Oficialismo y oposición plantearon la necesidad de tener una actitud firme hacia las decisiones de los sindicatos policiales que, entienden, han sido las causantes del actual problema en las cárceles. La oposición pide un "shock de autoridad" y que el gobierno cumpla con la ley que dispone que los militares custodien las puertas de los penales y revisen a las visitas. Consideran que así se terminará con el ingreso de armas a los penales. En una postura de cautela, el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) dijo a El País que no comparte la decisión sindical de suspender las visitas y pidió "firmeza" y "paciencia" para que "las cosas se normalicen". "Es una situación delicada. La seguridad siempre nos preocupa", destacó el legislador del Frente Amplio.
El senador colorado José Amorín fue crítico hacia la gestión del Ministerio del Interior. Afirmó a El País que "la política carcelaria está bajo un descontrol absoluto", de lo cual responsabilizó al "gigantesco fracaso" de la política implementada durante la administración del ex presidente Tabaré Vázquez. Amorín dijo que quien inició el problema fue el exministro José Díaz porque, ante la situación de hacinamiento en las cárceles, "lo que se le ocurrió fue liberar a mil presos que no habían cumplido su condena. El problema sigue tan mal como hace siete años".
El senador de Propuesta Batllista afirmó que es necesario cumplir la ley que dispone que las Fuerzas Armadas custodien las puertas de acceso a los penales porque "es por allí que se provee de armas a los reclusos".
En tanto el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, destacó que el mayor problema en las cárceles "es el ingreso de armas". "Hay una crisis de autoridad muy grave en todo el sistema, una crisis que es el reflejo de la situación institucional de la policía", afirmó el legislador.