ISAAC ALFIE

Sobre comienzos de la semana pasada y luego de sostener que "todo estaba bajo control" y "no había inflación en Uruguay", el gobierno tomó una serie de medidas que, según expresa, apuntan a reducir la inflación.

Desde un tiempo a esta parte las autoridades, en especial desde el Ministerio de Economía, se han vertido conceptos y definiciones realmente novedosos sobre la inflación. Al inicio fue la "teoría tributaria de la inflación" que nos decía que la inflación tenía que ver con los impuestos que se apliquen y por ende ésta bajaría con la entrada en vigencia de la reforma, hasta la última definición "la inflación es el crecimiento desordenado y generalizado de los precios". Respecto de la primera ya me he expresado desde estas páginas y los hechos, como era previsible, le volvieron a dar la razón a la teoría económica tradicional. En cuanto a la segunda, según ella, si todos los precios suben 5%, o si el lector prefiere al 10%, por mes todos parejos y todos los meses igual no habría inflación, desde el momento que no hay ningún "desorden". Lamentablemente, no es éste el concepto que tiene la academia sobre la inflación. Según ésta una suba de precios, aunque reuniera las características anotadas y fuera del 0,2% mensual, igual sería inflación, sólo que en este último caso no causaría demasiada preocupación.

LAS "MEDIDAS". Más allá de estériles discusiones sobre definiciones, lo cierto es que inflación hay, los precios suben de manera continua y general, por lo que si se quiere disminuirla hay que atacar sus causas y nada más, o sea se debe controlar la tasa de expansión de la cantidad de dinero y si se quiere que el camino sea "más llevadero", hay que acompasar esta política de fondo con una política fiscal austera a la vez que desindexar los contratos, en especial los salarios. Las "medidas" tomadas por el gobierno son conocidas por lo que me remito al cuadro anexo para su cuantificación, la que se advertirá difiere de la expresada por el ministro. Creo entender el por qué de la diferencia en algunas palabras del ministro cuando declaró que en la tarifa de los combustibles el tipo de cambio asumido era de $ 23,75 por dólar y ahora es menor. Por tanto, y siempre que estemos ante acciones definitivas, a menos que se piense que el valor del dólar se sitúe alrededor de los $ 23,35 por unidad, lo que le produciría ahorros al fisco de magnitud tal que se llegaría al costo de US$ 57 millones anuales anunciado, el costo es notoriamente superior. En efecto, según los cálculos que muestro que incluyen la totalidad de los efectos, incluyendo la caída en la recaudación por IVA de los servicios gravados consumidos por agentes que no lo pueden descontar, el costo total ascendería a unos US$ 97 millones (dólar a $ 23,75). De todos modos, como los ingresos son en pesos y parte de los egresos son en dólares, por cada $ 0,10 de reducción en la cotización del dólar, las finanzas públicas en general (empresas y gobierno central) se ahorran $ 230 millones al año. Tengamos presente que los cálculos son anuales y que cualquier aumento de tarifas los pueden revertir.

Respecto a la rebaja de la cuota mutual caben dos consideraciones. La primera, al menos hasta ahora, el único costo fiscal radica en el IVA que se deja de percibir, y es de poca cuantía. La segunda, mas importante, es que el no pago del aporte de 5% patronal por el seguro de enfermedad, salvo cuando se abona al Estado (BPS), no parece ser algo factible ya que los seguros convencionales de no recibir el aporte de la IAMC directamente se desfinancian en poco tiempo, por lo que es bastante claro y lógico que en muchos casos, la reducción no opere o si opera se revierta rápidamente.

Todas las medidas con el sustancial costo anotado tienen un efecto de una sola vez sobre el IPC, reduciéndolo en el orden de 0,7%. Este efecto se distribuirá entre septiembre y octubre. Ahora, ¿bajará la inflación?

SON EXPANSIVAS. El año pasado entre octubre y noviembre el gobierno cambiaba, por decreto y de manera ilegal la tributación sobre los combustibles, a la vez que creaba, también por decreto ilegal un subsidio al boleto. En aquel entonces dijimos que se bajaba el IPC, pero no la inflación, hecho que quedó comprobado de forma inmediata. Con estas medidas las cosas son parecidas pero peores. ¿Por qué? Simplemente porque en aquella ocasión las acciones eran neutras desde la óptica de las finanzas públicas y ahora al reducir los ingresos fiscales constituyen una política fiscal expansiva en lugar de la contractiva que se necesita y por ende van en el sentido contrario al presionar la demanda de corto plazo. Desde una óptica estrictamente técnica las medidas no son las adecuadas, apuntan a los síntomas, pero no a la enfermedad. Si no se toman acciones correctivas de fondo, la inflación seguirá su camino pese a que el índice muestre lo contrario por un par de meses.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS. Más allá de los anuncios con relevante impacto fiscal, existen dos que al ser transitorios son esencialmente incorrectos. Me refiero a la reducción del IVA a la carne de pollo por tres meses y la liberación de habilitaciones para la importación de verduras y hortalizas. En ambos casos son medidas que apuntan a la asignación de recursos en la economía y nada tienen que ver con combatir un fenómeno monetario.

Para bajar en serio el precio de la carne de pollo la única solución es aumentar la oferta de pollos, lo mismo pasa con las verduras y con medidas transitorias es claro que eso no sucede. Es más, las medidas tomadas le indican a los productores que si los precios son buenos estamos dispuestos a embromarlos y si son malos, "embrómese solo".

Los precios son las señales que guían las inversiones de los oferentes y la fuerza de la demanda, pero éstos deben ser los "reales" y ser percibidos como de largo plazo. Por tanto, medidas que son correctas para la eficiencia de la economía a largo plazo, tomadas de manera transitoria no sólo carecen de efectos reales, sino que seguramente son perjudiciales a largo plazo.

Sin duda, creo que la más pintoresca es la eliminación por tres meses del IVA al pollo, donde la mejor descripción la encuentro parafraseando al Ec. Julio de Brun, "la inflación es una enfermedad que ataca al dinero y no al pollo".

PROBLEMA DE FONDO. Desde fines de 2005, cuando claramente el BCU comenzó a cambiar constantemente sus objetivos monetarios, expresé que nos habíamos quedado sin ancla nominal, al tiempo que advertía de los riesgos. El futuro era previsible; los precios comenzaron a aumentar de manera paulatina pero sostenida, concomitantemente con el aumento en la tasa de expansión en la cantidad de dinero por encima del aumento de la demanda de dinero, incluyendo dentro de ésta la recomposición de los saldos reales luego de su caída (dolarización) durante la crisis de 2002.

En los últimos meses, pese a los anuncios de restricciones, la expansión monetaria se sitúa entre 20% y 30% comparada con un año atrás. Con esta expansión monetaria sería un milagro una inflación del 5,5%. Mientras esto no cambie, la inflación no bajará y muy probablemente crezca, aunque el IPC transitoriamente diga lo contrario.

Más allá de lo anotado, la indexación y el gasto público contribuyen en el corto plazo a fogonear el proceso y hacer más costosa la reducción de la inflación. La actual política indexatoria "mirando hacia atrás" y el gasto público creciendo a tasas desmedidas, en medio de la abundancia de capital internacional tiene como resultado único la inflación creciente y el atraso cambiario. Casualmente es en lo que estamos inmersos.

ALGUNA EXPLICACIÓN. Ahora, que el ministro de economía haya aplicado esta artillería pesada, técnicamente incorrecta, para lograr un efecto puntual y menor sobre el IPC debe responder a algo. La razón más obvia es que no se quiere llegar al 10% de inflación porque eso tiene un costo fiscal, también por una sola vez y no se lo quiere pagar. En efecto, según la ley vigente, si entre enero y junio de 2008, en algún mes la inflación, medida en 12 meses móviles, sobrepasa el 10%, deberán obligatoriamente ajustarse las pasividades y salarios públicos en julio. Los salarios no serían problema mayor porque los ajustes los maneja el Poder Ejecutivo y seguramente se tomen las precauciones del caso en enero de 2008, pero en el caso de las pasividades, implicaría un ajuste, por única vez, en base al IMS de 18 meses (por 12 meses en enero y 6 meses en julio) lo que tendría un costo fiscal en el 2008, del orden de los $ 1.000 millones.

En síntesis las medidas adoptadas son un mero analgésico para una enfermedad complicada. Éstas no sólo no tienen el efecto que dicen perseguir (bajar la inflación), sino que van en sentido contrario, pese a su impacto sobre el IPC.

Por otra parte, algunas que tendrían efectos positivos sobre la asignación de recursos si fueran permanentes, sólo enturbian el mercado de corto plazo y perjudican el funcionamiento normal de la economía.

En todo caso las acciones sólo maquillarán el IPC por dos meses. Si se toman las medidas de fondo, el analgésico nos hará sobrellevar de mejor manera el tratamiento si no, habremos perdido tiempo y dinero.

Economía & mercado