La jueza especializada en crimen organizado, Graciela Gatti, procesó ayer sin prisión a un funcionario del Hospital Pereira Rossell que vendía desde hace al menos un año pastillas de Misoprostol a mujeres interesadas en abortar.
El funcionario, de 30 años de edad, trabajaba en una unidad del centro asistencial que brinda información a las embarazadas sobre los riesgos que conlleva la práctica abortiva.
Una vez detectada la situación, la dirección del Hospital Pereira Rossell radicó a fines de noviembre de 2011 una denuncia ante la Dirección de Crimen Organizado, cuyo Departamento de Vigilancia (que es dirigido por el subcomisario Yony Mezquita) dio inicio a la indagatoria policial.
Tras reunir todas las pruebas, el hombre fue detenido y conducido ante la jueza Gatti, que a pedido del fiscal Ricardo Perciballe, lo procesó sin prisión por el delito de "ofrecimiento comercial o venta de substancias genuinas por personas inhabilitadas para ello".
De todos modos, al funcionario del Hospital Pereira Rossell se le impuso una caución juratoria, mecanismo legal que implica una suerte de fianza donde el procesado sin prisión se compromete a no volver a delinquir, dijeron fuentes judiciales a El País.
Según declaró el hombre, vendía cuatro pastillas de Misoprostol (fármaco que en realidad se debe utilizar para tratar úlceras gástricas) a $ 5.000, según indicaron las fuentes.
La legalización del Misoprostol como método abortivo ha sido planteada en varias ocasiones por el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo.