El indignante asesinato a sangre fría de un trabajador en un bar montevideano ha revelado caras preocupantes de la sociedad uruguaya. Y no sólo la de ese menor antisocial que sin titubear le descerrajó un tiro a un padre de 34 años sin motivo ni justificación alguna, para luego irse a gastar su botín comprando ropa deportiva en un "shopping".
Casi tan alarmante como eso ha sido la reacción social. Por un lado la de un sector de la población que, desesperado ante el clima de violencia que vive el país, al calor de los hechos reclama medidas drásticas y a veces exageradas. Algo si se quiere comprensible ante el nivel de salvajismo de algunos episodios delictivos, y la falta de respuesta de las autoridades. Pero en el otro extremo del escenario también se están viendo excesos incomprensibles e inaceptables.
Parece que un sector de la opinión pública, azuzado por dirigentes políticos del gobierno, y algunos medios y comunicadores afines al oficialismo, se empeñan en enlodar el debate, convirtiendo el mismo en una cuestión de unos contra otros, ellos contra nosotros. O sea, que cualquier persona que reclame por la situación de inseguridad que ya nadie duda vive el país, se convierte al instante en un "facho", un derechista desalmado, un conspirador con aviesas intenciones políticas. Los ejemplos sobran.
Desde las palabras de la senadora Topolansky acusando al ex presidente Batlle de haber permitido el ingreso de la "pasta base", hasta los periodistas que se dedican a fiscalizar la tarea de sus colegas en función de la amplitud de la cobertura dada a un hecho de indudable relieve como este. Hemos llegado al punto donde el eje de la discusión en muchos medios y redes sociales es ver si tal canal dijo que fueron 2 mil personas a una marcha, o si la organización estuvo a cargo de un sector político. Todo en función de ver si la cosa beneficia o perjudica al gobierno de turno. Al punto de que circula por allí una parodia de un diario donde la portada son los presentadores de los informativos centrales de TV, caracterizados con el bigote de Hitler.
¿Acaso queda alguien en Uruguay que dude de que la ola de violencia e inseguridad es hoy una preocupación genuina de los uruguayos? ¿Se puede sostener por un segundo de que estamos ante una campaña mediática para perjudicar al gobierno? ¿Es acaso la gente tan idiota como para dejarse llevar de esa manera?
Lo que estamos viendo como consecuencia de estas acciones es un nivel de polarización social indignante. Un proceso que solo puede traer consecuencias negativas, donde los extremos se retroalimentan dejando a una mayoría de la sociedad en una situación de impotencia e incredulidad. Por cada loco que reclama pena de muerte para los delincuentes, aparece algún sociólogo o "experto" que dice que la cosa no es grave y que en México la pasan peor. Por cada propuesta política de aumentar penas de manera irracional, surge algún legislador oficialista que vuelve con lo de la "sensación térmica". Así no se puede seguir.
Es verdad que se trata de un tema que viene de años. Que las reformas penales como la ley de seguridad ciudadana que creó nuevas figuras e impuso medidas muy severas, no ayudó a resolver el problema. Y también que hay algún sector minoritario que aborda estos temas con intenciones políticas. Es parte de las reglas de juego de la democracia.
Pero también es verdad que las administraciones frentistas han encontrado un país con recursos como hacía décadas no se veía. Y que en vez de enfocar este tema con pragmatismo y efectividad, lo han hecho desde la ideología y el preconcepto. Se ha destruido la estructura policial con la politización extrema de los ascensos y nombramientos. Y con una sindicalización absurda fomentada desde el propio gobierno con intereses partidistas. Se han aprobado normas como el Código de la Niñez sin analizar si era adecuado para nuestra realidad. Y se ha banalizado la genuina inquietud social ante un problema trágico.
Cada vez que la ex ministra Tourné (cuya gestión quedó marcada por cosas trascendentes como haber cambiado el color de las camisas del uniforme policial) sale a dar cátedra sobre seguridad, el número de uruguayos dispuestos a votar para bajar la edad de imputabilidad crece exponencialmente.
Se trata de un espiral negativo, de extremos que se retroalimentan, y que impiden a la sociedad analizar y abordar con efectividad este problema lacerante.