TV para abonados: empresas preocupadas

Acciones judiciales y políticas contra decisión del Ejecutivo

Las empresas de TV para abonados que utilizan frecuencias afirmaron que ven comprometido su futuro por resoluciones del Poder Ejecutivo que afectan sus servicios y que iniciaron acciones judiciales y políticas para revertir la situación.

Un comunicado de la Cámara Uruguaya de TV para Abonados (CUTA) señala que en el país hay 100.000 hogares que reciben el servicio de televisión para abonados a través de 17 empresas que utilizan sistemas inalámbricos para brindar el servicio, a través de la frecuencia de MMDS o UHF.

El texto afirma que el Poder Ejecutivo, "por medio de recientes resoluciones y decretos pretende reducir el número de frecuencias utilizado por dichas empresas".

"Estas empresas en muchos casos operan en el Uruguay profundo, en especial en lugares donde la población habita en la periferia de las ciudades o en la zona rural y no tienen acceso al cable o a la fibra óptica", indica.

Agrega que "en otros casos operan en ciudades capitales o sirven de transporte para prestar el servicio a otras localidades, que se encuentran en franca competencia".

"La Resolución 231/011 de la Ursec que reduce las frecuencias del UHF de 24 a 10 y limita la cantidades de señales a trasmitir en dichas frecuencias y el Decreto 754 del Poder Ejecutivo que refiere a la implementación del Pladimi (Plan de Digitalización y Migración), inviabiliza la operativa de las empresas en un marco de competencia cuando las nuevas tecnologías requieren mayor ancho de banda y en ambos caso se les reduce el mismo", dice la CUTA.

Añade que "las empresas asociadas a CUTA que se ven afectadas por esta problemática se encuentran muy preocupadas y han comenzado a hacer una serie de acciones a nivel del Poder Ejecutivo, en la órbita judicial y política en búsqueda de una solución consensuada".

En octubre del año 2011, la CUTA solicito al ministro de Industria, Roberto Kreimerman, la suspensión del Pladimi, no otorgar nuevos permisos y la formación de una comisión publico/privada que trabaje para viabilizar técnicamente dicho Decreto. "Hasta la fecha no hemos recibido del Poder Ejecutivo una respuesta al planteo realizado", dice la CUTA.

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