Amnistía Internacional advierte que baja de imputabilidad puede violar derechos de menores

El movimiento global Amnistía Internacional (AI) lanzó en los últimos días su Informe anual 2012 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo.

En su capítulo sobre Uruguay, AI reporta lo sucedido en el 2011 con respecto a la sentencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a Uruguay eliminar los impedimentos que bloqueaban las investigaciones y los enjuiciamientos por violación de derechos humanos cometidos durante la dictadura militar. En tal apartado, se menciona la responsabilidad que el Estado uruguayo asumió en cuanto a la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y el secuestro de su hija, María Macarena Gelman García.

Asimismo se destaca la aprobación de la ley que, en la práctica, anula los efectos de la ley de caducidad y revoca las normas sobre prescripción de delitos.

Con respecto a estos temas, AI aclara que seguirá monitoreando las políticas del Estado uruguayo para que las mismas sigan dando cumplimiento de los derechos, la memoria, la verdad y la justicia.

Por otro lado, el informe se refiere también al presunto abuso sexual a un joven haitiano por parte de cinco marinos uruguayos. Al respecto señala que el Estado tuvo una reacción positiva hacia la prevalencia de la verdad y la justicia y aclara que seguirá monitoreando que Uruguay continúe trabajando en esa línea y garantice a todas las partes una investigación imparcial, en un juicio justo y, en caso de comprobar responsabilidades, con una pena acorde y un resarcimiento justo.

Por otra parte, se recomienda que dentro de la implementación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, se tenga en cuenta la ejecución de un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, previsto en el protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, y que a través del mismo se preste especial atención a la situación actual del sistema carcelario uruguayo.

Sobre este punto, AI señala su preocupación. En primer lugar menciona la demora ocurrida en la implementación de las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas, que visitó el país en 2009, y hace especial hincapié en la situación de precariedad de las personas recluidas en el centro penitenciario de Santiago Vázquez.

Además, Amnistía Internacional Uruguay advierte sobre las discusiones que el sistema político esta tomando para abordar la problemática de la "delincuencia", especialmente la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad. Según Amnistía Internacional, el Estado es signatario de la Convención Universal de los Derechos del Niño y como tal debe garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y no responsabilizar de una problemática social a un sector vulnerable de la sociedad.

Por otra parte, el informe se menciona la gran preocupación que AI tiene respecto a los múltiples asesinatos de mujeres "trans" acaecidos en los últimos meses, así como el tratamiento de la información en los medios de comunicación.

En su informe, la organización instó a Uruguay a que garantice no solo la vida de las personas, sino la igualdad entre las mismas.

En cuanto a la violencia doméstica, AI manifestó su inquietud por el aumento de las muertes de mujeres víctimas de violencia doméstica, y solicitó al Estado a que trate con diligencia esta grave violación a los derechos humanos de las mujeres en el Uruguay.

La organización, solicitó al gobierno que actué de manera efectiva y permita el acceso a la justicia a las víctimas de violencia doméstica y castigue a los/as culpables.

En lo que refiere al tema aborto, AI consideró que el Estado uruguayo deberá tomar las medias necesarias para garantizar y proteger los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y niñas.