ANTONIO MERCADER
Considerado "puerto sucio", es decir caro, lento e ineficiente, el puerto de Montevideo era un enfermo terminal hace exactamente veinte años. En total decadencia, con sus máquinas y grúas paradas, saturado por más de 5.000 empleados, avasallado por los sindicatos y completamente estatizado, era una pesadilla para los barcos que amarraban en sus muelles y la antítesis del puerto en expansión que hoy tenemos.
El proceso de cambio comenzó en abril de 1992 cuando se votó la ley 16.246 que lo abrió a la competencia entre las empresas privadas y la libre circulación de mercancías. "Si se privatiza el puerto quedaremos sin sindicato", había advertido el gremialista portuario Juan Castillo quien por entonces no era el capitoste del Pit-Cnt ni el candidato a presidir el Frente Amplio que hoy es. El sindicato sobrevivió a la ley, pero ahora está lejos de dominar la actividad del puerto como lo hacía antaño cuando los estibadores, por citar una de las diversas corporaciones que actuaban por allí, entorpecían las labores en los barcos o las paralizaban a su antojo.
La ley salvadora se votó en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, con votos blancos, colorados y -hay que resaltarlo- con el apoyo de algunos frentistas que desoyeron la prédica de Juan Castillo y los suyos contra lo que calificaban como "nefasta reforma neoliberal". Aplicadas las nuevas normas, liberado de los cepos que lo aprisionaban, el puerto se modernizó y creció, una tendencia que se mantiene hasta la fecha.
Prueba de ese desarrollo la ofrece su actual posición en el décimo tercer puesto entre un centenar y medio de puertos latinoamericanos según el ranking del 2011 difundido por la Cepal, una posición que supone una mejora de cuatro lugares respecto al año anterior. Así, sigue ascendiendo gradualmente en esa tabla cepalina que sólo registra el sector de mercancías transportadas en contenedores en la cual Montevideo figura con una cifra total de 861.164.
Aunque está claro que resta mucho por hacer y que el puerto debe seguir ampliándose y mejorando, reconforta comprobar el éxito de una reforma conquistada a pulso contra la voluntad de muchos que se decían -y dicen- progresistas aunque suelen ser en verdad conservadores camuflados. Arrancarle ese enclave estratégico a las corporaciones que lo asfixiaban y convertirlo en una usina de servicios eficientes fue una hazaña liderada por el entonces presidente de la Administración Nacional de Puertos, Eduardo Álvarez Mazza.
A dos décadas del inicio de tan fructífero proceso, nadie, ni siquiera los recalcitrantes de entonces, Castillo incluido, discuten la conveniencia de aquella reforma. Dos gobiernos del Frente Amplio no sólo han mantenido lo realizado por un gobierno blanco sino que lo han profundizado y hasta lo ensalzan sin empacho.
Por esas razones, sería bueno tomar la reforma portuaria como un ejemplo de los cambios que pueden lograrse en otros sectores estancados en nuestro país y sometidos, entre otras rémoras, al poder de los sindicatos. Uno de ellos es la educación, en donde el interés corporativo, tal como ocurría en el puerto, prevalece sobre el interés general que es mejorar la calidad de la enseñanza.
Tarde o temprano el impulso transformador llegará hasta la educación para desatar los nudos que la oprimen. Para conseguirlo -al igual que en el puerto- sólo se necesita un gobierno que ponga voluntad en hacerlo.