Los partidos con representación parlamentaria y el Poder Ejecutivo quieren que la inteligencia del Estado regule las distintas formas de cumplir con esa actividad sin violentar los derechos humanos y respetando las libertades individuales y garantías fundamentales.
Esta es una de las primeras conclusiones a que arribó la comisión de la Asamblea General que analiza la sanción de una ley que englobe las actividades de Inteligencia estatal, y que se maneja hasta el momento con un proyecto de ley redactado por el diputado José Amy, del Partido Colorado; lineamientos propuestos por el Partido Nacional; y con una referencia sobre las definiciones que el Frente Amplio entiende que debe tener el proyecto.
Además, en las últimas horas el Poder Ejecutivo envió un anteproyecto de ley a la comisión con sus consideraciones conceptuales sobre lo que debe ser el trabajo de la inteligencia, el que será agregado como insumo para el proyecto final.
Luego de las primeras sesiones de trabajo de la comisión bicameral, los partidos también acordaron, tras algunas discusiones, que la actividad en sí misma tenga un estricto seguimiento y contralor del Poder Legislativo, más allá de que el organismo responda directamente a la Presidencia.
Al respecto, el presidente de la comisión, el diputado José Bayardi, sostuvo que los legisladores tratarán de regular "el conjunto de la actividad, desde las definiciones hasta qué, cómo y por qué se puede hacer inteligencia", dijo en la última reunión.
En el texto que remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento, al que accedió El País, se señala que la inteligencia a todo nivel debe considerarse como "una de las funciones primarias en la conducción del Estado" porque sirve para detectar vulnerabilidades y amenazas, y el riesgo para los intereses nacionales.