A cuál competencia se refiere

JULIO PREVE FOLLE

Economía & mercado

Ha ocurrido algo en verdad curioso: un gobierno de mayoría socialista como el actual, propone y logra aprobar una ley llamada de "promoción y defensa de la competencia". Debo confesar mi sorpresa ante lo que, dado el contexto, parece más bien un bizantinismo, es decir algo producto de una discusión como la del sexo de los ángeles o, más cercano en el tiempo y en el espacio, el de las llamadas Cámaras de Ellauri también llamadas bizantinas, en las que los principistas participaban en justas de oratoria mientras el país se encaminaba al "año terrible" de 1875. En definitiva esta ley recoge una preocupación muy saludable, pero en un gobierno que no ha hecho hasta ahora nada muy notorio por mejorar la competencia en una cantidad de áreas que no requieren en absoluto de ley. Ello no descalifica el esfuerzo del Ministerio de Economía; por el contrario lo realza y mucho, aunque como es obvio no deja de sorprender, dados los movimientos de sentido contrario que se suceden provenientes de otras áreas del gobierno.

COMPETENCIA Y LIBERTAD. Buena cosa es que se empiece a subrayar que la competencia es una necesidad de la sociedad, y no solo en lo que refiere a lo económico. Desde este último punto de vista, aunque sea por las referencias a la falta de competencia -colusión, oligopolios, monopolios- la gente quizás empiece a caer en la cuenta que competir no es malo, y que no debe aspirar a tener su "monopolito" como el de una farmacia por cuadra, o un supermercado por barrio, o una universidad por país. A mí siempre me ha parecido meridianamente claro que la competencia es el mejor modo de asignar los recursos, convencido por diversos estudios clásicos vinculados al bienestar económico. Sé por otra parte que como los que compiten son hombres, no se van a generar resultados perfectos; quizás a la competencia se le aplique lo que Churchill decía para la democracia: "es el peor sistema de gobierno, a excepción hecha de todos los demás". Y es así; puede haber problemas, puede haber malos resultados, pero el Estado asignando recursos públicos o determinando qué, cuánto, cómo y hasta dónde producir es peor.

Me queda el tema de la libertad; este sí es el que me pesa, mucho más allá de lo económico. En este sentido veo a la competencia como el corolario, como la consecuencia de la libertad. Todos tienen el derecho a fabricar camisas; pero si varios deciden ejercerlo el resultado final es que competirán, y ello será el principal indicador de la existencia de una libertad materialmente ejercida. La llamada economía social de mercado de Erhard proponía la competencia precisamente en este enfoque que yo comparto.

EN ESTE GOBIERNO. Los ataques a la competencia no son de este gobierno aunque los ha incrementado. El propio Presidente, cuando quiso referirse al fin obvio que la tecnología le produce al monopolio de la telefonía -tal como lo había anticipado hace muchos años el Dr. Posadas- se encontró con la oposición del PIT-CNT que es expresión del unicato en la actividad sindical, y fuerte basamento político del gobierno. Pero hay dos áreas de actividades económicas aun sin fines de lucro en las que el gobierno se plantea avanzar en su sentido monopólico y por ende lesivo de la libertad. Son ellas nada menos que la enseñanza y la salud. Respecto de la primera ya se difundieron lineamientos de los nuevos programas que obligatoriamente deberán cumplir públicos y privados, en un empeño que no solo es inconstitucional como bien lo explicó en este diario el Dr. Pablo da Silveira (El País, 18 de agosto) sino absolutamente liberticida. Pretender imponer programas, horarios y otros atributos de la educación que pertenecen a los padres, y que en todo caso deben ser tan variados como la vida misma, no solo es un reflejo totalitario sino que nos hace desconfiar de una ley de competencia. ¿Por qué hay que competir para vender papas fritas y no para ofrecer la mejor educación, que es mucho más relevante? ¿Por qué matar el monopolio de Antel y agrandar el de ANEP, que es mucho más importante como vehículo de una escuela de pensamiento único? El gobierno debería establecer algunos requisitos educativos mínimos muy generales y luego dejar un ancho espacio para la libertad y la competencia entre escuelas aun públicas entre sí, dejando de lado ese absurdo de que los padres deben mandar sus hijos a la escuela o liceo del barrio, y no a la mejor a la que puedan aspirar, aun si les queda lejos.

Y qué decir de la salud, en la que se nos propone un único centro de decisión relevante en el Estado fijando servicios, precios, márgenes, etc., en un avance a la estatización en la que desaparece la competencia entre los llamados efectores -las mutualistas- porque todo lo relevante lo tienen regulado aún más que hoy.

En materia económica también hay cosas impactantes: el azúcar por citar un caso, y todos los empeños del Ministerio de Ganadería dirigidos a armar una colusión entre oferentes de alimentos, lo que según la ley figura entre actividades prohibidas cuando detalla entre ellas (art. 4, inc. A): "concertar o imponer directa o indirectamente precios de compra o venta, u otras condiciones de transacción de manera abusiva".

APERTURA, ÚNICO SEGURO. En un mercado como el interno nuestro es fácil que muy pocos operadores se pongan de acuerdo. Tampoco hay que exagerar, ya que conozco varias ramas industriales para las que me sobran los dedos de las manos a la hora de contar sus integrantes, y que no obstante por uruguayos se matan compitiendo entre ellos. De todas formas en este tema también la apertura externa, que convierte en infinito el número de operadores, resulta recomendable: leche, azúcar, harina, arroz, aceite, automóviles, son apenas algunos ejemplos de pocos operadores por rama. Y solo la exposición a la competencia externa asegura las mayores ganancias de eficiencia. Las actividades cerradas a cal y canto, como por ejemplo la elaboración de vinos, la producción de frutas y verduras, la producción de carne avícola, deberían ponerse nerviosas como consecuencia de la ley. No me lo creo mucho pero debería ser así.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Aquí la ley se vuelve a equivocar porque deja la decisión dentro del Poder Ejecutivo, concretamente en el Ministerio de Economía. Este gobierno, que volvió a meter en la Administración a la Ursec y la Ursea que pretendían ejercer un control autónomo de las comunicaciones y la energía, ahora pone la autoridad en materia de competencia, ante la que seguramente el demandado muchas veces podría ser el Estado, justo dentro de él. No me parece atinado. Entiendo perfectamente que debe ser a lo más que llegó el MEF en su discusión con el resto del gobierno. Pero la solución es malísima y amenaza esterilizar lo que de bueno pueda rescatarse de esta iniciativa.

En definitiva respecto de esta ley lo que se puede decir es lo que con la frecuencia propia del lugar común, escriben como juicio en las reuniones de profesores de secundaria: "puede y debe rendir más, persevere en su esfuerzo".