Lo grave del caso Peirano

IGNACIO ÁLVAREZ

Fue un gran bluf, pero sirvió para desnudar las debilidades de nuestros legisladores y el terror a pagar el costo político de su irresponsabilidad. En realidad, con la causa de los Peirano no pasó gran cosa: simplemente una formalidad jurídica por la cual no quedarán registrados sus antecedentes como delincuentes, si es que el caso no se reabre. Pero bien que se comieron sus cinco años de prisión sin condena y salieron en libertad por decisión de la Justicia después de purgar su pena, un año antes de que el Parlamento votara la polémica derogación de la que tanto se habló por estos días.

Por otra parte, el no tener antecedentes no les cambiará mayormente su vida, el BCU ya anunció que no les permitirá manejar un banco, y tampoco afectará su eventual extradición a Paraguay, de acuerdo a lo que expresó el juez de la causa. Aclarado este punto básico, la pregunta siguiente es por qué entonces se armó tanto revuelo.

Cuando trascendió la información la noticia pasó sin pena ni gloria, hasta que más de una semana después, el semanario Brecha publicó un informe donde señalaba a Gonzalo Fernández como el autor intelectual de la estratagema que terminó exculpando a los Peirano: pedirle al senador nacionalista Sergio Abreu que promoviera en el Parlamento la derogación de un artículo, que a la postre resultaría ser el que tipificaba el delito por el que los banqueros estaban procesados. Y para más suspicacias, el periodista Samuel Blixen recordaba que Fernández había sido asesor de los hermanos Peirano Basso cuando éstos se enfrentaron a la Justicia. "Carambola a tres bandas con casín", sentenciaba Abreu. "Fue un operativo; nadie es inocente", remataba la frenteamplista Margarita Percovich.

Entonces explotó la bomba. El tema sacudió a la opinión pública y nadie quería ser la madre del borrego. Abreu le dijo a Brecha que su propuesta de derogación del delito fue una "gauchada" frente a un pedido de Gonzalo Fernández. Pero Fernández respondió que sus huesos lo seguirían negando "desde la tumba pateando el cajón". Y los legisladores juraban y perjuraban que cuando derogaron el famoso artículo 76, no sabían que estaban votando la exculpación de los Peirano: mal todos.

Mal Abreu si se prestó a hacerle una "gauchada" de ese tipo al entonces canciller, para después pretender sacar la pata del lazo; y mal Abreu al recular en chancletas cuatro días después para gritar a los cuatro vientos que él no le hace gauchadas a nadie (¿en qué quedamos?). Más que carambola, rompió el paño.

Mal Gonzalo Fernández, que dando por bueno que no haya tenido como motivación beneficiar a los Peirano (¿qué sentido habría tenido, si el beneficio fue mínimo?), tampoco alertó a quienes lo consultaron de que una de las probables consecuencias de la derogación del delito era la clausura del expediente, con la consiguiente inexistencia de antecedentes para sus ex asesorados.

Y mal los legisladores que con cara de "yo no fui" pretendieron eludir su responsabilidad en el caso, basados en que no eran conscientes de que con su voto estaban contribuyendo a limpiar la foja de los Peirano. (Cuando el Parlamento trató el caso en el 2008, hacía cinco años que los Peirano estaban siendo sometidos a proceso únicamente por el artículo que ellos procedieron a derogar. No era algo tan difícil de averiguar). Pero mal también los legisladores después, cuando dijeron que "si lo hubiéramos sabido no lo habríamos votado". ¿Acaso eso sí habría estado bien? ¿No sería legislar con nombre y apellido, y dejar de hacer lo mejor para el país con tal de que Fulano o Mengano no se beneficien puntualmente de un efecto colateral desprendido de la aplicación de un principio jurídico elemental? Dicho de otra forma, y aunque duela en el alma: si los legisladores entienden que lo mejor para el país es votar algo que termina beneficiando a los Peirano, deben proceder sin hesitación. Porque el país está antes que los Peirano; y que sus carreras políticas.

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