Lechería: la hora de la desregulación

JULIO PREVE FOLLE

Es imposible imaginar un mejor momento que el actual para liberar a la lechería de atávicas regulaciones, cuyo sentido hay que buscarlo acaso décadas atrás. No hace mucho tiempo, escribí que el régimen de doble precio de la leche estaba a punto de estallar. Siempre entendí que este régimen implicaba un subsidio del consumidor que no se justificaba más; pero, además, sostuve muchas veces casi en solitario que ese subsidio, que aparentemente se dirigía al tambero, en realidad quedaba en el valor agregado industrial, distribuido entre eficiencias, ineficiencias, salarios, etc. En la fase agrícola del complejo agroindustrial, el país había demostrado desde por lo menos los años setenta, una eficiencia única capaz de producir y crecer con precios de los más bajos del mundo a pura productividad. Dado esto, estaba y estoy convencido que el acicate de la competencia a partir del fin del subsidio generaría en nuestra industria reacciones de crecimiento y competitividad tal como ocurrió por ejemplo en la carne y en los granos. Empresarios de porte, siempre han existido en la lechería, capaces de liderar un cambio en las estrategias industriales para salir más al mundo y, sobre todo, para dejar de depender de veleidosas voluntades políticas. No obstante, todos los gobiernos y en buena medida esos mismos decisores empresariales prefirieron mantener las regulaciones que hoy pesan como una losa de mármol en la industria tradicional. Peor aún; en la administración anterior y en esta con los dos Fondos Lecheros, se continuó avanzando en la hiper regulación y en el incremento de los subsidios.

QUÉ ESTÁ PASANDO. Como es sabido, en la lechería existe un régimen de precios administrados para la fracción de la producción que se destina a la venta de leche pasteurizada, poco más del 10% del total. El Poder Ejecutivo fija el precio al productor de una parte de su remisión y luego fija el precio de la leche al público. Supuestamente, aquel primer precio debería remunerar el costo de producir, y el último el de producir y pasteurizar. Desde que existe este sistema -año 1936- esos precios fueron superiores a los del resto de la leche, que recoge el resultado de la actividad sin intervenciones.

De esta forma, no solo la fijación constituyó un subsidio, sino también un bien preciado para quienes pudieran participar en él. De hecho, existen múltiples regulaciones que derivan de la del régimen de precio administrado, que tienen por fundamento regular la forma de participación en este beneficio; entre otras quiero recordar aquí las que procuran impedir la participación de nuevos actores en el mercado interno de leche pasteurizada.

Estas implican o más bien implicaban, una dificultad cierta -no poseer el beneficio del consumo interno- para competir por leche en empresas que eventualmente estuvieran solo interesadas en exportar. Pero ahora la situación es la inversa. El precio internacional de los lácteos ha subido en tal magnitud que la participación en el mercado doméstico de leche pasteurizada es una carga, y quienes solo exportan se ven ahora beneficiados. Incluso, pueden pagar más por la leche y disputar productores a otras empresas.

VUELVEN LAS DETRACCIONES. Hace una semana el Ministro de Ganadería nos dirigió a los uruguayos una especie de encíclica con reflexiones de carácter moral sobre pecados y virtudes, moralinas y consejos en un estilo que no debe registrar antecedentes. Y cuando todo hacía indicar que se venía el momento de la desregulación, -nunca otro mejor- cuando todo hacía pensar que sobrevenía un momento especial para desarmar de a poco un complejo sistema parecido al de una bomba de relojería, se nos propone lo peor, lo más viejo, y además inútil: más regulación, para implantar detracciones a la exportación de lácteos y subsidiar el consumo; como Argentina hoy, como Uruguay ayer, para señalar un camino que de prosperar, podría alcanzar a otros rubros y así llegaríamos a la paradoja de tener que lamentarnos, en un país exportador de alimentos, cada vez que aumentan los precios de exportación. Pero no obstante el olor a naftalina de esta propuesta, no debe hacernos dejar de considerar lo injusto e inoportuno de la misma.

UNA GRAN INJUSTICIA. Una injusticia notoria es la de alentar a los empresarios a producir, invertir y exportar, para luego hacerles pagar el precio de hacerlo. Pero además, implica medir con una vara diferente a la leche, la que se quiere hacer valer menos que su referencia internacional, pero no se hace lo propio con el azúcar, los combustibles, la energía, las comunicaciones, el pollo, las frutas y verduras, los automóviles, los panificados, el aceite o el vino, entre otros ejemplos. Otra injusticia peor es la de hacer pagar a los exportadores de lácteos el precio de una supuesta política de bonificación en el precio de la leche al consumo. No es a ellos sino a toda la sociedad a la que le corresponde en todo caso cargar con ese costo.

No hay ninguna duda que si se gravan las exportaciones -por ley y no al impulso de una alcaldada- el comportamiento del sector será como ha sido en Argentina y lo es con toda lógica, bajar un cambio en la actividad para perjuicio de todo el país, en un momento de expansión lechera. Y además se habrá introducido el peor enemigo de todo negocio, la duda acerca de la intervención oficial. Si la iniciativa prospera, nada asegurará ya más su extensión a todos los demás rubros vinculados con el consumo interno cuyo precio internacional sigue en ascenso: carne, trigo, soja, girasol, etc. Este es un escenario de estancamiento y tontería: cuando viene la buena decidir mirar para el costado. Y ni hablar si hay éxito en la Ronda de Doha y mejoran aun más los precios.

PÉRDIDA DE TIEMPO. Según se ha anunciado, a partir de ciertas ingenierías que no vale la pena detallar, subiría significativamente el precio al productor fijado por el gobierno y no lo haría todo lo correspondiente en el precio al público ya que el Estado se haría cargo de la parte del precio -tres centavos de dólar- que constituye el aporte de la gente al financiamiento del FFAL. Este enredo, que se suma a la cantidad de entreveros que acumula toda la arquitectura legal de la lechería, dejaría en pie de igualdad la exportación y la venta en el mercado doméstico. No obstante, por los valores que se han manejado se trata de un esfuerzo inútil porque el precio de la leche industria seguirá subiendo, a juzgar por lo que ya pagan las empresas exportadoras, y a estar por los precios internacionales que manejamos. Y ojalá sea así.

Pero hay otro problema: la disputa por la tierra. Si el empeño por hacer caer el precio de exportación se concreta, la lechería va a ver deteriorada su competencia por espacio con otras actividades que pagan 200 dólares de arrendamiento por hectárea, y que tienen hambre de crecer por el bien del país incluso en plena cuenca. Reducir un precio es cambiar precios relativos en un momento en el que la relación de la ganadería de carne y leche, con la agricultura, constituye un equilibrio de cristal.

LIBERTAD, SUEÑO LEJANO. El gobierno debería aprovechar la oportunidad para liberar el precio de la cuota, y así dejar competir a todas las industrias entre sí por la leche, con otras actividades por la tierra, y no distinguir entre productos o mercados para el éxito del negocio. Esto llevaría a los productores e industriales a no mirar más al gobierno por un precio que de sobra sé cómo se calcula y qué presiones hay que soportar para manejarlo. Pero como esto llevaría de inmediato el precio al público hacia arriba, legítimamente el gobierno podría tener la voluntad de atenuar o hacer desaparecer esa tensión, pero obviamente que no para toda la leche.

Subsidiar el consumo de leche de ricos y pobres es un error, una grave injusticia. El gobierno, que a través del ministerio correspondiente empadronó a los pobres, bien podría implementar una política de precios para ellos costeada por la sociedad, no por la exportación de leche. Lo otro, toquetear precios sin pensar en otros efectos parece algo difícil de entender y como señalé huele a naftalina y… azufre.