A partir de 2001 la Comisión Europea ha adoptado la modalidad de preparar estudios estratégicos de mediano plazo para enmarcar su cooperación con cada uno de los países en desarrollo. Los Documentos de Estrategia País (DEP) apuntan a comprender mejor diversos aspectos de la evolución económica, política y social en dichas naciones e identificar posibles áreas de cooperación futura. El DEP 2001-2006 para Uruguay, al que se le han asignado 18.6 millones de euros, consta de ocho actividades actualmente en ejecución, destacándose el apoyo a la modernización de la DGI, el plan de apoyo a las Pymes, el plan de apoyo para la formación técnica de jóvenes en determinados oficios con la Intendencia Municipal de Montevideo, etc. Como la asignación de recursos para programas de cooperación de la Comisión Europea para el quinquenio 2007-2012 se hace con anticipación y mucho cuidado, el economista boliviano Juan Carlos Aguilar, socio de la consultora SAXgr (Strategy Advisors for Government Reform) y ex viceministro de Inversión Pública y Cooperación Internacional, ha liderado un equipo que estuvo abocado a efectuar un diagnóstico de cómo funciona la economía uruguaya, cuáles son las prioridades de la sociedad, cuáles han sido los resultados de los programas en que participa la Comisión Europea, etc. A continuación se publica un resumen de la entrevista concedida a ECONOMIA & MERCADO.

—¿Ya se tiene alguna idea hacia qué áreas deberían enfocarse los recursos que dará la Comisión Europea en el próximo quinquenio?

—En diálogos con la OPP y la Cancillería se ha acordado privilegiar la asignación de recursos para los ámbitos de la innovación tecnológica, investigación y desarrollo por un lado, y el apoyo a la cohesión social y territorial por el otro.

—¿Cómo evalúa la posibilidad de asistencia de la Comisión Europea a la innovación tecnológica?

—Este es un campo de interés específico para contribuir con recursos a futuro, sobre todo para fortalecer las orientaciones que el gobierno ya está tomando. Ha habido una declaración explícita para dar prioridad al área de la investigación y desarrollo (I+D), lo que se ha señalado en diferentes documentos y en el decreto aprobado en abril pasado. Allí se establece un gabinete de innovación, en donde se reúnen ministerios y dependencias oficiales que están llamados a desarrollar un Plan Nacional de Innovación, que ya está en su fase de reflexión. La Dirección Nacional de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura está tratando de identificar los elementos que van a conformar ese plan.

—¿En qué áreas específicas podría contribuir la Comisión Europea a promover la I+D en Uruguay?

—Hay tres temas en que seguramente se tiene que trabajar más. Uno es la institucionalidad para poder promover más I+D; el segundo son los mecanismos de asociación o las redes que puedan generarse en esta materia; y el tercero es el financiamiento de dichos procesos.

En el primer ámbito, hay proyectos importantes en marcha para repensar la institucionalidad, incorporando no sólo al sector público sino también al privado. El Estado ha jerarquizado esta responsabilidad con el decreto que ya mencioné, así como con el diálogo amplio que sostiene con diferentes actores para desarrollar ese plan en un ámbito institucional que lo cobije y que más adelante establezca algún mecanismo que permita reconocer el rol del sector privado en este esfuerzo conjunto. Es lógico que así sea porque en la experiencia internacional la I+D se basa fundamentalmente en el apoyo empresarial, mientras que el sector público genera un marco estratégico institucional, establece algunos fondos de capital semilla, crea algunos mecanismos de coordinación público-privado y aprueba reglamentos que dan seguridad jurídica a dicho proceso. Por consiguiente, el grueso de los recursos en este tipo de emprendimientos deberá proceder del sector privado.

—¿Qué redes de I+D serían factibles de construir en Uruguay?

—Habrá que identificar mecanismos adecuados de asociatividad que permitan relacionar mejor las actividades del gobierno con las del sector privado. Uno de los requisitos para lograrlo es la capacidad del país para generar profesionales en ciencias básicas, lo que va a permitir una base sobre la cual pueda construirse un sistema de I+D más vigoroso. Este es un eslabón de una larga cadena y un primer mecanismo de asociatividad tendrá que estar relacionado con las universidades. Luego, en una segunda etapa, vendrá la asociación entre lo que es la educación terciaria misma y las empresas privadas para que en conjunto puedan determinar áreas que generen una demanda importante de tecnología que irá desarrollando el sistema universitario. Podrá haber también otros niveles de asociación como, por ejemplo, firmas exportadoras importantes que requieran de insumos en condiciones de ser producidos por empresas uruguayas más pequeñas con innovación, investigación específica y mejores niveles de eficiencia y que le incorporen mayor valor agregado al producto que exporten.

Financiamiento

—¿Cómo se financiarían esos procesos dado que hasta ahora Uruguay ha destinado recursos muy limitados a la investigación?

—Se menciona que menos del 0.3% del PIB estaría orientado hacia I+D en Uruguay. Estas cifras son aproximadas porque no existe hoy una metodología que defina con precisión ese aporte. De todos modos, diferentes documentos están señalando dicha cifra y el gobierno uruguayo también lo ha citado de manera específica. El objetivo planteado por las actuales autoridades es incrementar la inversión en I+D al 1% del producto en un plazo relativamente corto, cuyo límite sería la finalización del mandato de esta administración, lo que representa triplicar el esfuerzo si se tiene en cuenta su nivel actual.

—¿Tendrá el Estado que aportar la diferencia para alcanzar ese 1% del PIB en I+D?

—No sólo estoy hablando de recursos públicos que se asocien a este proceso, sino que también es necesario identificar algunos mecanismos de financiamiento locales y del exterior para desarrollar diferentes iniciativas de I+D. Por un lado, se requiere apoyar a la investigación básica, que es aquella que se realiza en las universidades y centros privados, incluso enviando señales claras a los investigadores y a la sociedad en general de que el esfuerzo de innovación tiene beneficios. Por otro lado, el sector privado en atención a sus propios intereses seguramente estará dispuesto a costear proyectos, no tanto de investigación básica, sino más bien de I+D. La contribución del sistema financiero nacional debería sumarse en su momento, generando algún marco de financiamiento que, entre otros, fijaría plazos más largos para el repago.

Exportación de tecnología

—¿Se podrían exportar tecnologías de última generación?

—Uruguay tiene una capacidad muy interesante de innovación. No se está partiendo de cero en este tema porque la Universidad a pesar de sus actuales limitaciones, ha hecho ingentes esfuerzos para poder ofrecer a la sociedad espacios de investigación. Además, en las industrias farmacéutica y del software ya hay asociaciones de empresas locales funcionando y negocios en marcha basados en I+D nacional. Este será el camino a recorrer cuando empresas más grandes orientadas a la exportación demanden trabajo de las más pequeñas. Como el tamaño del mercado uruguayo no es muy grande, ese puede ser un trampolín para que se pueda avanzar en el camino de la exportación de los resultados de la I+D.