Piden procesamiento de una perita calígrafa por dar falso testimonio

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EDUARDO DELGADO

Un trabajo encomendado por la Justicia para determinar la antigüedad de una firma derivó en el inicio de una causa y el pedido de procesamiento de la perita calígrafa actuante porque el procedimiento que siguió no es fiable.

Fue pedido el procesamiento de una perita calígrafa por falso testimonio en un expediente judicial.

Se trata de una persona que es perita auxiliar de la justicia desde hace tiempo y que tuvo apariciones en programas de entretenimiento que hace algunos años emitió un canal de televisión abierta y en el que ella tenía un espacio dedicado a analizar el carácter de los entrevistados a partir de su firma.

Ahora, se presume que tras este caso se presenten nuevas denuncias penales, demandas civiles y se reclame que pericias suyas en otros expedientes sean revisadas.

Los informes de la Asociación de Peritos Calígrafos del Uruguay y de un perito calígrafo del Instituto Técnico Forense coinciden en que una pericia que la investigada dijo haber realizado para conocer la antigüedad de una firma "carece de un método científico de investigación".

Debido al accionar de la perito, el fiscal Juan Gómez solicitó a la jueza Mariana Mota el procesamiento "imputada del delito de falso testimonio, en su calidad de perita auxiliar de la justicia", indicaron fuentes judiciales a El País.

En su dictamen, Gómez señala que "es relevante la actuación de los peritos en la administración de Justicia" y que cuando en este caso "se afirma lo falso", la persona que lo hace incurre en falso testimonio y "afecta" su actividad, "con absoluta independencia de eventuales daños que pueda provocar a terceros".

El fiscal agrega que la forma en que concluye la indagada impide considerar que en su informe "la conclusión sea un mero parecer y por lo contrario es totalmente asertivo, contra la opinión de otros peritos, de abundantes citas bibliográficas y sobre todo contra el sentido común". En el caso que derivó en el pedido de procesamiento, esta persona fue designada para determinar la autenticidad y la data de una firma en un documento de un caso que tramita un juzgado de Familia referido a un inventario.

La perita realizó un informe en el que concluyó que la firma pertenece a una mujer y no fue adulterada por ningún medio. Posteriormente, el juzgado le otorgó 20 días para que complementara la pericia con la determinación de la antigüedad de la firma.

La perita sostuvo que cuando se trata de cotejar la antigüedad de firmas estampadas hace más de diez años no es posible determinar la diferencia de días, aunque se puede determinar fechas cada cuatro o seis meses aproximadamente. En su informe pericial indicó que procedió "al estudio detallado y metódico de toda la documentación referida, habiendo utilizado para ello instrumental óptico y lumínico adecuado, utilizando asimismo luz ultravioleta, infrarrojo, rasante, emergente, así como luz clara."

También dijo que estudió las tintas del documento y que "los exámenes físicos en la mayoría de los casos se basan en la distinción de los colores y matices en los trazos de tinta" y que "con la inspección ocular a la lupa se puede procesar la distinción", entre otras afirmaciones que hizo sobre su trabajo.

Concluyó en su informe que las escrituras estudiadas corresponden a una antigüedad de 148 meses a la fecha del estudio, siendo los valores aproximados (+/- 5 meses)".

Toda esa explicación de su pericia fue echada por tierra en el informe que realizó un perito calígrafo del ITF y otro documento de la gremial de peritos calígrafos.

En ambos casos se señaló que el método utilizado por la perita "no posibilita arribar a conclusión sobre la antigüedad de tintas". Agregan, además, que en materia de pericia caligráfica no es posible determinar categórica ni fiablemente la edad de las tintas y que cualquier método experimental a nivel mundial no es el que llevó adelante la indagada.

La perita a la que se pidió el procesamiento trabajó en Policía Técnica, para lo que presentó un certificado de la universidad complutense de Madrid, revelaron fuentes policiales.

En ese lugar fue acusada de irregularidades -entre ellas, que inventó su título y que solo cursó algunas materias en la universidad española- y fue denunciada penalmente por otro perito calígrafo, pero el expediente judicial fue archivado. Paralelamente, se le inició una investigación administrativa pero antes que se resolviera pidió licencia por problemas de salud y luego renunció, agregaron las fuentes.

Es perito calígrafo del Poder Judicial con ese título profesional y realiza pericias para abogados que contratan sus servicios. Tiempo atrás fueron planteadas dudas y cuestionamientos sobre la fiabilidad de algunas de sus pericias presentadas en juzgados de Young, Canelones y Montevideo, dijeron las fuentes judiciales consultadas.