Imputaron a Amado Boudou y a su novia por enriquecimiento ilícito

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El vicepresidente argentino, Amado Boudou, su novia, Agustina Kampfer, y dos de sus presuntos testaferros, Alejandro Vandenbroele y José María Núñez Carmona, fueron imputados por lavado de dinero, encubrimiento y enriquecimiento ilícito.

La denuncia fue realizada en carácter de particular por un periodista ante el juzgado federal del juez Ariel Lijo -quien también tiene a su cargo la causa Ciccone, la calcográfica a la que Boudou pidió salvar de la quiebra, que va a imprimir papel moneda y que ahora es dirigida por su presunto testaferro Vandenbroele-. Según expusieron los principales medios argentinos ayer el fiscal federal Jorge Di Lello requirió la apertura de la investigación para determinar la veracidad de la denuncias contra Boudou.

Específicamente la denuncia presentada ante Lijo pide investigar "las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial" de Boudou y de los sindicados como "sus testaferros" y empresas de Mar del Plata expuestas como "cercanas al Señor Vicepresidente". Entre otras cuestiones, se solicitó indagar sobre "la compra de terrenos en el exclusivo country del Partido de la Costa denominado Costa Esmeralda, localidad de Pinamar"; "su participación accionaria directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción Compañía de Valores Sudamericana SA, continuadora de Ciccone y London Supply SA; y en la locación `simulada` del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero"; y las "suculentas sumas de dinero depositadas en cuentas bancarias locales, tales como Banco de la Nación Argentina, Banco Francés, American Express y CitiBank, lo que no se condice con su sueldo de empleado público durante la última década".

Ante ello, "Di Lello pidió a Lijo que impulse la causa `contra las personas y empresas mencionadas` en la denuncia y que verifique si `podrían estar involucrados como accionistas y o integrantes de las sociedades` mencionadas y también solicitó que se ordenen pedidos de informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las declaraciones juradas patrimoniales de los denunciados, y resúmenes de movimientos de cuentas bancarias", según publicó La Nación.

Los denunciantes. El periodista de investigación Christian Sanz, quien se desempeña como director ejecutivo del medio digital Tribuna de Periodistas, junto a su abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, fueron quienes en febrero pasado realizaron esta nueva presentación ante la Justicia argentina.

En el expediente exponen que "el escándalo que salpica al vicepresidente en torno a sus vínculos con empresarios que oficiarían de testaferros suyos en negocios millonarios con el Estado -que recrudeció gracias a la adquisición de la exfirma Ciccone- no deja de deparar sorpresas día tras día"; agrega que "gracias al testimonio de la exmujer de Alejandro Vandenbroele, uno de los supuestos prestanombres de Boudou, se pudo descubrir la punta del ovillo de una trama que hoy ha impulsado una investigación judicial por supuestas negociaciones incompatibles que roza al referido funcionario"; y solicita: "se impute además a los supuestos testaferros del mencionado (por Boudou), entre quienes se encontrarían los Señores Vandenbroele, Núñez Carmona y Kampfer, disponiéndose ordenar la declaración indagatoria de los nombrados y de los accionistas e integrantes de las sociedades sospechadas, esto es, Compañía de Valores Sudamericana S.A., continuadora de Ciccone Calcográfica S.A. y London Supply S.A., entre otras, y eventualmente de las personas que participaron en las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial del imputado Boudou y cualquier otra que resulte de la pesquisa que se propugna".

Consultado por El País, Sanz contó que se presentaron como querellantes "para evitar que la causa se caiga en primera instancia y porque no creemos que la Justicia argentina vaya actuar mucho de oficio". Añadió que su investigación se inició en agosto de 2011 y recién a mediados de febrero pasado se realizó la presentación y que ahora todo depende del cauce que le den el juez y el fiscal. "Se trata de una denuncia que tiene relación con la causa de la exCiccone pero la amplía y excede porque pretende que se investiguen además otros vínculos", subrayó.

"La investigación duró varios meses, junto a mi abogado, Sánchez Kalbermatten, veníamos recopilando y cruzando documentación del boletín oficial, y los registros de propiedad del inmueble y del automotor y viendo que Boudou aparecía vinculado a muchas personas, a veces explícitamente, que a su vez tenían sociedades vinculadas a negocios que no eran muy claros en que los accionistas iban y venían", dijo, y agregó que incluso se detectaron firmas uruguayas aunque aún no han podido rastrear una pista certera en ese sentido. "Por ejemplo, en el caso de The Old Fund que se quedó con la ex-Ciccone, estaba vinculada a una firma uruguaya, pero nosotros no pudimos rastrearla demasiado porque cuando se llama no atiende nadie", denunció.

Fueros y cautela. Por su parte, Gregorio Badeni, profesor emérito de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y licenciado en Ciencias Políticas, dijo a El País que "es muy apresurado" sin-dicar al vicepresidente como autor de esos delitos y explicó que hasta tanto el juez y el fiscal de la causa den curso a la investigación es conveniente moverse con cautela.

"Hay que tener en cuenta que las averiguaciones recaerán sobre el vicepresidente y si bien puede ser sometido a un juicio penal -incluso ser objeto de citaciones-, tiene fueros por los que el juez puede adoptar cualquier tipo de medida siempre que esta no le impida ejercer su cargo y no lo obligue a presentarse en una indagatoria", señaló Badeni.

Asimismo, explicó que por más que esta nueva causa se sume o vaya en paralelo con la del caso de la ex-Ciccone, ello no agrava ni cambia a nivel judicial la situación de Boudou, por lo que la misma depende del desenvolvimiento que le dé la Justicia y en caso de comprobarse el hecho delictivo puede llegar a una sentencia condenatoria pero que el vicepresidente solo podrá cumplir cuando ya no esté en funciones. "Para que un juez pueda detenerlo sería necesario primero separarlo del cargo a través de un juicio político", explicó el especialista a la vez que agregó que esa situación no es la misma para los demás imputados a quienes a través del nuevo expediente se solicita citación, como el caso de Kampfer, novia de Boudou.

Sanz: "La investigación duró varios meses, cruzamos y recopilamos muchos documentos".

Badeni: "Para que un juez pueda detenerlo, sería necesario que lo separen del cargo".