IGNACIO ÁLVAREZ
Las dos principales noticias de esta semana reflejan lo mal que estamos por estos lares. Un país desabastecido de leche por el despido de un trabajador; y una presidenta que dice que no puede hacer nada para disolver un piquete que desde hace tres años y medio corta un puente binacional.
¿En manos de quién estamos? De un puñado de militantes que emplean la fuerza de forma ilegítima para perjudicar a millones de inocentes, mientras los gobiernos de turno evitan ponerse los pantalones y se preocupan por intereses menores, olvidando su prioridad, que debería ser el interés general.
Sindicalistas o piqueteros que se escudan en el papel del débil, pero que patotean como los más fuertes, sin argumentos. Porque ni Botnia contamina ni el trabajador de Conaprole actuó bien. Es más, cuando en la Radio le pregunté a un dirigente gremial si ellos negaban que su compañero hubiera entregado mercadería sin facturar, su insólita respuesta fue "ni lo niego ni lo afirmo". Pero aún así toman medidas que afectan la distribución de leche y paralizan las exportaciones.
Según la empresa, aquí se incurrió en un robo, donde por algo hubo cuatro personas procesadas: la maniobra consistía en vender por izquierda los productos lácteos, para quedarse con el dinero que le jopeaban a la empresa. Y si bien la Justicia no pudo probar que el trabajador en cuestión tuviera responsabilidad penal, Conaprole entiende que incurrió en notoria mala conducta porque mientras cumplía la función de fiscal despachador, entregaba la mercadería sin facturar a los procesados. Y la empresa lo tiene registrado en filmaciones que fueron mostradas al propio sindicato: "Vemos que este hombre le entrega mercadería a una persona que fue procesada, sin facturar. Pero no un porcentaje de un 5 o un 10 por ciento menos: un 50, un 100, y hasta un 300 por ciento; una cosa totalmente descarada", explicó el director de Conaprole Wilson Cabrera en el programa "Las cosas en su sitio", de Radio Sarandí.
El papel del gobierno tampoco fue muy feliz. En un principio, el Director de Trabajo Julio Baráibar criticó el despido, basado en que la Justicia no había encontrado pruebas de que el trabajador hubiera cometido delito. Pero debería saber que un trabajador no necesariamente debe cometer un delito para que su despido esté justificado. La "notoria mala conducta" está regulada en el decreto 162/009, y supone acciones dolosas por parte del trabajador, aunque éstas no configuren un delito.
Pero además, mal que nos pese -y el común de los mortales bien lo sabemos- el patrón tiene el derecho de echar a quién quiera. Por algo es el dueño de la empresa, y hace con su dinero lo que quiere. Claro que si corresponde tendrá que indemnizar al trabajador de la forma en que la ley lo establezca. Pero aún en el peor de los casos de un despido abusivo por discriminación, no se puede obligar a un empresario a reintegrar al trabajador, salvo que se trate de un despido antisindical, que no es el caso en cuestión.
De todas formas, la situación actual plantea un conflicto de hecho y de derecho, sin una salida clara. El sindicato se apoya en su derecho constitucional a decidir medidas como los paros y el trabajo a reglamento, y la empresa puede invocar el igualmente constitucional derecho de propiedad. Sólo frente a una eventual ocupación, la legislación podría habilitar el desalojo por medio de la policía; pero en las actuales circunstancias el diferendo queda librado a la voluntad de las partes; y a su madurez.
Por otro lado, la propuesta del Ministerio de Trabajo de enviar al trabajador al seguro de paro mientras se negocia su situación, no es más que tirar la pelota para adelante, y plantea una posibilidad jurídicamente inviable: porque cuando un trabajador es despedido por mala conducta, no le corresponde el seguro de paro.
Sería bueno tener presentes las recientes palabras del presidente Mujica, que criticó "el fanatismo de algunos dirigentes sindicales. Hay gente que no quiere nada y que el sueño es vivir de conflicto en conflicto. Pero la marcha de la sociedad no es fanática, y cuando no se logra una salida negociada a un conflicto, suelen quedar de rehenes los más débiles".
Y también sería bueno que Mujica y el gobierno todo mostraran determinación y coherencia a la hora de marcar la cancha. Porque como señaló Pedro Bordaberry en el programa "Claves políticas" de Nuevo Siglo: "Yo creo que el Presidente está plagado de buenas intenciones, pero lo que vemos es que falta trabajo de equipo, falta metodología para concretar las cosas. Un día decimos que no va a haber más feriados, al día siguiente decimos que no los vamos a tocar. Un día decimos que no va a haber más concursos para entrar a la Administración Pública, al día siguiente decimos que sí los va a haber. Un día decimos que vamos a sacar la norma de los 70 años para la prisión domiciliaria, al otro día decimos que no la vamos a sacar. Un día decimos que vamos a poner impuestos a las empresas del exterior y otro día decimos que no".
A 100 de días de comenzado el gobierno, es tiempo de tenerlo claro. igalvar71@hotmail.com