Aunque era previsible que cesaran a los directores del sistema carcelario después de los terribles episodios de los últimos días, la decisión del Ministerio del Interior no hace sino confirmar que, como norma, nuestros gobernantes no renuncian ni a palos por más que ellos o sus directos subordinados metan la pata. Por más grave que sea la falta, por más que se compruebe su total inoperancia, los responsables de los desastres que conmueven a la opinión pública siguen atornillados a sus cargos.
El Ministerio del Interior es un ejemplo en la materia. Este año 2012 viene discurriendo a razón de un asesinato diario en las calles, algo nunca visto en el país, sin que exista una respuesta a tono con la magnitud del problema. No hace mucho, en una sesión en el Parlamento, el titular de esa cartera recordó con ironía que bajo un gobierno blanco, veinte años atrás, se habían registrado 49 homicidios en 90 días, cifra que le pareció una enormidad. Nada dice ahora cuando bajo su égida se supera largamente aquella cifra.
En otros tiempos, una mínima parte de lo ocurrido en las prisiones hubiera motivado la salida del ministro o al menos una situación de crisis en torno a su continuidad en el puesto de mando. Presos muertos en incendios, en riñas entre bandas, en duelos criollos; libre circulación de drogas y armas de todo tipo dentro de los penales; una decadencia total en el interior de las cárceles; y como corolario, la muerte de un policía acribillado por un recluso. No hay reacciones acordes a la gravedad del tema.
Tampoco las hay en el INAU después que trece delincuentes juveniles salieron por la puerta en donde se supone debió haber vigilancia. Como en la conocida imagen de los tres monitos, nadie los vio, nadie los oyó y nadie dijo nada. Aunque se investiga para saber cómo lograron evadirse y hasta quizás algún día se detecte a un culpable, ninguno de los jerarcas del servicio sintió el llamado a abdicar.
Tampoco lo sintió el director del hospital Maciel ni los encargados de los diversos servicios que debían velar por la salud de sus pacientes, asesinados por los enfermeros que debían cuidarlos. Aunque la conmoción fue enorme y el caso tuvo incluso repercusión internacional con una publicidad negativa para el país, no se registró siquiera un ademán de renunciar por parte de los responsables, ministro de Salud Pública incluido. Todos siguen en sus cargos como si no hubiera pasado nada.
Si eso sucede sin que resuenen protestas masivas es porque se ha vuelto costumbre esa conducta de seguir en funciones a pesar de los errores cometidos. Tan es así que ni siquiera a la responsable del descalabro del Censo 2011, terminado a los porrazos en 2012, se le ocurrió presentar su dimisión. Lo mismo cabe decir, en el plano municipal, de quienes vienen fracasando una y otra vez en la limpieza de Montevideo, o de los directores de los servicios a cuyo cargo estaban el siniestrado Cilindro Municipal o los árboles del ornato público caídos en Carrasco en letal seguidilla. Sobre esas fallas, como en tantas otras, nadie se da por aludido.
Tan generalizada está esa actitud entre nosotros que a fines del año pasado cuando amenazó con irse el presidente del Codicen de la ANEP, José Seoane, pareció que el mundo se venía abajo. Por fin un jerarca ponía su cargo a disposición. Fue cuando Secundaria rechazó el proyecto de darle mayor autonomía a ciertos centros educativos. La conmoción fue tal que el Presidente de la República debió intervenir para sostener a Seoane en funciones y despedir a dos consejeros de Secundaria.
Lo de Seoane fue una excepción a la regla porque la actitud habitual de los máximos responsables de servicios prestados con fallas garrafales es poner cara de "yo no fui" y seguir adelante. Claro que eso funciona mientras el presidente no imponga su autoridad y los declare cesantes, algo que hizo con Ana Vignoli, la exministra de Desarrollo Social que en el último invierno, en un Consejo de Ministros, mostró más interés en hablar de un viaje a Río de Janeiro que de los seis indigentes muertos de frío en las calles. El presidente la fulminó en el acto.
José Mujica tendría que actuar así con más frecuencia porque su tolerancia ante jerarcas incapaces de renunciar cuando debieran hacerlo terminará por rebajar los parámetros de responsabilidad de todos los funcionarios y por degradar la tarea de gobierno.