Seguridad: FA admite que surgen medidas producto de coyuntura

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Un crimen a sangre fría y una marcha de protesta provocaron un punto de inflexión en el debate por la seguridad ciudadana y obligaron al Frente Amplio a reaccionar para revertir el estado de opinión pública y los cuestionamientos de la oposición.

Un trabajador, padre de cinco hijos, que no se resiste a un asalto pero es asesinado. Una marcha que se convoca por redes sociales reúne a casi dos mil personas y exige medidas ante la sede de Presidencia. Una encuesta de la empresa Cifra que revela que para el 65% de los uruguayos la seguridad es su principal tema de preocupación. La oposición recuerda proyectos de ley presentados y no contemplados. Ante ese escenario adverso, el Frente Amplio reacciona y propone el endurecimiento de penas y admite que la "coyuntura" lo lleva a intervenir. El senador y candidato a presidir el Frente Amplio (FA), Enrique Rubio, se comprometió a "trabajar en forma urgente" para adoptar medidas que "reduzcan el daño indiscriminado" que sufre la población por el accionar de la delincuencia. El principal referente de la Vertiente Artiguista, opinó que "los delitos violentos, como la rapiña y el homicidio, deben ser castigados severa y adecuadamente, cualquiera sea la edad de su autor, evitando que a los pocos meses se reitere la conducta delictiva".

Asimismo, Rubio se mostró a favor de habilitar allanamientos nocturnos en las bocas de venta de pasta base, más allá de que sean viviendas particulares porque "son comercios que lucran con la miseria humana, reproduciendo pobreza y delincuencia". Ese punto ya había sido manejado por el diputado Walter De León (MPP), quien el mes pasado planteó aprobar una ley interpretativa de la Constitución que habilite a la Policía a allanar los puntos de venta de pasta base en la noche. A todo esto se suma que el presidente del FA, Jorge Brovetto, planteó que la Mesa Política de la coalición fije posición en torno a la problemática de la inseguridad.

Fue Brovetto fue el impulsor de que representantes oficialistas (como la diputada Susana Pereyra, esposa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi) asistieran a la marcha en reclamo de mayor seguridad que se realizó el lunes 14 frente a la Torre Ejecutiva.

COYUNTURA. La preocupación pública por la inseguridad se trasladó al FA y, de hecho, se están realizando propuestas sobre las que ni siquiera hay acuerdo dentro de la coalición.

Rubio dijo a El País que si bien "puede haber elementos de coyuntura" que incidan en los planteos del FA, destacó que las propuestas que él lanzó "son planteamientos más de fondo".

"Hay que discutir abiertamente todo el fenómeno de la violencia en forma integral, tanto sobre los aspectos sociales como los culturales que están generando que homicidas terminen comprando ropa en un shopping", señaló Rubio, en alusión al caso de La Pasiva.

Por su parte, el diputado Julio Bango (Partido Socialista) dijo: "tanto el contexto de los últimos acontecimientos tan terribles como las elecciones internas del Frente están motivando algunas opiniones sin un amase colectivo interno".

Indicó que no está de acuerdo con habilitar los allanamientos nocturnos como vía para combatir la pasta base ni tampoco está a favor de aumentar la severidad en las penas de algunos delitos.

Bango destacó que el año pasado el acuerdo multipartidario sobre seguridad permitió aprobar varias normas, pero lamentó que "en este momento aparecen soluciones mágicas de la oposición". "Entonces -insistió- se da un campo de cultivo para las soluciones mágicas y construir perfiles sin reflexión previa".

Por su lado, el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) reconoció que los últimos hechos de violencia están teniendo un efecto a nivel del FA. "Es posible que estén, de alguna forma, cambiando la opinión o pensamiento en relación a algunas cosas. Es una discusión que nos tenemos que dar", señaló a El País. En tanto, el diputado Aníbal Pereyra (MPP) consideró que la realización de propuestas en base a la coyuntura "es lo peor que puede pasar". "En cualquier tema, pero en este en particular, tenemos que ir a la lógica que se planteó en la multipartidaria, ya que todos en esos acuerdos vamos a buscar posturas comunes", declaró Pereyra a El País.

Mientras, el diputado y presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), lamentó que "se propongan soluciones que no son tales, porque se han aplicado y no han dado resultado".

Por eso Orrico, el único integrante de la bancada de Diputados del FA que es abogado, pidió "un encare más científico y menos político y no tratar de dar soluciones instantáneas".

MIEDO. "Son muchos los compatriotas con miedo en la gran ciudad, y esa sensación es legítima. Hay que reconocerla", dijo ayer el presidente José Mujica en su audición de M24.

Agregó que para solucionar la problemática se requiere el esfuerzo de toda la sociedad, ya que la Justicia y Policía por sí solas no podrán. Llamó a "no ser indiferentes, porque la masa indiferente por lejos es la mayoría aplastante". Uruguay debe "recuperar el clima de paz". "No debemos dividirnos como nación. Es lo peor que nos puede pasar", aseguró Mujica.

Casi dos de cada tres uruguayos (65%) piensan que el principal problema del país, hoy, es la inseguridad, y el 54% está a favor de bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, según una encuesta de Cifra divulgada esta semana por canal 12. Cifra recuerda en que 2007 solo el 13% de los encuestados decía que el principal problema era la inseguridad. La mayoría de la población estaba más preocupada por otros problemas, en particular la falta de empleo. Dos años después, sin embargo, pasó al primer lugar, posición que ha mantenido desde entonces. En 2010, el año en que asumió el presidente José Mujica, la inseguridad siguió siendo considerada el principal problema del país por una mayoría relativa, cuatro de cada diez uruguayos. A partir de entonces se observa una escalada de la preocupación; hoy el 65% dice que es el principal problema, y nueve de cada diez uruguayos lo ven como uno de los dos principales problemas.

El informe de Cifra aclara que esta última encuesta se realizó antes del último asesinato en un comercio. "Eso significa que estas respuestas no son una `reacción puntual ante un hecho`; reflejan un sentimiento más profundo".

Los diputados Iván Posada y Daniel Radío (ambos del Partido Independiente) presentaron esta semana un proyecto de ley que propone modificar varios aspectos del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) vigente desde septiembre de 2004. Los legisladores plantean establecer mínimos de internación para los jóvenes que cometan "conductas gravísimas". Además, Posada y Radío pretenden que los jueces deban computar no solo los atenuantes sino también los agravantes.

El diputado Luis Lacalle Pou (Aire Fresco) presentó un proyecto de ley para modificar el CNA en cuanto al máximo de cinco años de internación que prevé para los menores infractores. Lacalle Pou quiere que la duración de la medida privativa de libertad sea "acorde a la gravedad de la conducta".

En tanto, el diputado nacionalista Gustavo Borsari, en representación de la bancada de Unidad Nacional, presentó una iniciativa que permitirá a la Policía solicitar la identificación de las personas en la vía pública. La normativa vigente (ley de Procedimiento Policial) permite solicitar identificación en los casos donde la persona esté "requerida por la Justicia competente o fugadas". La iniciativa de Borsari, en cambio, plantea ampliar la potestad de la Policía para requerir identificación no restringiendo el accionar a determinados casos.

Por su parte, el diputado nacionalista Pablo Abdala (Corriente Renovadora) presentó una iniciativa para extender los beneficios (pensiones y asignación familiar) que existen por ley para los hijos de personas fallecidas en situaciones de violencia doméstica a los hijos de personas que perdieron la vida en cualquier hecho de violencia.

El diputado Walter De León (MPP) propuso el mes pasado un proyecto de ley interpretativo de forma tal de habilitar los allanamientos nocturnos en las viviendas particulares donde se venda pasta base. La Constitución prohíbe expresamente los allanamientos en viviendas tras la caída del sol.

Por otro lado, el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) anunció que en los próximos días enviará una minuta para enviar al Poder Ejecutivo para reducir las tarifas públicas o ampliar los plazos de pago para los dueños de pequeños comercios que sufran una seguidilla de robos.