La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) deberá hacer pública la lista de escuelas y centros de educación inicial que cuentan con la habilitación municipal y de bomberos, según resolvió el juez en lo Contencioso Administrativo de 3er Turno, Pablo Eguren.
El fallo judicial se produjo luego que el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) presentara una acción de acceso a la información pública en el mes de diciembre de 2011.
La ANEP también deberá informar sobre cuáles escuelas no están habilitadas por bomberos e intendencias así como el detalle de la cantidad de centros que brindan clases en aulas prefabricadas y en contenedores.
En la resolución, que fue dictada el 29 de marzo, el magistrado actuante instruyó que la entrega de la información se produzca con un plazo de 15 días corridos e ininterrumpidos que vence el próximo viernes 13.
Para Cainfo "la sentencia reafirma la existencia de una obligación específica del Estado respecto de la producción de información de alto interés público y de la tutela del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a acceder a la misma", según se desprende de un informe de la organización dado a conocer en la jornada de ayer.
El fallo de Eguren destaca la falta de diligencia de las autoridades de la ANEP en el momento de garantizar el derecho de acceso a la información solicitada. "Es destacable la situación en que se encuentra el abogado a cargo de la Unidad de lo Contencioso del Consejo Directivo Central cuando solicita información y el Consejo de Educación Primaria deriva la responsabilidad al Consejo Directivo Central, especialmente a su Dirección Sectorial de Infraestructura y a su vez esta se lo deriva aquella. No existiendo persona responsable para poder proporcionar la información a los actores", afirma el magistrado en su resolución.
El juez señala que la ANEP mantuvo un "accionar omiso" en el momento de "dar una solución eficaz en el trayecto de los tiempos que ha insumido la prosecución de estos obrados con un accionar negligente por parte de los servicios, nos inclinan a entender que corresponde acoger la pretensión y condenar en consecuencia".
Cainfo inició la solicitud de información en septiembre de 2011 frente al Codicen. Pasados los 20 días la organización no obtuvo respuesta por lo que se presentó ante el juez.