JORGE CAUMONT

Desde hace ya unos años, en nuestro país —y también en la otra nación del Río de la Plata— la costumbre de ajustar las cuentas del sector público y, en particular, las de la administración central con subas impositivas, ha creado la impresión general de que un ajuste fiscal es equivalente a un aumento de impuestos. Sin embargo, el sentido pleno de ese término incluye también a las rebajas impositivas, al incremento o baja del gasto público, a los cambios de la estructura impositiva, a la sustitución de impuestos o de gastos, a las modificaciones de la forma cómo se financia el resultado de la operativa pública y a otras cosas por el estilo.

En los últimos tiempos, la nueva administración y en especial el ministro de Economía, han dicho que no llevarán adelante un ajuste fiscal. No obstante, han hablado de la introducción de nuevos impuestos, de la realización de nuevos gastos, de la readecuación tanto de gravámenes como de egresos de la administración y de formas diferentes de financiamiento del resultado fiscal. En los hechos y en las propuestas han realizado y admitido que se harán ajustes en la gestión de las cuentas de la administración central. En su reciente exposición en la B´nai B´rith el Cr. Astori dijo, al extenderse sobre el futuro de la gestión fiscal del actual gobierno, que durante ella no habrán ajustes fiscales. Seguramente se refería a que no habría necesidad de aumentar impuestos, aunque debemos recordar su compromiso ante la ciudadanía y en la Carta de Intención del FMI, que se introducirá el impuesto a la renta de las personas físicas. Y que este impuesto necesariamente se aplicará sin sacrificios importantes de la recaudación de otros tributos hasta tanto no esté bien delineado y bien administrado, tanto en su recaudación como en su control. De acuerdo con mi concepción de ajuste fiscal, habrá ajuste y será sumamente profundo. Tan profundo como lo indica la propia nueva administración, que desea cambiar la estructura impositiva, suprimir algunos gastos e introducir otros.

PRESUPUESTO QUINQUENAL. El Ministro de Economía precisó en la referida exposición el alcance del presupuesto quinquenal. Aseguró que el gasto público real —es decir, una vez eliminado el efecto del alza de los precios— crecerá en promedio 16% a lo largo del quinquenio. Explicó que, a grandes rasgos, el gasto público uruguayo sin incluir las empresas públicas tiene dos grandes bloques. El primero, dijo el ministro, está constituido por los ministerios, la Justicia, la Educación y los organismos de contralor. Agregó que en un gasto total actual de unos 4.000 millones de dólares, ese bloque representa unos 1.800 millones. El otro, que incluye a los restantes 2.200 millones, está básicamente constituido por los intereses de la deuda pública, la asistencia del gobierno a la seguridad social, las transferencias a los gobiernos departamentales y otras transferencias. Astori hizo luego proyecciones y añadió que para el primer bloque se está trabajando con un incremento real de 28% para 2009 y que el otro bloque va a crecer 6%. Por lo tanto, dijo luego, que el promedio ponderado de incremento del gasto público —excluidas las empresas públicas— es 16% y que como el gobierno estima un crecimiento del PIB de 18% "no va a haber ajuste fiscal porque todo el crecimiento del gasto está financiado por el crecimiento de la producción".

Las previsiones del titular de Economía son numéricamente correctas. Pero, a la luz de lo que son las variables económicas locales e internacionales y las variables políticas que inciden en la evolución de la economía, la probabilidad "ex ante" que las previsiones oficiales se cumplan es, sin embargo, muy baja y, por lo tanto, muy temerarias sus afirmaciones, siempre absolutas como nos tiene acostumbrados el Cr. Astori. En economía todo es relativo, nada es absoluto, y ello por la propia definición de la ciencia económica. Al menos, el ministro debió haber dicho que se trata de metas y no afirmar rotundamente sus cálculos, fáciles de realizar pero rodeados siempre de eventos y circunstancias difíciles de anticipar, que generalmente afectan a las buenas intenciones que cualquiera puede tener.

La recaudación, como implícitamente lo acepta el ministro, será función de la actividad económica de los próximos cuatro años y medio y de la transición que se haga para implantar el impuesto a la renta de las personas físicas. La actividad económica resultará de lo que ocurra en el contexto internacional con los precios internacionales de importables (petróleo sobre todo), y exportables; de lo que ocurra con las tasas de interés en el mundo (las de corto y los rendimientos de largo plazo); de la propia actividad mundial (si sigue la expansión o habrá estancamiento y eventualmente recesión), y de la demanda resultante, y de las paridades cambiarias: dólar/euro, dólar/yen, dólar/yuan, etc. También de lo que ocurra en las volátiles naciones de la región, Argentina y Brasil. De la actividad en esos dos socios comerciales y de los precios relativos que surjan entre los de ellos y los nuestros. No menos importante será el efecto que el contexto político tenga sobre la actividad económica local. Asimismo, de los efectos que tengan decisiones —que no son nunca definitivas— de política macroeconómica (fiscal, monetaria y cambiaria). Como también será importante el resultado de los cambios estructurales que se puedan introducir y de los que poco conocemos. Finalmente, del propio devenir de las cosas, del humor de los capitales que se mueven tan volátilmente en los últimos tiempos, de la disponibilidad de recursos y de las obligaciones a cumplir, de definiciones institucionales y, sobre todo, del alcance que tenga la definición de los derechos de propiedad de los inversores. Y de muchas cosas más. Tal cual se aprecia entonces, hacer previsiones para el 2009 y sostenerlas de manera absoluta, y sobre todo creer su factibilidad total, es sumamente difícil, aun para un ministro maximalista —según la conceptualización de Mariano Grondona— como lo es el Cr. Astori.

De todos modos el ministro ha dejado traslucir, por lo expresado en la conferencia, lo que yo llamaría "una meta". Un objetivo sobre el cual se puede o no discrepar por lo ambicioso o por lo escasamente atractivo. Después de todo, al indicar el Cr. Astori que la meta del gasto de la administración central es aumentarlo 16% y la previsión del PIB es una suba de 18%, estaría también señalando que el gasto de la administración central bajará levemente en el período en términos de la producción total de bienes y de servicios de la economía uruguaya, tal vez menos de 0,5 puntos porcentuales del PIB. La baja del gasto anunciada puede considerarse ambiciosa o escasa, pero de todos modos tiene que evaluarse, además, en términos de la eficacia para alcanzar los objetivos del gasto y la eficiencia en el logro de los resultados.

EL GASTO. El ministro trasmitió, en definitiva, la intención de la administración económica de aumentar fuertemente el gasto de la administración central (16% en términos reales) pero tímidamente en términos del PIB (0,5%). La baja, para quienes deseamos menores avances del Estado sobre la economía de modo que se perfile un sector privado menos presionado fiscalmente, debería ser mayor y sentar bases incluso para lo que el propio ministro ha recalcado en otras oportunidades que desea: que el gasto público pueda cumplir una función anticíclica, que se expanda cuando el nivel de actividad disminuya y que se contraiga cuando ocurra lo contrario.

La referencia a dos "bloques" de gastos puede estar apuntando a la dificultad que siempre se menciona para bajar el gasto de la administración central. El ministro se refirió al gasto no discrecional. Sería el segundo bloque de los dos a los que aludió. Es difícil que se pueda actuar en el corto plazo sobre un gasto "inevitable" hasta cierto punto, los intereses de la deuda, las transferencias a la seguridad social, las transferencias departamentales, etc. De todos modos "algo" se puede hacer en ese terreno, considerando que bajo el rubro seguridad social, por ejemplo, hay erogaciones que no sólo no son imposibles de bajar sino que deben ser reducidas. También se refirió al resto del gasto de la administración central y dijo que representa el 45% del gasto total. En este caso, los egresos son relativamente más discrecionales y alcanzan a un monto cercano a 1.800 millones de pesos. Respecto a ellos se ha indicado únicamente la expectativa que se tiene sobre su aumento hasta 2009, la cual por supuesto es sumamente alta para los resultados que la economía obtiene con ese incremento. Nada se ha expresado sobre la eficacia del gasto en el logro de sus objetivos o sobre la eficiencia para alcanzarlos. Admitiendo que poco se puede hacer en el corto plazo en relación con el gasto no discrecional —aunque bastante se puede hacer en el mediano plazo de los cinco años de esta administración— no es, por otra parte, admisible no aludir a la necesidad que tiene el país de abatir el gasto discrecional. O al menos de hacerlo relativamente más eficiente de modo que haya un beneficio social mayor a la pérdida de utilidad social que en masa sacrifican los contribuyentes.

Los números señalados por el Cr. Astori nos dejan la idea que el actual período de gobierno será un nuevo lustro de avance fiscal con los consiguientes escollos para una expansión acelerada del sector privado.