En una demanda contra el Ministerio de Transporte en reclamo por el acceso al convenio de construcción del puente sobre la laguna Garzón, un legislador pide citar como testigo al ex-presidente Tabaré Vázquez y al exministro Víctor Rossi.
El diputado colorado Juan Manuel Garino (Vamos Uruguay), demandó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para reclamar por el acceso al convenio firmado por la cartera y las intendencias de Rocha y Maldonado, con una sociedad anónima manejada por el empresario argentino Eduardo Costantini para construir un puente sobre la laguna Garzón. En el escrito judicial, tramitado el miércoles 18 y al que accedió El País, el legislador le pide a la jueza letrada de primera instancia de lo Contencioso Administrativo, Cristina Cabrera, que cite al exministro de Transporte, Víctor Rossi, y al expresidente de la República, Tabaré Vázquez (2005-2010), para que, "como testigos", aclaren por qué no le dan una copia del convenio o, en su defecto, "faciliten su ubicación" si es que la secretaría no la encuentra.
La respuesta que recibió Garino esta semana, luego de solicitar el material amparado en la ley 18.381 de acceso a la información, no incluye el convenio celebrado el 16 de diciembre de 2008 por el MTOP y las dos comunas del Este del país implicadas en la construcción del puente sobre la laguna, con la firma Jaswik, una persona jurídica controlada por Consultatio SA, propiedad de Costantini. El MTOP le remitió la resolución del Ejecutivo que lo habilitó. Allí se indica que el Estado uruguayo aceptaba la "propuesta presentada" por el empresario argentino para la construcción en la ruta 10 del puente sobre la laguna que divide a Maldonado y Rocha. También se indica que el Ministerio de Transporte asumía la "obligación" de realizar el estudio y "aprobación del proyecto ejecutivo de las obras y de los recaudos correspondientes al pedido de precios".
Garino se quejó del tratamiento que el gobierno da a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), oficina que pretende llevar del Ministerio de Vivienda a Presidencia. A su juicio, la administración de José Mujica toma medidas que pasan por encima del organismo encargado de habilitar y controlar emprendimientos que afecten el medio ambiente. En ese sentido, denuncia también que en el contrato de confidencialidad del Poder Ejecutivo con la firma Montes del Plata, que construye una fábrica de pasta de celulosa y papel en Conchillas (Colonia), existen varias "irregularidades". "(Alberto) Breccia (secretario de la Presidencia) no puede establecer sin sustento alguno en el contrato, que los proyectos de Montes del Plata serán calificados como categoría `A` por parte de la Dinama y que `no requerirán de un estudio de impacto ambiental a nivel de predio`", dijo a El País. "¿Qué significa entonces, que no somos una República o un país, sino una agencia?", se preguntó.