TV digital: canales recurren decreto

La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) resolvió esta semana presentar un recurso administrativo ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería para solicitar que se revean varios aspectos del decreto sobre TV digital que aprobó el gobierno a comienzos de mes, según confirmó a El País el presidente de Andebu, Rafael Inchausti.

El martes en una reunión en la que participaron representantes de los canales privados del interior y de Montevideo, se resolvió que en los 10 días siguientes a la publicación del decreto sobre TV digital, Andebu presentará en primera instancia su voluntad de recurrir para luego presentar el recurso oficialmente.

Los operadores de televisión privada entienden que el decreto "limita a los actuales operadores a conservar una licencia de segunda" que los "limitaría tecnológicamente", según Inchausti.

La norma establece que para acceder a un canal completo de TV digital los canales deben presentarse a un llamado abierto que les permitirá tener una licencia durante 15 años. Actualmente las licencias de los canales son por tiempo indeterminado.

De no presentarse al llamado, los canales solo tendrían una señal en formato estándar, sin poder acceder a la multiplicidad de señales y la alta definición que permite la TV digital.

Los canales también se oponen al pago de un canon en función de la facturación, tal como establece el decreto, y a la obligación de brindar ciertas "contraprestaciones", como ceder determinada cantidad de tiempo para campañas institucionales del Estado.

"Nosotros entendemos que eso es un precio por el uso de la frecuencia, que se denomina en este caso contraprestación, cuando según la ley vigente las radios y los canales de televisión están exonerados de pagar un precio por el uso de frecuencias", puntualizó Inchausti.

En tanto, el decreto establece que el canon que deberán pagar los canales se destinará a un fondo de producción audiovisual y aplicaciones de TV digital.

Los canales también rechazan esta posibilidad. "Por tratarse de la prestación de un servicio que llega a toda la población de forma gratuita, no debería aplicarse un castigo a la actividad sino, por el contrario, deberían encontrarse mecanismos de promoción", dijo Inchausti.