo peor que es la desconsideración por el derecho. He señalado muchas veces que ser proteccionista no es lo peor. Es antiguo e incomprensible para un país chico, pero con todo es algo legítimo. En cambio, lo que es francamente grave, totalmente objetable, es manejar las importaciones no con arreglo a normas jurídicas claras, sino a voluntades veleidosas que se manejan según chismes y números. No es grave limitar las importaciones de frutas o de pollo. Lo que es grave es hacerlo al margen del derecho. No puede ser que se continúe con el Afidi (Acreditación fitosanitaria de importación) para administrar el comercio de frutas y verduras, o que se siga apelando a trabas equivalentes para regular la importación de pollos. Si el proteccionismo se concretara en reglas jurídicas públicas, mi objeción sería sólo económica. Tratándose en cambio de un instrumento para manejar el comercio según la voluntad de las autoridades, mi oposición es institucional. No debemos acostumbrarnos a este tipo de cosas por más graciosas que se presenten en su expresión pública. Es institucionalmente grave que el comercio de todos estos productos no dependa de la norma jurídica sino de la voluntad veleidosa de algunos hombres, por más bien intencionados que sean, que seguro lo son. Esta confesión pública de amenazar con abrir importaciones hoy prohibidas en base a razones sanitarias, es tanto como defender el poder discrecional, que solo funciona en ausencia del derecho. Reclamo desde aquí alguna norma que aunque liberticida, quite de la voluntad del ministro la posibilidad de comerciar.

EN LO ECONÓMICO. Es claro que si los potenciales comerciantes desconocen cuándo la voluntad oficial aceptará o no las importaciones, si no pueden anticipar ni cuantificar las eventuales limitaciones, en un clima así de incertidumbre, es posible que no se generen nunca trámites de importación de frutas y verduras, de pollo. El peor enemigo del negocio de importación no es un arancel, que es algo conocido e independiente de las voluntades oficiales ya que figura en una norma jurídica. El peor enemigo es la incertidumbre acerca de la oportunidad y la extensión de la intervención gubernamental. Insisto, es mejor un derecho ad valorem derivado de una norma, que esta incertidumbre que además de tener una juridicidad dudosa, elimina toda posibilidad de generar corrientes comerciales que sirvan incluso para moderar la escasez doméstica que así cada vez será peor.

En definitiva, viene llegando el tiempo de pasar del humor al análisis. Y en este caso exigir de la autoridad menos opiniones, juicios y amenazas sobre la pertinencia de las ganancias de los diferentes agentes, y en todo caso o llamarse a silencio o actuar, pero sólo a través de la norma jurídica.

Y enterrar para siempre el uso de las autorizaciones sanitarias o de índole análoga como forma de presionar a los actores a coludirse para llegar a un precio deseado por el gobierno. Porque más allá del efecto económico, y aunque parezca lamentablemente algo pasado de moda, decidir al margen del derecho en función de valoraciones absolutamente subjetivas, debe rechazarse. En mucha gente parece haberse adormecido aquel reflejo por la juridicidad de los actos de gobierno, y hasta se sonríen cuando se plantean dudas sobre este particular. Si este sentido despertara otra vez, aquellas amenazas de abrir o cerrar el comercio deberían provocar la sanción, por ahora privada, de las mayorías silenciosas.