Cruce de caminos

Juan Sánchez

El gobierno se reunió en febrero en Atlántida para revisar prioridades para el año 2007 en materia de proyectos para remitir al Poder Legislativo y en particular la Reforma del Estado: buenas noticias. Se volvió a reunir en Consejo de Ministros para seguir avanzando solo algunos días más tarde.

Se incluyeron iniciativas sobre la Educación, la Salud, la Carta Orgánica de las Fuerzas Armadas, la del Banco Central, las reformas de las Cajas Paraestatales y varias otras.

Al comunicarlo a la opinión pública se limitan las posibilidades de soslayarlas, aun cuando igualmente existe la posibilidad de que se escojan soluciones que eviten los conflictos y la solución de los problemas de fondo, como gobiernos anteriores ya han dado sobrada muestra.

Convengamos que se puede disimular por más o menos tiempo, pero el Presidente y los principales protagonistas deben tener conciencia de la oportunidad histórica de modificar la realidad en este Estado.

En consonancia con este lineamiento estratégico se constituyó un Grupo de "alto nivel" que luego se modificó, incluyendo nada menos que al propio Presidente Vázquez, dato que refleja inteligencia política.

Se puede transitar el camino funcional a ese poder político y al statu-quo del Estado o escoger un camino más tortuoso, que necesariamente debería generar resistencias y ser de largo aliento, que implica transformar ese Estado de manera no marginal, revisando objetivos a fondo, jerarquizando las funciones prioritarias, redimensionando su papel como regulador, controlador, prestador, mejorando la transparencia y el control político y social de sus resultados, ya intentado antes pero con éxito acotado, y poco para mostrar.

PODER CORPORATIVO. En Uruguay, por idiosincrasia, cultura, historia y errores pasados se mantienen ciertos grupos que cuentan con cuotas de poder significativas, las que son explotadas en su beneficio y no del colectivo. Como resultado de ello se apropian legal e inteligentemente de recursos asociados a las opciones provenientes de esa situación privilegiada. En condiciones de competencia, transparencia y equidad esos recursos disminuirían sustancialmente.

Estos grupos corporativos con poder político, sindical, etc. tienen una percepción singular de su papel en el ámbito de la sociedad; en particular, tienden a mantener una visión autocomplaciente respecto del valor agregado que su accionar produce, subestimando costos y sobreestimando beneficios.

Desde mediados del siglo pasado gran parte de la "plusvalía" de la visión marxista en el Uruguay ha sufrido una metamorfosis difícil de desentrañar al ser apropiada por jerarcas y funcionarios del Estado. Esto sucede en otros países latinoamericanos, pero la experiencia nos indica que en Uruguay se ha llegado a la defensa de estos intereses con pocas inhibiciones.

No es posible "reformar" en el sentido profundo del término sin pagar ciertos costos y por lo mismo no se puede soslayar la oposición de intereses que eso conlleva, lo que es intrínsecamente sano y equitativo.

NO TODO ES RECAUDAR. Hemos señalado antes, que el Estado uruguayo se ha caracterizado en los últimos treinta y cinco años en hacer pocas "reformas a fondo" (excluimos la financiera-comercial de los setenta, difícil de evaluar objetivamente). En los últimos años las que se pueden citar se han focalizado en áreas en las que es posible lograr un rédito económico-financiero, la DGI, antes el Puerto, ahora podría ser Catastro, la Aduana y quizás nuevamente el BPS. El trasfondo denota un afán sospechosamente fiscalista y cierto grado de inmediatez política, vicio éste que ha costado abandonar.

Más tarde o más temprano el "costo real" recae en la sociedad civil y en las empresas, no en el sector político, ni en el sector público, ni en sus jerarcas y tampoco en sus funcionarios: incremento de eventos indeseables, crímenes, violencia doméstica, corrupción e inoperancia policial, corrupción y abuso de funciones en el ámbito del poder del Estado, trágicos accidentes de tránsito, mala praxis médica, extrema indigencia, miseria y pobreza, desintegración social, todos errores de gestión no del corto plazo sino originados en errores y omisiones en la gestión acumulados por años.

A esto se agregan asuntos "menos" dramáticos pero igualmente graves como la pésima distribución territorial y gestión del tránsito y del transporte, y sobre todo el déficit estructural acumulado en estos sectores, en el área energética, de agua potable y saneamiento, el deterioro y la desintegración productiva innecesaria y verificable en diversos sectores, las malas y en algunos casos terribles prácticas comerciales, los delitos económicos facilitados por la inacción o la tardía reacción del Estado, etc.

Aún para los que no somos fanáticos del libre mercado, la realidad de estos extremos es resultado del accionar de un Estado omnipresente y, en ocasiones omnipotente, muchas veces displicente, que no tiene autocrítica, que no controla ni se deja controlar, que no se ajusta ni se adapta, que no previene ni sanciona, que no ejecuta y, en definitiva, "no hace ni deja hacer".

Formalmente si bien los gobiernos se resisten a reconocer estas carencias, los ciudadanos, usuarios y empresas las sufren antes de un modo más o menos grave, ahora en los últimos tiempos de un modo más severo, dramático e inocultable.

MALAS Y BUENAS NOTICIAS. A comienzos del año la prensa abundó sobre las relaciones comerciales entre ex jerarcas de Casinos Municipales y empresas proveedoras así como sobre pérdidas estimadas en U$S 11 millones. Los resultados de la investigación, sean o no originadas por motivaciones políticas, agregan valor a la gestión estatal y a la Reforma del Estado que se pretende encarar, emulando a Harold Evans "Good Times, Bad Times". Lo mismo se puede decir de eventos similares.

En diciembre pasado, un suplente de diputado ocupó la banca de Carlos Signorelli en medio de una controversia sobre la conducta de ambos, extremo que intentó investigar la justicia. Otras irregularidades se detectaron en Rivera. ¿Son hechos aislados?, no sabemos, pero son cada vez más conocidos por la opinión pública.

En febrero, cuatro personas habían sido procesadas por irregularidades en OSE y varias otras estaban siendo investigadas por casos referidos al BHU y al INAU.

En otros países (Argentina, Brasil, México, etc.) se han detectado situaciones de este tipo y aún más graves. Hace poco más de un año el Ex Ministro de Economía brasileño, Antonio Palocci, tuvo que abandonar el cargo debido a denuncias por corrupción.

Las investigaciones de gestiones pasadas estarían dando resultados concretos; esto promueve las acciones tendientes a mantenerlas y el convencimiento de que valía la pena intentarlo.

A fin del 2006 un ex asesor del Presidente, Esteban Valenti expresaba: "...hay políticos que piensan que la política está fuera de la realidad, al margen de la lógica, de la inteligencia media y la moralidad de los uruguayos…", frente a dichos de legisladores que restaban trascendencia a alguno de estos episodios.

Los desafíos postergados encontrarán formas diversas para manifestarse con variantes siniestras o patéticas y que están latentes. Los líderes de opinión en el gobierno deberían tomarse en serio la Reforma del Estado siempre y cuando sean concientes, valientes y que sus motivaciones no sean espurias.