JUAN SÁNCHEZ

Economía & Mercado

Varios colegas han insistido en la importancia de la autonomía del BCU. Admitimos la significación del tema aunque no creemos sea ni necesario ni suficiente y menos que ésta sea la coyuntura apropiada para encarar el tema, más allá de las posturas más "ortodoxas" o de algunas directamente interesadas.

A fines de mayo se llevó a cabo una evaluación de la crisis 2002 que pasó más o menos desapercibida, para algunos más, para otros menos. "De la crisis del 2002 al cambio estructural" se denominó el Seminario organizado por el Ministerio de Economía y el Banco Mundial a fines de ese mes.

No podemos disimular nuestro interés así como el de otros observadores, de que finalmente se puedan esclarecer los aciertos, errores u omisiones ocurridos antes, durante y después de esta crisis.

Las crisis financieras de los años sesenta, ochenta y la más reciente están menos asociadas con la mala suerte o factores exógenos o la situación externa que con la imprevisión, escasa reacción y hasta inexperiencia.

"¿Qué aprendimos de la crisis financiera de 2002?" era "la" pregunta de la convocatoria. Reconocemos que es difícil esperar de la Administración Pública o de los organismos multilaterales que se lleve a cabo una profunda revisión de esta cuestión.

BALANCES INCÓMODOS. El debate fue amigable, hubo varios aportes nacionales y extranjeros que abundaron en una interesante descripción de los hechos, en sus consecuencias e incluso en algunos de los factores que contribuyeron a la situación descrita; sin embargo, no se identificaron responsabilidades lo que era un desenlace previsible.

Desde que se inició la actuación de la Comisión Investigadora hasta el presente, no se llegó a ningún resultado concreto y, obviamente, menos a cambios sustantivos en el ámbito de la autoridad monetaria.

No se puede pasar por alto el hecho de que nuestra economía estuvo a pocas horas de convertirse en algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, extremo admitido por alguno de los principales protagonistas de ese momento.

Para muestra basta con poco: en particular la modalidad también "amistosa" que permitió "superar" el episodio de la sanción al economista Porto en el ámbito del BCU, nos resultó sorprendente y confirma lo que ya hemos sostenido en otras oportunidades: en los procesos de reformas estructurales el relacionamiento profesional y personal de los actores condiciona las soluciones, la transparencia y la buena gestión. Este problema va más allá de lo sucedido en el ámbito del BCU y obviamente no es privativo de éste.

La experiencia nos enseña que el problema está extendido en toda la Administración Pública y que desconocerlo es riesgoso e inconveniente como punto de partida.

La afirmación realizada recientemente, en este mismo medio, por parte del Subdirector de la OPP de que "no podemos dejar entrar a cualquiera que reclame derechos como funcionario" se contrapone con los actos de gobierno, en la medida que se ha observado que en los últimos meses la "pulseada" entre el Poder Ejecutivo y la dirección de las empresas públicas con los trabajadores, jerarcas y sindicatos, la han "ganado" estos últimos en todos los casos (presupuestación de contratados, contratación permanente de pasantes, etc.).

Un caso distinto parece resultar de las declaraciones del Ministro Lepra a Búsqueda: "es imposible desarmar los corporativismos de un día para otro, esto llevará mucha gente, mucho esfuerzo, y mucho tiempo" y aseguró "Todos los directorios tienen en proceso reestructuras dentro de las empresas".

Tenemos la impresión que aquí hay una tenue pero concreta señal con la separación del cargo del Gerente. General de Ancap a partir de un virtual error de gestión.

El BCU no escapa a la lógica que se debe seguir en una gerencia pública, en este caso con la complejidad que impone un sector como el bancario con una impronta muy fuerte de la actuación del sindicato más corporativizado del país.

Las situaciones referidas dejan de manifiesto las dificultades que puede tener el Directorio del BCU para llevar a cabo cambios sustantivos con o sin autonomía. Honestamente quisiéramos equivocarnos.

SITUACIONES COMPARADAS. El Banco Central de Chile permitió, durante el período posterior a su autonomía (tiempos de democracia tutelada), una caída sistemática, sostenida y significativa de la capacidad de competencia (superior al 50% si se compara la situación del año 1997 con la vigente a principio de los noventa). Esta caída se revierte recién a partir de la crisis asiática de 1997 que, como se conoce, tuvo un impacto particularmente importante en la economía trasandina.

Se debe valorar la autonomía y experiencia del banco chileno en su justa medida, en especial, por parte del BCU.

La evolución reseñada refleja alta inestabilidad para una variable tan relevante, más si lo comparamos con economías más maduras, con autoridades monetarias más o menos autónomas.

La desdolarización de la economía chilena y la regulación del movimiento de capitales lograron disminuir los riesgos de inestabilidad financiera del sistema y han sido diferentes de las políticas adoptadas por la autoridad monetaria en el Uruguay, lo que hace difícil extrapolar dicha experiencia.

La evolución del índice de capacidad de competencia del Uruguay es una de las más inestables observadas en comparación con varias economías relevantes y denota escasa proactividad de la acción bancocentralista.

En 35 años, Nueva Zelanda muestra escasa variación de su capacidad de competencia de largo plazo manteniéndose dentro de una banda de un 10%; por excepción se alcanzaron variaciones mayores, no obstante inferiores al 20%, situación muy diferente a la observada en Uruguay.

La pérdida de competitividad con Estados Unidos (60% en pocos años) no puede explicarse por la pérdida del valor del dólar a nivel mundial así como tampoco es válido para explicar la desventaja relativa de capacidad de competencia con Argentina. Esta situación tiene mucho que ver con lo que observan los operadores de cambios en el mercado, faltan pesos y sobran dólares en nuestra plaza; mucho tienen que ver el Banco Central y los operadores institucionales supervisados por él. Situación ésta, agravada por la alta dolarización alcanzada, que fue promovida por la propia autoridad monetaria durante años.

Tal es la distorsión en la asignación de recursos con este contexto que recientemente llevó al extremo de aprobar un subsidio explícito como solución "terminal", quizás, para un sector como el textil, que con razón y oportunamente estuvo reclamando en los últimos años políticas cambiarias y monetarias estables, consistentes y predecibles.

AUTONOMÍA DEL BCU. La decisión sobre la mayor independencia o no del BCU debería ser una oportunidad para previamente identificar la génesis de la crisis 2002, priorizar cambios estructurales en lo que hace a revisión de cometidos, estructura organizativa y supervisión de la banca pública y también del funcionamiento e ineficiencias de los subsistemas del crédito hipotecario, de la banca de desarrollo, la evaluación del resultado global del Banco de Seguros, el funcionamiento de las superintendencias del ámbito del BCU y de la normativa de la previsión social en el sector. Todas estos temas requieren de valoraciones objetivas y preferentemente externas que aseguren autonomía respecto de los propios actores y de los intereses corporativos involucrados.

Por último, esperamos no se repitan situaciones como la que se dio entre la Ministra de Salud y el Presidente de Sindicato Médico del Uruguay, un "escándalo" corporativo en defensa del "multiempleo" de este médico y que finalmente "torció la mano" del Poder Ejecutivo. O se disimulan estas desprolijidades o el Estado actúa con mayor firmeza y determinación en sus acciones de reestructura, independientemente de las respuestas de los distintos grupos de presión en defensa de intereses corporativos. El Estado se merece otra cosa.