Una buena política social es hacer buena política económica y viceversa

1/1

A fines de junio pasado veintidós ministros del área social de América Latina -entre ellos, el director de la OPP, Enrique Rubio y la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi- junto con el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, y otras personalidades fueron convocados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) para examinar los dilemas sociales claves de la región. Como resultado de la reunión en la ONU, se decidió crear el Foro de Pensamiento Social Estratégico. Por ese motivo, ECONOMIA & MERCADO dialogó telefónicamente con el Dr. Bernardo Kliksberg, director de dicho Foro y asesor principal del PNUD para América Latina y el Caribe, quien es considerado pionero de nuevos campos del pensamiento como la gerencia social, la ética para el desarrollo, el capital social y la responsabilidad social empresarial. A continuación se publica un resumen de la entrevista.

-En la reciente reunión organizada por el PNUD para América Latina, ¿hubo consenso respecto a cómo articular las políticas económicas y sociales en la región?

-Hay consenso total en que una prioridad absoluta consiste en mejorar las condiciones de vida en la región, ya que el 40% de los latinoamericanos vive por debajo de la línea de pobreza. Esta cifra es inaceptable tanto en términos éticos, porque implica postergaciones muy duras para buena parte de la población, como en términos del potencial de América Latina, porque el hambre es inadmisible en un territorio que puede producir alimentos para el triple de sus habitantes actuales. Sin embargo, la tasa de niños con una talla inferior a la normal, que es una de las medidas de la desnutrición, alcanza en promedio al 17% de la población infantil de Latinoamérica.

Se acordó, además, promover políticas económicas dinamizadoras de las Pymes y generadoras de empleo simultáneamente con políticas sociales muy vigorosas. La idea es que haya una coordinación estrecha en forma permanente entre lo económico y lo social.

-¿De qué forma va a encarar el Foro de Pensamiento Social Estratégico los problemas estructurales de la región?

-El Foro va a trabajar como un espacio permanente para avanzar rápida e integradamente en la lucha contra la pobreza. Se prevé hacer un intercambio de las mejores experiencias de articulación de políticas económicas y sociales, que son muchas, en los distintos países de la región.

-A pesar de atravesar un ciclo económico muy favorable para las exportaciones de commodities y con condiciones extraordinariamente propicias de acceso al crédito internacional, buena parte de los países de América Latina presentan un crecimiento lento y fuertes tensiones sociales. ¿Se trató ese tema específicamente en la reunión convocada por el PNUD?

-Los participantes se cuestionaron por qué le resulta tan difícil a la región traducir esa situación de bonanza económica en una reducción continuada y a largo plazo de los niveles de pobreza, aunque se han registrado progresos importantes últimamente. Por eso, la directora del PNUD para América Latina, Rebeca Grynspan, introdujo el tema de la desigualdad en la realidad latinoamericana, que tiene el peor coeficiente Gini en el mundo, vale decir que exhibe la mayor distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población. Se estima que el decil más acaudalado posee el 48% de todo el PIB regional y el decil opuesto cuenta con apenas el 1,6%.

Desigualdades

-¿Existe sólo una aguda desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina?

-Desafortunadamente, hay también una desigualdad muy grande en el acceso a los bienes de capital, a la posesión de tierras, a una educación de calidad y al cuidado de la salud. A pesar del trabajo excepcional de la Organización Panamericana de la Salud, las tasas de mortalidad infantil y materna así como de desnutrición son totalmente desparejas en los países latinoamericanos y entre sus clases sociales. Hoy noventa madres de cada 100.000 nacimientos mueren durante el embarazo y el parto en América Latina contra sólo seis en Canadá. El número de muertes puede llegar a 300 o 400 mujeres entre la población indígena de Bolivia y Perú.

Además, han surgido nuevas desigualdades. Una de ellas es la llamada "brecha digital". Sólo el 3.2% de los latinoamericanos pueden acceder a Internet. Otra desigualdad muy importante es la imposibilidad de formar una familia, que es decisiva en el campo emocional, espiritual y educativo. Muchísimos jóvenes no pueden lograr algo tan elemental porque carecen de las condiciones mínimas para sostener un hogar. La falta de un empleo que les garantice un ingreso mínimo es una barrera insuperable para conseguir una vivienda con las comodidades básicas. Por eso, un alto porcentaje de familias potenciales no se llega a conformar en América Latina.

-¿Qué efectos tienen esas desigualdades en la economía?

-Hoy sabemos que las desigualdades son absolutamente regresivas ya que generan todo tipo de disfuncionalidades como, por ejemplo, retardan el crecimiento económico al obstruir en forma significativa el mercado interno y permean el sistema educativo, con lo cual dificultan el avance social. Todas ellas interactúan entre sí y forman un círculo perverso. Es el caso del niño que nace en un hogar muy pobre, que va a tener que trabajar desde pequeño -hay veinte millones de latinoamericanos menores de catorce que cumplen jornadas laborales- y que, por consiguiente, va a encontrarse con muchos obstáculos para completar la escuela primaria y va a enfrentar aún mayores dificultades para finalizar la enseñanza media. En efecto, el 80% de los alumnos cuyos padres desertaron de la educación primaria tampoco logran aprobar el sexto año escolar. Así se crean "trampas de pobreza" que impiden a las sucesivas generaciones de una misma familia salir de un medio carenciado debido, sobre todo, a su déficit educacional.

Pacto social

-¿Es posible atacar con alguna posibilidad de éxito la desigualdad socioeconómica en la región?

-Sí. La directora del PNUD para América Latina ha planteado reiteradamente que las metas del Milenio se pueden alcanzar mediante grandes pactos sociales. Destacó la necesidad de políticas de universalización del acceso a la educación y la salud. La sociedad debe asegurar los derechos básicos a todos los ciudadanos, tal como está establecido en las cartas constitucionales de todos los países de la región. Es importante que se implementen políticas públicas afirmativas en favor de los sectores con mayores carencias, que permanecen cautivos en las trampas de pobreza, así como también que se alcance un gran pacto social con el sector privado a través del concepto de responsabilidad social empresarial, con la sociedad civil y con los medios masivos de comunicación. Una empresa privada socialmente responsable puede colaborar muchísimo con las políticas públicas, aportando tecnología, gerencia de alta calidad, etc. La sociedad civil a través del voluntariado, en el que confío mucho, puede hacer un gran trabajo como el que ya se cumple en varios países. Y la prensa en general tiene un rol fundamental en colocar el tema de la pobreza en el centro de la agenda pública y mostrar que existen soluciones para reducir los índices actuales de inequidad.

Educación

-En la reunión organizada por el PNUD, varios oradores señalaron que el sistema educativo y las políticas para la juventud son la cenicienta de los presupuestos de América Latina. ¿Por qué se invierte tan poco en educación en la región?

-La educación debe ser una altísima prioridad para toda la sociedad. En los últimos años, la presión de la democratización, las demandas de la población y una nueva generación de líderes políticos que son sensibles a esta necesidad han mejorado sustancialmente las inversiones en educación en América Latina. Sin embargo, el aumento de la inversión educativa en el resto del mundo ha ido mucho más rápido que en la región, porque la educación se ha convertido en el gran bien del siglo XXI, dado que la competitividad en un mundo globalizado económicamente está basada en el conocimiento y en la calidad de la preparación de la gente. La educación es un bien económico decisivo para todos los países. Por eso, Japón, Corea del Sur y Israel invierten el 8% del PIB en esta área. Si bien algunas naciones de América Latina destinan el 4,5%-5% de su producto a la educación, es evidente que esas cifras están muy distantes de países que son más competitivos como Finlandia, que es el número uno en el mundo en competitividad. Como resultado, sólo cuatro estudiantes de cada diez que ingresan completan el ciclo secundario en América Latina, mientras que entre ocho y nueve alumnos de cada diez lo hacen en los países desarrollados.

-Los sistemas educativos de la región son expulsores de estudiantes provenientes de los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Qué se debe hacer con esos jóvenes que ni estudian ni trabajan y que en muchos casos terminan delinquiendo?

-La tasa de criminalidad de la región ha crecido aceleradamente, convirtiéndose en la más alta del mundo. En 1980 había doce homicidios cada 100.000 habitantes por año en Latinoamérica y ahora la relación es de veinticinco homicidios cada 100.000 personas, según la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente hay dos tipos de criminalidad. Por un lado, están las bandas organizadas para el narcotráfico y la trata de personas a las que se les debe aplicar el máximo peso de la ley. Por otro, tenemos la pequeña criminalidad de niños y adolescentes, que están excluidos de la sociedad y cuya vulnerabilidad es significativa. Se requiere tratar de un modo diferente a esos jóvenes mediante una política muy enérgica de inclusión social.

-¿Cuáles son las políticas de inclusión que pueden rescatar a los jóvenes delincuentes?

-Cuando uno analiza estadísticamente las encuestas realizadas con adolescentes en reformatorios de América Latina, se detectan tres causas de esa situación: la falta de trabajo porque la tasa de desocupación juvenil en la región duplica a la tasa promedio de desempleo, que de por sí ya es alta. Vale decir que el 20%-30% de los jóvenes latinoamericanos está sin trabajo. Por lo tanto, la inclusión requiere que la sociedad se organice para poner en marcha políticas de primer empleo, o sea que se ofrezca una posibilidad de trabajo a ese segmento de la población. Una combinación entre políticas públicas y el sector privado puede ayudar muchísimo en ese sentido.

Una segunda causa de la criminalidad juvenil es la desintegración del núcleo familiar. Los estudios del sociólogo Rubén Kaztman en Uruguay han comprobado que dos tercios de los jóvenes recluidos en reformatorios provienen de familias desarticuladas. Hoy sabemos que la familia es la principal unidad de prevención del delito que tiene la sociedad ya que entrega los valores éticos y controla a los jóvenes. Entonces, una política enérgica de rescate de delincuentes juveniles debe pasar por fortalecer la familia mediante acciones del Estado.

Una tercera causa son los bajos niveles de educación. La deserción deja a muchos jóvenes en una situación de vulnerabilidad porque resulta muy difícil conseguir un empleo formal sin haber completado la educación media. Por lo tanto, el sistema educativo tiene que hacer un gran esfuerzo para reducir las tasas de deserción y para trabajar específicamente con los desertores.

En síntesis, el enfoque no es sólo prevenir la delincuencia juvenil, sino atacar las causas estructurales de la exclusión de la cuarta parte de nuestros jóvenes. Finlandia es el mejor ejemplo al respecto ya que tiene 0,1 homicidio por 100.000 habitantes por año, en tanto Noruega y Suecia registran 1,8 y 2 homicidios respectivamente. Para alcanzar esos niveles no se requiere más policía y más cárceles; la solución estructural pasa por políticas activas de inclusión.

|Entrevista |

economia & mercado

-La mayoría de los gobiernos latinoamericanos están aumentando el gasto público para atender las urgencias sociales aprovechando la actual bonanza del precio de los commodities. ¿Cómo se van a financiar esos programas de asistencia si llegara a caer el valor de las materias primas exportables?

-Es fundamental que los países tengan estabilidad económica, atraigan inversiones, logren mayores tasas de crecimiento económico, alcancen el progreso tecnológico y lo exporten; pero todo eso no se consigue si se carece de estabilidad y cohesión social. A los inversores les resulta mucho más atractivo radicarse en países donde hay alta cohesión social y baja pobreza. Hoy sabemos que la clave no es la política económica o la política social, sino la articulación de ambas. Una buena política social es hacer buena política económica y viceversa. Por ejemplo, hace algunos años Intel realizó diferentes análisis -entre ellos, el de factibilidad, en el que se tuvo muy en cuenta el nivel educativo de los distintos países, la calidad de los sistemas educativos, la paz social y la cohesión social- para elegir la sede de sus operaciones en la región. Finalmente, se decidió hacer una inversión de US$ 1.000 millones en Costa Rica. Hoy ese país se ha convertido en un exportador en gran escala de chips electrónicos, lo cual tiene un impacto muy positivo en su economía y, por consiguiente, en el área social.

-Sin embargo, el gasto social que no tiene financiación se convierte en déficit fiscal...

-Se necesita cambiar la idea de que el aumento de los recursos destinados al área social es una fuente de déficit. En realidad, no es un gasto sino una inversión. La palabra "gasto" está mal utilizada. Hace veinte años que la vengo combatiendo. Si esos recursos están bien manejados, constituyen una de las inversiones más rentables que existen actualmente. Según una investigación reciente en Estados Unidos, la tasa de retorno por invertir un dólar en educación preescolar es del 700%. Por lo tanto, generalizar la educación inicial a toda la población constituye una de las inversiones más rentables del planeta.

Bernardo Kliksberg, argentino, posee cinco títulos universitarios, entre ellos dos doctorados en ciencias económicas y en ciencias administrativas otorgados por la Universidad de Buenos Aires. Ha asesorado a más de treinta países y varios organismos internacionales. Es el asesor principal de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Fue director del Proyecto Regional de la ONU para América Latina de Modernización Estatal, coordinador general del Instituto Interamericano de Desarrollo Social y asesor social de la Presidencia del Mercosur.

-¿Cómo visualiza ciertas medidas de asistencia social que se han implementado en la región como el Plan Bolsa Familia en Brasil o el Panes de Uruguay?

-El proceso de democratización en América Latina presiona para que la pobreza sea atendida urgentemente porque los males que genera son irreversibles. Hay una nueva generación de políticas sociales que introducen modalidades distintas en gran parte de la región a través de las transferencias condicionadas. Destaco el Plan Bolsa Familia porque la política pública vuelve a considerar a la familia como eje de la sociedad. El gobierno brasileño se obliga a entregar recursos mínimos que son muy importantes para los hogares pobres y, como contrapartida, la familia se compromete a cumplir una serie de obligaciones en materia de educación y de salud. Ese pacto básico que está operando en Brasil llega a once millones de familias.

En Chile, el programa social central es un contrato formal con la familia, donde el Estado designa un agente facilitador y de apoyo para que un hogar lleve adelante un plan de desarrollo durante dos años. En general, estos programas contribuyen a que las familias pobres puedan hacer uso de diversos servicios públicos, ya que muchas veces desconocen su existencia o el modo de llegar a ellos, de forma de avanzar hacia el objetivo básico, que consiste en crear oportunidades productivas a efectos de que esos proyectos familiares se puedan insertar en la economía.

-Esos programas sociales que Ud. destaca han sido criticados por su excesiva burocracia. ¿Cómo evalúa esa crítica?

-Se ha ido aprendiendo de los defectos porque algunos años atrás el burocratismo era bastante significativo. Desde el PNUD vengo impulsando una disciplina que se denomina "gerencia social", la cual apunta a desburocratizar los programas sociales, fundamentalmente, a través de la participación muy activa de la población. Es necesario realizar un pacto organizacional con la misma comunidad asistida para que participe en todas las etapas del programa, ya sea en el diseño, la implementación, la evaluación, etc. Eso hace una diferencia sustancial como se ha comprobado con el presupuesto municipal participativo de Porto Alegre (Brasil) y los consejos consultivos en Argentina, en donde se educa a los destinatarios de los programas para que cuenten con ele mentos que los habiliten a actuar junto con organizaciones de la sociedad civil. Todo eso ayuda a confeccionar programas más ágiles, flexibles y cercanos a la población, lo que permite aumentar de modo importante su eficiencia.