Se optó por el camino equivocado

JORGE CAUMONT

La conducción económica está convencida que la inflación está bajo control y que la caída en el poder de compra de la población en los últimos meses se debe a incrementos de los precios externos, como el del petróleo y el de commodities del agro: soja, maíz, trigo, arroz, leche, y otros por el estilo, y a causas del clima adverso tales como lluvia y heladas. Tanto el Ministro de Economía y Finanzas (MEF) como el Presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), e incluso ciertos analistas económicos, se alinean para explicar que esos factores son los responsables de los incrementos significativos en los valores unitarios de los combustibles y de los vegetales, lácteos, carne y de otros productos de la dieta diaria, lo cual es en parte verdad y se podría compartir. Pero agregan además -y esto es lo que por formación, intuición y experiencia no comparto ni relativamente- que esos comportamientos son los responsables de la inflación, del aumento del nivel general de precios, del costo de vida o de lo que sea la definición de inflación que como innovación, se quiera introducir en el lenguaje económico. Digo esto porque, como veremos más adelante, ahora el titular del MEF ha introducido su propia definición de inflación.

EXPLICACIÓN Y REACCIÓN. La explicación de por qué la inflación de los últimos doce meses hasta agosto es superior a 9% cuando la meta para este año, a cuatro meses de finalizar el 2007 es un aumento del nivel general de precios de 4.5% a 6.5%, viene por el lado de los aumentos de precios individuales ya indicados. A pesar de los significativos apartamientos del BCU de sus compromisos monetarios -a través del uso de un operador insatisfactorio como los medios de pago- y de una expansión del dinero abrumadora para el objetivo planteado -cuando anunció que crecería al 9% anual, en el margen se expandió a un ritmo superior al 30%-, en la reciente reunión extraordinaria del Consejo de Política Monetaria del BCU, la autoridad monetaria se sacudió y se sacó de encima su responsabilidad por el resultado inflacionario. No obstante, la reconoció implícitamente, al anunciar, explícitamente una nueva forma -probablemente también inútil en cuanto al abatimiento inflacionario- de hacer sus deberes monetarios.

Pero la reacción del BCU contra el aumento de precios no ha sido únicamente la ahora comunicada -antes tal vez fue usada pero no promocionada- acción vía la fijación de un "corredor de tasas de interés" de intervención. Un corredor que implica tasas de interés negativas en términos reales y que además mantiene en vigencia las operaciones de mercado abierto para períodos de hasta dos años, al unísono con intervenciones expansionistas de la cantidad de dinero en el mercado de cambios. Se trata de una combinación de instrumentos -monetarios y cambiarios- que definen un panorama muy complicado para frenar con éxito las presiones inflacionarias fruto de la mayor disponibilidad de dinero que la requerida por el mercado, sobre la base de expectativas inflacionarias que son superiores a las del propio equipo económico y que se trasladan a las tasas de interés. Éstas, en una economía que se busca desdolarizar, y en la que los agentes económicos tienen información del rendimiento real -hoy negativo- de sus colocaciones monetarias, no hacen más que reflejar el componente nominal por la inflación y no reflejan en absoluto, como sostiene el BCU, una supuesta estrechez o restricción monetaria.

También es parte de la reacción contra la inflación el anuncio de medidas fiscales expansivas, que reflejan una menor presión fiscal sobre determinados bienes o servicios provistos por las empresas públicas y sobre las cuotas mutuales, y el aflojamiento de ciertas importaciones. Por sus características, los relajamientos fiscales, la reducción de la presión tributaria sobre las tarifas de UTE, Antel y los combustibles, aparte de significar menores ingresos tributarios, tendrán efectos bajistas sobre los precios por una única vez, e implican una política fiscal expansiva en momentos en que debiera ser contractiva y así evitar efectos inflacionarios adicionales posteriores. En otras palabras, es altamente factible que durante un par de meses la inflación acicateada por la expansión monetaria, sea reprimida con las referidas medidas fiscales, pero tan pronto se disipen las consecuencias de esas medidas de carácter fiscal y cuasi fiscal, y a menos que se entre definitivamente en una política más severa de restricción de la cantidad de dinero, volverán las presiones sobre el nivel general de precios y generalizadamente los precios retornarán a un crecimiento sostenido. Es inevitable que el ritmo de creación de dinero que viene permitiendo la autoridad monetaria, superior en gran medida al aumento de la producción de bienes y de servicios de la economía y probablemente estimulada adicionalmente por un inminente aumento de la velocidad de circulación del dinero ante las expectativas inflacionarias que tiene la población, no sea un elemento que ponga freno y baje la inflación.

La inflación es habitualmente definida como un aumento generalizado y sostenido de los precios. A pesar de la definición innovadora, pero sin sustento del Ministro de Economía, que entiende por tal a un aumento desordenado y caótico de los precios -a menos que estemos en un proceso hiperinflacionario que se descarta-, la inflación volverá a estar presente en el escenario económico nacional. Y la inflación, con los elementos indicados, con el esfuerzo fiscal anunciado y con otras definiciones colaterales, no está bajo control como se afirma desde esferas oficiales. Y tampoco es el efecto de los precios externos, pues todos los países serios sufren el mismo problema y mantienen la inflación bajo control.

CAMBIO DE HORIZONTE. La frustración que genera en las autoridades económicas no poder reafirmar la meta inflacionaria para este año, se sustituye haciendo volver la atención de la población hacia la reafirmación de la meta para los próximos dieciocho meses. El objetivo que hoy se enfatiza pasa a ser un rango de entre 4 y 6%. La inflación es un fenómeno que normalmente se busca atenuar en el corto plazo, en un lapso mucho menor a los dieciocho meses. Si la decisión de combatirla existiera en la medida en que parece que todos desean, un programa de ajuste antiinflacionario debe ser mucho más enjundioso, con una mezcla de políticas macroeconómicas más consistentes entre sí que las que hoy tenemos. La política monetaria debe ser muchísimo más restrictiva; la fiscal debería ser más contractiva y la política en el mercado laboral desindexar los salarios. Dependiendo de la profundidad de esas restricciones, endógenamente el tipo de cambio real puede mejorar o empeorar, sería preferible lo primero, y afectar o no favorablemente a la producción de bienes transables. Lo que es claro, es que si se implementara la mezcla de políticas macroeconómicas efectiva para controlar la inflación, habrá efectos a la baja sobre el ritmo de expansión del nivel de actividad tan pronto comience el abatimiento inflacionario.

Es probable que no se desee aplicar un programa de ajuste antiinflacionario del tipo indicado. Sea por razones ideológicas, lo cual se ve en la desconsideración que se ha mostrado en relación a la importancia de la política monetaria en la lucha antiinflacionaria y en la creencia que una expansión fiscal como lo es el bajar la presión tributaria sobre ciertos productos, o directamente sus precios con componentes cuasi tributarios (tarifas). O sea por razones políticas, evitar frenos sobre la expansión de la demanda agregada, consumo, inversión, exportaciones. Pero si hay resistencia a llevar adelante un programa de esas características por tales razones, entonces no debiera extrañar que la inflación persista, que la mezcla de políticas macroeconómicas a aplicar en un futuro para calmarla sea aún más restrictiva y que en definitiva los frenos sobre el nivel de actividad sean aún mayores.