Los municipales deberán identificarse

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En la Junta Departamental se aprobó un proyecto de decreto por el cual, entre otras cosas, se determina que los funcionarios municipales deberán identificarse con nombre y apellido.

El pasado jueves, la Junta Departamental de Montevideo, con respaldo de ediles de los tres partidos, aprobó un proyecto de decreto presentado por el edil Martín Bueno, del Partido Colorado, del sector Vamos Uruguay.

Después de que el Ejecutivo de la comuna promulgue la norma, se deberá generar una Cartilla de Derechos Fundamentales para los residentes de Montevideo. La finalidad es difundir entre funcionarios y habitantes sus derechos y obligaciones elementales, muchos de los cuales ya existen, pero se ignoran por falta de difusión, o simplemente no se aplican.

La cartilla comunicará algunos derechos básicos, como el de conocer el nombre y apellido del funcionario que está tratando con el ciudadano -por ejemplo, un inspector de Tránsito-, y los de su superior. Los funcionarios, por su parte, quedarán obligados a dejar por escrito y entregar al administrado cualquier resolución o información que estén brindando. Asimismo deberán examinar y reproducir cualquier expediente o documento que sea solicitado, salvo que se encuentre específicamente reservado.

La normativa también establece que en cada dependencia municipal con atención al público habrá un libro de quejas para el usuario.

Asimismo, establece que en las unidades de transporte colectivo urbano deberán estar visibles los nombres y apellidos del guarda y conductor, así como un número para quejas.

Las facturas de la Intendencia de Montevideo deberán contener al dorso, al menos una vez al año, estos derechos.

Todas las órdenes de servicio (multas) deberán contener también estos derechos. Y toda oficina de atención al público de la Intendencia exhibirá estas normas en lugar visible.

Para dar cuenta a la población en el proyecto de decreto se indica que "se deberá pautar en TV Ciudad al menos 20 minutos mensuales".

La idea de que la norma también incluyera la autorización a filmar a los funcionarios municipales cuando por ejemplo realizan procedimientos de inspección, fue la única que no llegó a concretarse.

No contó con la aprobación de los ediles de Frente Amplio, aunque en el Ejecutivo comunal existían voces favorables, como la del secretario general de la IMM, Ricardo Prato.

Cuando comenzó a hablarse del asunto, Prato dijo que "no hay ningún inconveniente" con que se filme un procedimiento ya que no se puede restringir el derecho de imagen, "salvo que se use para una publicidad o algo así", argumentó.