JULIO PREVE

En mis últimos artículos destaqué un conjunto de lo que en mi opinión constituyen gruesos errores de enfoque en materia de políticas públicas, en particular por todo lo que se vincula con la confusión de lo público con lo privado que se exhibe desde el Ministerio de Ganadería. Se perciben allí buenas intenciones pero completa ausencia de ideas fuerza, de líneas maestras que permitan conocer cuál será finalmente la política agrícola.

A título de ejemplo he señalado que estamos por conocer los objetivos de la negociación agrícola en la Organización Mundial del Comercio o en el Mercosur, o que nos gustaría saber finalmente en qué mercados —de insumos, de productos o de factores— el Mgap se propone intervenir, con qué profundidad, con qué instrumentos, por cuánto tiempo, etc.

De todo eso, de política agrícola, quizás con la excepción todavía parcial del azúcar, no sabemos por ahora absolutamente nada.

Ello no obstante, la prensa ha dado cuenta de un episodio mayor de política agrícola, en el que el Ministerio de Ganadería no ha tomado parte pero que tendrá seguramente que operar en esa dirección: me refiero a las claras y enfáticas definiciones del presidente de la República sobre el tema del endeudamiento agropecuario, que me sorprendieron completa y gratamente; aunque pensándolo mejor quizás constituyan un colofón de una serie de episodios de igual dirección y distinta intensidad; el de estas declaraciones es sin duda el de más fuerte intensidad.

Tal vez todo comenzó con el intento del Mgap de colocar en la presidencia del Brou a un economista del MPP, hoy embajador, que no parecía responder a la línea económica que finalmente primó en la persona del actual presidente del banco, hombre muy firme, conocedor del mundo agropecuario y agroindustrial, que se ha manifestado siempre con claridad y contundencia en este tema del endeudamiento del campo. Con su liderazgo el Brou ha hecho mucho en este aspecto prioritario de la política agrícola, aunque por supuesto va más allá. A esta lista de hechos se suman las declaraciones oficiales de siempre en el sentido de descartar una solución legal, la implementación de flexibilidades de tipo administrativo y algo más: la visita de las autoridades, del propio presidente de la República a las carpas del Palacio.

Luego de todo esto Búsqueda publicó el 14 de julio declaraciones muy importantes del Dr. Tabaré Vázquez.

PALABRAS DEL PRESIDENTE. Habiendo avisado de palabra y de hecho, habiendo puesto a disposición otra solución administrativa, creo que llegó el final.

"Una enorme cantidad de uruguayos no debe y no tiene por qué pagar las cuentas de otro... No va a haber más refinanciamiento. ...Y esto quedó claro y debe quedar bien claro, porque todos los uruguayos no pueden pagar el problema de un determinado sector, como hay acreedores que tienen sus derechos que deben ser protegidos... Vamos a ser flexibles en el tratamiento del caso a caso, por la vía administrativa, respetando los contratos privados... Esto debe quedar absoluta, meridianamente claro...".

Más allá de esa claridad me gustan dos referencias: una, la vinculación directa de las deudas que alguien no paga, con el hecho de que necesariamente hay otro que lo hace por él. Quizás la crisis del 2002 ha servido para que la sociedad uruguaya, que antes hacía como que no lo sabía, cayera en la cuenta que los depósitos reprogramados o perdidos son los créditos que no se recuperaron. O que las elevadísimas tasas de los créditos al consumo, los que toman y pagan Doña Ramona y Don Fermín a descontar del sueldo para comprar una cocina, la gente más modesta, paga esos intereses en buena medida para compensar la exigua cobrabilidad de otras carteras pesadas. Este mostrar las dos caras del tema no era frecuente; más aún, recuerdo una encuesta que probaba que los uruguayos eran defensores del ahorrista y a la vez de las refinanciaciones de deudas: todo un manual del capitalismo sin lágrimas.

Y la segunda es la referencia a los contratos y a los derechos legítimos del acreedor. En nuestra sociedad estaba empezando a ser mal visto ser acreedor, titular de un acuerdo en forma. Es como que nadie advirtiera que el contrato, que es la ley entre las partes, constituye quizás la forma más práctica de visualizar el accionar de los hombres libres, que lo son en tanto capaces de asumir compromisos y responder por ellos.

Finalmente la lista de razones para repudiar lo firmado —con efectos en el acreedor, que en muchos casos somos todos los uruguayos— ya cansa un poco aunque siempre sea comprensible: sequía, inundación, tornados, heladas tempranas, tardías, retraso cambiario, devaluación, aftosa, vaca loca, maldad o incompetencia de los gerentes "emperrados" en fundir al cliente, etc. Es claro que en la relación contractual pueden operar cambios inesperados que hacen que se busquen algunas formas de conciliación de nuevos intereses, ya que el acreedor no busca ejecutar, aunque esta posibilidad debe quedar abierta so pena de no poder entablar una nueva negociación.

¿NO HABRÁ LEYES? Pero hay otro aspecto en el que el gobierno me ganó. En la anterior administración ocurrieron una serie de pasajes de deudas de sectores productivos a toda la sociedad, acordadas por leyes que todo el parlamento votó. Por ejemplo tenemos la situación que se vive en el precio de la leche, que paga entre otras cuentas, el endeudamiento de los tamberos. Tenemos la situación de algunos agricultores, beneficiados por una ley que les transfirió activos de la sociedad. Tenemos una ley que extiende el IVA a las frutas y verduras importadas para pagar con él las deudas de los granjeros de hasta 200 mil dólares (¡vaya pequeño productor éste, que debe doscientos mil dólares!). Esta ha sido la tradición.

Además muchos líderes de movimientos de deudores terminaron siendo candidatos de la fuerza política que ganó las elecciones.

Lo que yo esperaba era entonces una ley y no me parecía del todo mal, en tanto solo un gobierno que empieza y con estas mayorías, puede impulsar una ley que verdaderamente constituya un punto final. Yo señalaba que no se puede afirmar que una ley introdujera la inseguridad jurídica o comprometiera la oferta de crédito bancario al sector privado. Estos dos hechos eran, lamentablemente, parte de la realidad actual. Por esto, si no podía prosperar lo óptimo, esto es que cada cual peche con sus responsabilidades pagando sus cuentas o dejando su lugar a otro en la empresa. Si esto no es posible, hay situaciones que son peores que una ley de refinanciación, si ésta pudiera ser suficientemente explícita en su alcance, solo vinculada a bancos públicos, acotada y explícitamente costeada, y por supuesto en el comienzo de un gobierno.

Pero el gobierno sostiene el primer óptimo y mi pronóstico no funcionó. Ni habrá ley, ni se volverán a violentar contratos, ni habrá una fiesta a pagar por los uruguayos. Ojalá que este concepto se extienda también a otras áreas vinculadas a la producción de alimentos, que la sociedad toda financia en beneficio de pocos.