Descartan que militares patrullen calles

Inseguridad. El gobierno evalúa penas más duras a menores que cometan delitos graves

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El gobierno descartó utilizar a los militares para patrullar las calles y habilitar los allanamientos nocturnos como forma de mejorar la seguridad. Se maneja la posibilidad de crear un Código Penal Juvenil.

Fuentes gubernamentales señalaron a El País que "no está planteado" dentro del paquete de medidas que analiza el Gabinete de Seguridad la utilización de militares para que recorran las calles de Montevideo.

En el gobierno se considera que los militares no poseen la formación ni el armamento adecuado para realizar este tipo de tareas de prevención. Además tanto militares como policías y buena parte de los jerarcas de gobierno rechazan esta medida.

En tanto, fuentes policiales indicaron a El País que el patrullaje de militares no es viable y que colisionará con el de la Policía. "¿Quién estará al mando de los procedimientos que realicen los efectivos castrenses? ¿El Ejército o la Policía?", se preguntó un oficial superior de la Policía.

También en el gobierno se descartó impulsar la habilitación de allanamientos nocturnos, ya que primó la posición de que la inviolabilidad del hogar es una garantía constitucional que se debe respetar, añadieron fuentes del Ejecutivo. Sin embargo, se analizan alternativas legales, entre ellas elevar las penas a los menores que cometan delitos graves y la internación compulsiva para los adictos a la pasta base, medidas que el presidente José Mujica ve con buenos ojos y otros miembros del gobierno no.

También se baraja la posibilidad de reflotar un proyecto del presidente del INAU, Javier Salsamendi, y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de crear un Código Penal Juvenil y un Código de Proceso Penal Juvenil, con el propósito de ampliar el marco de la responsabilidad penal de los adolescentes y que permita a jueces mantener los legajos de menores en caso de delitos graves.

"Estamos trabajando en forma reservada en el Gabinete de Seguridad, pero no hay nada resuelto. Cuando las medidas estén decididas las anunciará Mujica, quien se puso este tema al hombro", dijo un participante del Gabinete de Seguridad.

En ese paquete de medidas, la participación de los militares se restringe al control de ingreso a los penales de Libertad y Comcar mediante la utilización de scanners y detectores de metales portátiles, entre otros equipos. La concreción de esa medida llevará meses, ya que resta construir las salas donde se ubicarán los militares. Un equipo de técnicos de los ministerios de Interior y Defensa define la reglamentación de la ley que los habilita a controlar las visitas en las cárceles.

Dentro del paquete de medidas para disminuir la inseguridad se encuentra un capítulo tendiente a disminuir la reincidencia. Según datos del Ministerio del Interior, siete de cada 10 presos reinciden. Autoridades de la cartera señalan que esa elevada tasa repercute en los guarismos delictivos y se prepara una batería de "medidas preventivas" a través del Patronato de Encarcelados y otros programas estatales. Los ministerios de Desarrollo Social y de Educación colaborarán en esto. Aparte del "paquete carcelario", el gobierno pretende que la Jefatura capitalina intensifique los patrullajes preventivos al haber ingresado en la fuerza 360 nuevos agentes.

DÍA DE LUTO. Ayer lunes fue la tercera reunión en una semana del Gabinete de Seguridad, tras la que nuevamente por orden de Mujica sus participantes no hicieron anuncios referidos al paquete de medidas de seguridad que elaboran.

Fuentes del gobierno dijeron a El País que será el presidente quien anuncie las medidas y se maneja que lo haga el 19 de junio próximo, fecha en que se planteó realizar una "jornada por la vida", en base a una propuesta del senador colorado Alfredo Solari a partir del caso de los enfermeros asesinos.

Ya en abril, el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, dijo que comenzó a organizar una "jornada de luto" para reflexionar sobre muertes violentas que se producen en el país y barajó la fecha del 19 de junio, que el expresidente Tabaré Váz-quez institucionalizó como el "día del nunca más".

En tanto, el 22,1% de los uruguayos apoya medidas de "mano dura" contra la delincuencia, según un relevamiento del Barómetro de las Américas 2010, que compara a todos los países del continente. En primer lugar se ubica Paraguay (44,4% apoya la mano dura), Panamá (43,2%), Costa Rica (41,3%). En último lugar se ubica Guyana, con 5,4% y en penúltimo EE.UU (7,2%).

19 de junio: Esa fecha es manejada en el gobierno para anunciar medidas contra delitos.

Polémica por la intervención de los militares en combate contra el delito

La idea de emplear a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el delito ha causado rechazo entre los colorados, que consideran "riesgoso" el planteo, y cautela en otros sectores de la oposición. La polémica se desató en Twitter.

Hace algunos meses, el senador blanco Jorge Saravia propuso ampliar el campo de acción de los militares llevándolo al combate del delito en general. Semanas atrás, el senador Luis Alberto Heber, de Unidad Nacional (UNA), planteó acotar sus nuevas funciones a terminar con las bocas de venta de droga en Montevideo.

Ninguna de esas ideas tuvo una reacción del Poder Ejecutivo, hasta que en los días previos a las elecciones para presidente del Frente Amplio, el senador Enrique Rubio, uno de los candidatos, planteó aumentar la severidad de las penas para los delitos violentos como el homicidio y la rapiña "cualquiera sea la edad de su autor, evitando que a los pocos meses se reitere la conducta delictiva".

En la misma línea, en esos días el diputado Walter De León (MPP) presentó un proyecto de ley para establecer que las bocas de venta de pasta base no se consideren hogares y por eso puedan ser allanadas en cualquier horario.

Ahora la polémica se trasladó a Vamos Uruguay y Alianza Nacional. El hecho detonante fue el planteo del senador Pedro Bordaberry en un artículo titulado "El péndulo y la culpa", publicado en La República, donde rechazó la participación de militares en tareas de seguridad pública bajo el argumento de que se corre el "peligro" de "pasarse para el otro lado".

Mientras no hubo reacciones de dirigentes de UNA, sector blanco más proclive a utilizar a militares en tareas de seguridad, el diputado de Alianza Nacional Javier García dijo que si bien las Fuerzas Armadas no están preparadas para oficiar en tareas propias de la policía "tampoco lo están para otras tareas y se las prepara".

MAYO AMARGO. Ayer de mañana hubo un enérgico intercambio entre ambos legisladores a través de sus cuentas de la red Twitter. La objeción de García al planteo de Bordaberry fue respondida por el senador con un: "Mayo amargo".

Febrero amargo es un libro del ex senador colorado Amílcar Vasconcellos sobre el desacato militar de febrero de 1973 que antecedió al golpe militar de julio de ese año.

El legislador de Alianza Nacional replicó que Bordaberry "puede estar confundido", porque "la seguridad es un derecho humano que debe garantizar la democracia. Amargo es no garantizar derechos humanos".

Bordaberry explicó que hablaba del partido de fútbol del domingo Nacional 2-Wanderers 0. "Yo me refería al partido de fútbol de ayer en el que tu cuadro le ganó al mío, ¿qué entendiste?". García respondió: "Vos sabés a que te referías y yo también". Entonces, el nacionalista optó por cortar el diálogo público y envió un comunicado a los medios.

En la nota el diputado blanco reclamó dejar de lado las discusiones teóricas y apelar a los militares "sin perjuicio ninguno ni para la democracia ni para el Estado de Derecho. Justamente porque la seguridad es un derecho humano que debe defender la democracia".

Añadió que "si el sistema político está a la altura de las circunstancias debe responder recobrando la autoridad que se perdió".

También ayer, el Comité Ejecutivo Nacional colorado pidió que se concrete en 90 días un acuerdo para aprobar varias leyes, alguna de las cuales tienen que ver con la seguridad pública, como el nuevo Código del Proceso Penal, y hacer del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente un servicio descentralizado.

Bordaberry: "Yo dije mayo amargo porque perdimos con tu equipo ¿qué entendiste?".

García: "Vos sabés bien a qué te referías, y yo también; vos podés estar confundido".

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