Sobre colegios y clubes deportivos

En estos tiempos de sorpresas -si es que todavía quedaba capacidad de sorpresa en la población-, la opinión pública tomó conocimiento hace un par de meses que la Dirección General Impositiva, en otro gesto de voracidad fiscal, se había lanzado sobre los colegios y clubes deportivos.

Al amparo de una lectura gastronómica del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) y cuando no le habían satisfecho las recorridas por los edificios de los balnearios, averiguando con los porteros quiénes habían alquilado sus apartamentos, o por las empresas de venta de automotores, tras los cero kilómetro para caerles encima, causó sorpresa el saber que también se habían presentado en las administraciones de los colegios privados y de los clubes deportivos, para averiguar quiénes mandaban allí sus hijos y cuánto pagaban por concepto de cuotas mensuales, con el propósito de inferir, a través de ellas, la capacidad contributiva de los padres y ver o tratar de ver si se reflejaba en las declaraciones de impuestos.

Fue otro paso más en esa invasión a la privacidad de quienes habitan en el país, que en este caso partió de una resolución de la Impositiva del 16 de septiembre del 2011 en la cual se estableció que las instituciones de enseñanza privadas e instituciones deportivas deberían presentar una declaración jurada anual informativa relativa a los importes documentados por la actividad que desarrollan. No fue un detalle menor encontrar en su texto y como fundamento un inciso perdido de un artículo del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera) que, como dijimos en su momento, choca de manera frontal con el artículo 28 de la Constitución donde se establece que "los papeles de los particulares… son inviolables y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación" en un principio establecido en la Carta de 1830 y que ya figuraba en la Declaración Francesa de 1789 y en la Universal de Derechos Humanos aprobada por Naciones Unidas donde se dispone que nadie podrá ser objeto de "injerencias arbitrarias en su vida privada y la de su familia". Llama la atención que este gobierno que ha querido aparecer como muy respetuoso de textos y fallos internacionales, y que incluso haya ofrecido el denigrante espectáculo de un pedido de perdón público -aunque parcial-, que compromete la dignidad de la Nación, más allá de los censurables hechos que invocan, y en el cual los penitentes son los autores de otros hechos iguales o peores de los que se arrepienten. Aquél mandoble dio lugar a que más de una veintena de instituciones presentaran recursos, acciones de inconstitucionalidad y reclamos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que en el caso de prosperar -y van a prosperar-, haciendo lugar a reclamos económicos, deberán trasladarse a quienes firmaron el disparatado documento, ya que no puede permitirse que el contribuyente común siga pagando de su bolsillo por los atropellos que comete el gobierno. Esa actitud se inscribió en una cruzada contra la privacidad emprendida por el Frente Amplio desde el gobierno, cuyos otros ejemplos -a cuenta de mayor cantidad-, pueden reconocerse en el establecimiento de una Central de Información de Riesgos Crediticios del Banco Central; en la orden a Escribanos y Casinos de averiguar el origen de fondos y apuestas; los casos ya citados de apartamentos en zonas balnearias y automotoras; el intento de crear delegados presidenciales en varios departamentos del interior; la nunca debidamente aclarada creación de un cargo de Coordinador de Servicios de Inteligencia, dependiente única y exclusivamente del Presidente de la República y otras perlas que desbordarían, o más bien inundarían los límites de esta página. La última batalla en ese sentido, se está librando en los estrados judiciales ante los cual protestaron los damnificados y las instituciones, fundados en sólidas razones jurídicas y acompañados por opiniones vertidas en la prensa por calificados especialistas, dando lugar, se dice, a numerosos reclamos. Cuando ellos se encuentran aún en trámite, se ha divulgado ahora que estarían por perfeccionarse los mecanismos de control, lo que significaría un acto de soberbia, y una escalada más en esa sucesión de arbitrariedades que precisamente no nos caracterizan ante los inversores como un Estado de Derecho.