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En medio de una fuerte polémica con la oposición en torno a la independencia del Poder Judicial, el gobierno y el Frente Amplio se abrieron del planteo del MPP de promover un juicio político a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Incluso el propio Movimiento de Participación Popular (MPP) pareció rebobinar, cuando ayer en el Secretariado del Frente Amplio su representante, el edil Jorge Meroni, lejos de plantear el tema dijo que las declaraciones de la semana pasada de su sector no hablan de juicio político, y que se "interpretaron mal" las palabras de la senadora Lucía Topolansky, cuando el viernes 22 lanzó esa idea apenas se conoció el fallo de la SCJ que declaró inconstitucional la ley que levantó la prescripción de los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura.

El planteo de juicio político de Topolansky desató una reacción en cadena de la oposición. Ayer los expresidentes Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle y Luis Alberto Lacalle hicieron pública una declaración conjunta en la que advierten de "actitudes antidemocráticas" del Frente Amplio. Además, los tres partidos de oposición con representación parlamentaria también aprobaron sendas declaraciones en el mismo sentido. Incluso el Partido Nacional y el Partido Colorado solicitaron al Poder Ejecutivo el uso de la cadena de radio y televisión.

La polémica estuvo abonada ayer por una concentración en Plaza Libertad, donde cientos de personas convocadas por el Frente Amplio y el Pit-Cnt manifestaron en contra del fallo de inconstitucionalidad y el traslado de la jueza Mariana Mota.

FALLO SE ACATA.

"Las decisiones jurisdiccionales de la Corte se pueden compartir o no, pero hay que respetarlas", sostuvo ayer el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, luego de asistir a la asunción de la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz.

"El Poder Ejecutivo, en función de la separación de poderes, obviamente no se puede meterse en las decisiones jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia", afirmó el jerarca.

Guerrero sostuvo que es el Poder Legislativo el que sí puede iniciar un juicio político. "Obviamente un partido político puede promoverlo por intermedio de la institución que es la Asamblea Legislativa", dijo.

En tanto, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, sostuvo que "la decisión de la Suprema Corte se acata".

"El FA peleó por la democracia cuando muchos no estaban y no participó en ninguna asonada como manifestó Sanguinetti. La decisión de ocupar la Suprema Corte fue de gente autoconvocada", dijo Brenta en referencia a la ocupación del Palacio Piria, sede de la SCJ, el viernes 15 cuando se concretó el traslado de Mota de una sede penal a otra civil.

Brenta agregó que el fallo de inconstitucionalidad de la SCJ expone a Uruguay "a ser cuestionado a nivel internacional y esto no significa desconocer las potestades de la Corte". Brenta participó ayer de la concentración en Plaza Libertad.

Por su parte, el secretario político del Frente Amplio, Gustavo Rey, dijo a El País que el juicio político a la SCJ no está planteado por el fallo de inconstitucionalidad, sino por "la negativa" de la Corporación de consultar al fiscal de Corte para el traslado de la jueza Mota.

"Se planteó como último recurso para no descartar la herramienta en el análisis de la situación. Es decir, ni siquiera lo están proponiendo", sostuvo Rey.

La presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, dijo ayer que antes de llegar a ese extremo se deben agotar los caminos parlamentarios, como el pedido de informes por escrito a la Corte.

Por su parte, el Ejecutivo del Partido Socialista entendió que no corresponde llevar adelante una instancia de juicio político a la Corte.

"Lo que sí estamos atentos es a la fundamentación por el traslado de Mota, porque las razones de servicio no son fundamento de recibo", dijo a El País el diputado socialista Julio Bango.

PRESIDENTES.

Tres de los cuatro expresidentes -los colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle y el nacionalista Luis Alberto Lacalle- dieron a conocer ayer una declaración ante la "preocupante situación institucional que ha provocado el partido de gobierno".

La declaración, de tres puntos, señala que "no es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial". Sobre el traslado de la jueza Mariana Mota, señalan que "hiere la conciencia republicana" que este hecho "desate una tormenta de ataques que llegaron hasta una asonada" en la sede de la SCJ "sin que el gobierno exprese su repudio y actúe en consecuencia". Y en el último punto hacen referencia a los dos referéndum que ratificaron la ley de Caducidad en 1989 y 2009. En ese sentido, consideran "inadmisible que se sigan despreciando dos consultas directas a la ciudadanía en clara violación de la soberanía popular".

"Por todo lo cual, levantamos nuestra voz de alerta cívica ante el retorno de actitudes antidemocráticas que dividen peligrosamente a la sociedad uruguaya y que, de no superarse inmediatamente, arrastrarán al país a tiempos de confrontación que no deben repetirse", concluye la declaración firmada por Sanguinetti, Batlle y Lacalle. Allegados a los exmandatarios dijeron a El País que no se invitó al expresidente Tabaré Vázquez para "no ponerlo en el compromiso" de firmar una declaración en contra de su partido político.

PARTIDOS.

Además de los expresidentes, los tres partidos de oposición aprobaron declaraciones en el mismo sentido.

El Directorio del Partido Nacional dijo que la actitud del Frente Amplio es un "avasallamiento a la independencia del Poder Judicial". Agrega que la "presión" o "descalificación" al Poder Judicial "tienen por objeto influir y orientar sus decisiones jurisdiccionales, y afectar la independencia de los magistrados en las distintas instancias del sistema, para condicionar sus decisiones". En consecuencia, condena la "promoción de acciones y manifestaciones realizada por el partido de gobierno", y en particular la concentración de ayer en Plaza Libertad, "que solo buscan provocar una nueva división en nuestra sociedad".

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado dijo que el país "sufre" un "gravísimo ataque a la independencia judicial" y un "conflicto institucional". Los colorados ven con "preocupación la forma en que el Frente Amplio retorna a las prácticas autoritarias que practicó antes de la dictadura y que tanto daño le hicieron a la democracia uruguaya". Además, los colorados consideran que "no es aceptable que la bancada parlamentaria del gobierno pretenda desconocer el principio de separación de poderes, actuar como si la Justicia le estuviera subordinada y llegar a amenazar a la Suprema Corte de Justicia con absurdos juicios políticos".

El CEN colorado resolvió también convocar a la convención del partido para el jueves 28, citar a una sesión del Senado para analizar la situación y solicitarle al Poder Ejecutivo el uso de la cadena de radio y televisión "para alertar a la ciudadanía ante la gravedad de la hora".

Finalmente, la Mesa Ejecutiva del Partido Independiente (PI) expresó "su apoyo irrestricto a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial fundamento del orden institucional de la República".

EMPRESARIOS.

También las cámaras empresariales hicieron sentir su voz ayer. En una declaración, la Asociación Rural, Cámara de Industrias y Cámara de Comercio, "advierten sobre su preocupación ante expresiones o acciones que pretenden socavar la autoridad de cualquier Poder del Estado". (Ver aviso en página A9).

MARCHA.

A las cinco de la tarde la calle San José ya estaba cortada con un vallado que impedía el tránsito por dos cuadras.

Las vallas protegían al edificio de la Suprema Corte de Justicia, que sin embargo no fue objeto de ningún escrache. Los manifestantes que se reunieron en la Plaza Libertad desarrollaron todos sus actos de espaldas al edificio que estaba custodiado por decenas de policías.

La manifestación fue pacífica. Cuando faltaban pocos minutos para la siete de la tarde, el murmullo de la gente se apagó para escuchar el himno nacional. Después siguió un aplauso que duró más de un minuto y cánticos varios. "Se va a acabar, se va a acabar la impunidad en el Uruguay", decía uno de ellos.

Había varios carteles. El exguerrillero tupamaro Jorge Zabalza sostenía uno con la leyenda: "Parlamentarios, no más cuentos. Hora de anular". También había un cartel firmado por el Sindicato de Pancheros que decía "No a la impunidad". "Tengo un dolor aquí, en la memoria colectiva", decía uno que estaba colocado encima de un cochecito de bebé.

Varias figuras del gobierno estuvieron presentes junto a los manifestantes. Se pudo ver a la flamante ministra de Salud, Susana Muñiz, y también al ministro saliente Jorge Venegas, ambos del Partido Comunista. También estuvo el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, y varios de los senadores y diputados oficialistas.

Sobre las ocho de la noche ya casi todos se habían dispersado. Solo quedaban unos pocos manifestantes, en pequeños grupos, conversando en la plaza ante la vigilancia de los policías que mantenían el vallado sobre el Palacio Piria.

La jueza Mariana Mota presentó ayer un recurso de revocación por su traslado de una sede penal a otra civil. El abogado de Mota, Antonio Rammauro, dijo a El País que el recurso plantea que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no cumplió con la Constitución a la hora de resolver el traslado. "Se debió haber escuchado al fiscal de Corte previamente y eso no se hizo", marcó.

La resolución de la SCJ estableciendo el traslado "no tiene motivación, fundamentación ni explicación, entonces se convierte en un acto arbitrario. Tenemos que presumir esto porque no sabemos cuáles son las causas", aseguró Rammauro.

"Como las causas no están escritas en ningún lado nosotros no tenemos otra opción que imaginar las causas y responder a los comentarios que hicieron integrantes y el vocero de la SCJ en el sentido que se habían cumplido ciclos, que había sumarios, que todos los jueces tenían que pasar por todas las materias".

El abogado dijo que tanto él como Mota confían en que la SCJ tiene "capacidad para revisar sus actos, reconocer que cometió un error y dar marcha atrás".