Energía: ¿quién lidera?

SERGIO ABREU

UTE anuncia que el año próximo discutirá la construcción de una nueva central térmica para atender la demanda de energía, que crece aproximadamente a un 5% anual. Estudia, además, la posibilidad de que el combustible utilizado sea el carbón.

Una vez más, el déficit estructural de la generación de energía en el país se aborda a través de iniciativas que provienen de una Empresa, y no por los lineamientos sugeridos desde el Poder Ejecutivo en la definición de la Política Energética. Estamos frente a un juego de distracción puntual que evita, intencionadamente o no, proyectar una política de generación de energía en el mediano y en el largo plazo.

La adjudicación de UTE a cinco de las diez ofertas (tres de biomasa y dos eólicas) presentadas por el sector privado para comprar energía a generadores con un techo inicial de 60 MW, aún siendo compartible, también es otra forma de desviar la atención frente al tema central de generación energética. A esto se agrega que ni siquiera se ha logrado que la UTE traspase a la Administradora del Mercado Eléctrico, creada por la Ley de Marco Regulatorio -hace casi diez años- la gestión del Despacho Nacional de Cargas. Más aún, todavía no se han fijado los peajes que los privados deberán pagar a UTE para utilizar las líneas de transmisión.

La discusión sobre la política de generación energética está ausente. Nos encontramos limitados a expresiones corporativas y a anuncios que acumulan propuestas de plantas de generación en función de la coyuntura. Respuestas obligadas para salir del paso.

Nos preguntamos: ¿por qué a nivel de Gobierno no se impulsa un análisis profundo respecto de las distintas fuentes de generación de energía? ¿Acaso se ignora que las condiciones en que se aprobó la Ley 16.832 han cambiado? ¿Es explicable que no se derogue el Art. 27 de esta Ley, erigido en un obstáculo al tratamiento objetivo de la estrategia a desarrollar en el sector energético a largo plazo? La única explicación posible es que no hay una posición definida en el Gobierno respecto del tema y que la Política Energética está sujeta a las decisiones corporativas de las empresas públicas, algunas más monopólicas que otras, pero que en modo alguno, más allá de sus competencias legítimas, pueden interpretar o representar el interés general.

En el Senado, duerme en Comisión un proyecto de ley que habilita a considerar el tema de la energía nuclear, sin que esto signifique que su aprobación se traduzca en una definición a favor o en contra de su implementación. Permanecer en esta situación es ignorar la realidad y autolimitarse a discutir una política de generación de espaldas a las nuevas tecnologías y a las tendencias en el ámbito internacional y regional.

Veamos. En el ámbito político y técnico se sabe que la utilización de energía nuclear para generar electricidad, recobró fuerza después de un período largo de estancamiento. En la actualidad cubre el 16% de la demanda mundial de electricidad.

Después de décadas, la construcción de plantas nucleares vuelve a despegar. El mayor impulso viene de Asia, en países donde coincide un crecimiento económico sostenido, con el incremento rápido de la población y ausencia o insuficiencia de recursos energéticos propios. China, que ya dispone de nueve reactores nucleares, espera construir treinta más, y en esa tendencia se inscriben Japón, India, Corea del Sur y Taiwán.

Rusia está construyendo algunas usinas nucleares y Finlandia está iniciando la construcción de la primera usina nuclear de ese país. Asimismo, el Parlamento francés aprobó recientemente la construcción de una nueva planta nuclear.

En Estados Unidos también se está produciendo el retorno a una fuente energética cuestionada y detenida desde fines de los años setenta.

La región no es ajena a esta tendencia. En la actualidad, Brasil cuenta con dos centrales nucleares en operación que generan 1.900 MW (*), alrededor de un 4% de la generación total, una tercera en construcción, que generará 1.300 mw, y planes para construir y poner en operación cinco usinas nucleares más hasta el año 2030. El Brasil cuenta además con una de las principales reservas de uranio del mundo, y con la capacidad de desarrollar industrias intensivas en capital y conocimiento.

Por su parte, Argentina también dispone de dos plantas nucleares y está construyendo una tercera. A fines del 2006 el gobierno argentino firmó un contrato con un consorcio para la construcción de otras dos usinas nucleares con una capacidad conjunta de 1.600 MW.

Estas tendencias apuntan a un cambio estructural y estratégico a nivel mundial, que está sustentado en tres consideraciones.

En primer lugar, la incertidumbre sobre el futuro de los combustibles fósiles en disponibilidad y precios, y la certeza de que el crecimiento de la demanda no podrá ser atendido por éstos y tampoco por incrementos sustanciales de la generación hidroeléctrica, que en la mayoría de los países llegó al límite de sus posibilidades. Un futuro de mayores costos y demanda insatisfecha parece hoy una alta probabilidad, si no se modifica sustancialmente la tecnología de producción y las fuentes de energía.

En segundo lugar, la urgencia en reducir las emisiones de gases que genera el efecto "invernadero". La generación nuclear es "limpia", mientras que las tecnologías basadas en combustibles fósiles, explican una buena parte de las emisiones actuales. Ambientalistas reconocidos, como James Lovelock y Patrick Moore, se convirtieron en decididos promotores de la energía nuclear como el instrumento para contener el cambio climático asociado a las emisiones de carbono.

En tercer lugar, los avances en la tecnología de generación nuclear han incrementado la seguridad y han reducido los costos de inversión inicial. Si bien los índices de eventos nucleares en plantas de generación de electricidad son muy bajos, los efectos en algunos casos, como el de Three Mile Island (1979) y Chernobyl (1986), fueron muy importantes. Los accidentes estuvieron vinculados a insuficiencia de controles o irresponsabilidad en el mantenimiento. Con la tecnología actual y el cumplimiento de los protocolos de operación, mantenimiento y revisión, accidentes como los mencionados están fuera de posibilidad; aunque debemos reconocer, el riesgo que las usinas nucleares pueden correr se vincula a los atentados terroristas.

Por cierto que hay aspectos negativos que subsisten. La disposición de los residuos nucleares no está totalmente resuelta. Las inversiones iniciales siguen siendo cuantiosas. En instalaciones nuevas, el efecto de los costos de capital sobre la producción, alcanzas niveles que requieren una alta capacidad de financiamiento.

Por otra parte, se ha comenzado a trabajar en el desarrollo de la tecnología de fusión nuclear como solución para generar energía limpia y de bajo costo. Recientemente, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Rusia, China, Corea del Sur e India, alcanzaron un acuerdo para construir un reactor experimental de fusión nuclear, que estará en operación en el 2036.

En tanto en Uruguay, la opción nuclear no está en consideración.

¿Es posible pensar que el Uruguay no defina una estrategia para el abastecimiento energético en el mediano y largo plazo que asegure condiciones de crecimiento, competitividad y bienestar? ¿Acaso ignora que los plazos que se manejan deben medirse en función del tiempo que transcurre entre las decisiones que se toman y sus resultados? ¿Quién decide sobre estos temas? ¿Es la UTE la encargada de analizar la seguridad, la viabilidad y los costos de integración en una matriz regional?

A todas luces, la responsabilidad sigue recayendo en el Poder Ejecutivo, a quien corresponde definir los parámetros de formación y mantenimiento de un respaldo nacional, el estudio y adaptación de tecnologías basadas en recursos renovables; y fundamentalmente, en lo que hace a nuestra preocupación, a la decisión de incorporar o no a la matriz de generación de electricidad la energía nuclear.

Por tanto es necesario un entendimiento político que aborde el tema de la energía nuclear no como una solución sino como una opción, de modo que la respuesta surja del análisis en profundidad del conjunto de opciones que nos ofrece la tecnología en su estadio actual y en su evolución previsible. Para eso insistimos que en el plano institucional esta discusión deberá acompañarse con una reestructura del sector que establezca y deslinde con claridad los roles del Poder Ejecutivo como formulador de política y planificador sectorial, de la Ursea como entidad reguladora y controladora de los operadores y de las empresas públicas y privadas como operadores industriales y comerciales.

Si el tema no adquiere dimensión pública es porque no hay voluntad política dentro de las filas del Gobierno, ya que son conocidas las discrepancias entre algunos actores que integran el Poder Ejecutivo. Y ni qué hablar de la UTE, que mientras pueda mantener un monopolio de hecho en la generación, disimulado por la compra de 60 MW a heroicos generadores privados no impulsará ninguna discusión de este tipo. Salvo que en otro envión estatal llegue a la conclusión de que la construcción de una planta de energía nuclear se mantenga bajo su estricto control.

No abordar el tema es una irresponsabilidad.

(*) Corresponden 600 a Angra I y 1.300 a Angra II