Armada: funcionario de la Contaduría está implicado

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Un funcionario de la Contaduría General de la Nación se transformó en colaborador de la Justicia en la causa que investiga maniobras fraudulentas en la Armada, y por ese motivo la fiscal Mónica Ferrero pidió su procesamiento pero sin prisión.

La jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti fijará para la próxima semana (a partir del martes 22) las audiencias ratificatorias antes de resolver si procesa a varios oficiales navales y proveedores acusados por la fiscal Mónica Ferrero de participar en maniobras fraudulentas en 18 compras de la fuerza de mar.

La fiscal pidió la semana pasada el procesamiento con prisión del excomandante de la Armada, Hugo Viglietti, por el delito de fraude.

Viglietti, quien pasó a retiro en febrero de 2011, comandó la fuerza de mar en forma interina durante un mes en 2010, en medio del cese de Óscar Debali y la asunción de Alberto Caramés, quien renunció al cargo el lunes 14 y fue sucedido por Ricardo Giambruno.

La representante del Ministerio Público también pidió procesar con prisión a seis oficiales navales y a 13 proveedores, a quienes imputa por su responsabilidad en la realización de compras ficticias y también por irregularidades en varias licitaciones de la Armada.

La investigación judicial se inició en 2010, cuando fueron procesados varios oficiales, entre ellos el excomandante Juan Fernández Maggio, quien todavía está en prisión.

Los oficiales reconocieron que simulaban la realización de compras de forma tal de reingresar "fondos frescos" a la fuerza de mar.

"COLABORADOR". En los recientes pedidos de procesamiento que formuló la fiscal Ferrero, figura una solicitud para enjuiciar a un hombre sin prisión, debido a un acuerdo de "colaboración" firmado en base a lo que prevé la ley de Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de junio de 2009.

El "colaborador" que aportó datos a la fiscal es un funcionario de la Contaduría General de la Nación que cobró dos cheques a pedido de un marino, según supo El País.

De acuerdo con la solicitud de la fiscal, el "colaborador" debe ser procesado sin prisión por dos delitos de fraude en grado de coautor.

El hombre era amigo del marino Pablo Da Costa (quien ya estuvo en prisión junto a su colega Gerardo Feble, y a quienes la fiscal pretende ampliar sus procesamientos) y a su pedido cobró dos cheques en el Servicio de Hacienda y Contabilidad (Secon) de la Armada. Luego le entregó el dinero a Da Costa, según declaró.

En 2010, al marino Danilo Damonte también llegó a un acuerdo de "colaboración" con la fiscal y por eso a cambio de entregar información sobre otras irregularidades, fue procesado sin prisión.

LAVADO. La representante del Ministerio Público pidió a la jueza Gatti investigar en un expediente separado a Viglietti, los seis marinos acusados y también a los proveedores para quienes pidió procesamiento, por lavado de activos.

La fiscal Ferrero solicitó que en esa investigación -que buscará determinar si los indagados se apropiaron de fondos de la Armada en su beneficio- se dispongan embargos genéricos o específicos sobre los bienes de las personas investigadas.

Para la fiscal "no se ha probado documentalmente como corresponde que dicho dinero reingresó a la Armada y fue gastado en su beneficio legítimo" y por ese motivo corresponde iniciar una investigación por lavado de activos.

Por otro lado, la fiscal pidió la captura del empresario Gustavo Trocki y su esposa. Gustavo Trocki y su hermano Daniel son dos de los principales proveedores de la Armada y aparecen implicados en las maniobras. En 2010 ambos empresarios se radicaron en Israel.

Por su parte, el abogado Daniel Lamela, defensor de Viglietti, indicó que su cliente autorizó cambiar los rubros de varias licitaciones cuando en 2007 era comandante de Flota porque "fue mal asesorado".

Y por eso "está metido en un baile de cosas muy oscuras en las cuales él no tuvo nada que ver", dijo Lamela a El País.

"Que existió una irregularidad contable nadie lo niega, pero de ahí a que exista delito es otra cosa porque para eso se requiere la voluntad de hacerlo", agregó el abogado.

INDAGADO. El almirante Alberto Caramés, quien hasta el lunes fue comandante de la Armada, también está siendo investigado por las maniobras fraudulentas en la fuerza, y en breve la fiscal Ferrero decidirá si pide o no su procesamiento.

Caramés, quien pidió pase a retiro voluntario, declaró ante la jueza Gatti a fines de 2011 en el marco de una investigación que busca aclarar irregularidades en dos compras que realizó en 2007 de la Prefectura, cuando él era jefe de la Dirección de Material Naval.

El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, admitió en sesión secreta de la Comisión de Defensa del Senado que la renuncia de Caramés está vinculada con lo que pueda ocurrir a nivel judicial.

El contralmirante Manuel Burgos, quien por decisión del presidente José Mujica pasó a estado de disponibilidad, pidió al novel comandante de la fuerza de mar, Ricardo Giambruno, que se conforme un tribunal de honor que juzgue su actuación, dijeron a El País fuentes de la Armada. Burgos, quien ascendió a su actual grado en 2007, se desempeñaba como director de Personal Naval.

En la nota que presentó ante Giambruno, Burgos plantea que si bien en su momento declaró como indagado por las irregularidades en el manejo de fondos navales, la fiscal Mónica Ferrero no requirió su procesamiento. Por eso, el oficial entiende que la decisión de pasarlo a disponibilidad es una sanción encubierta para la cual no existe mérito.

El Poder Ejecutivo también pasó a disponibilidad (que en los hechos implica no tener destino) al contralmirante Federico Lebel, quien estaba al frente de la Prefectura Nacional Naval. Consultado por El País, Burgos confirmó que pidió la conformación de un tribunal de honor, aunque se excusó de brindar otros detalles ya que todavía no hay resolución.