Razonamientos defectuosos

Es sabido que las buenas intenciones no son suficientes para alcanzar buenos resultados. En los tiempos que corren, en lo que va del año, los uruguayos hemos tomado dolorosa conciencia de lo violenta que se ha vuelto esta sociedad que insistíamos en pregonar como pacífica. Durante el mes de enero, según las cuentas del Ministro Bonomi, hubo 30 casos de homicidio.

Las cifras de las armas de fuego que están en poder de la población parecen alarmantes, no obstante las dificultades de su contabilización. Lo que espontáneamente aparece como primera medida para enfrentar la ola de homicidios sería una referente a la tenencia y porte de armas de fuego. La prensa ha informado recientemente que el Presidente Mujica se mostró partidario de endurecer las penas por la tenencia ilegal de armas y anunció que, a la brevedad, se enviaría al Parlamento un proyecto de ley en ese sentido.

Sucede que, desde mayo del año pasado ya hay en el Parlamento un proyecto, con similar propósito pero diferente tenor, presentado por el Diputado Germán Cardoso del Partido Colorado. Este proyecto, como se verá, está mejor razonado que el que ahora se promete.

El proyecto de ley que prepara la Presidencia establece penas de prisión por el porte ilegal de armas. El razonamiento es claro y es el siguiente: al aumentar las penas la gente se sentirá disuadida a portar armas, sujetada por la amenaza de la pena.

Esta forma de razonar es la misma que han empleado las autoridades de la Intendencia de Montevideo como forma de responder a los brutales accidentes automovilísticos que acontecen periódicamente en la Rambla. Esas autoridades han procedido a bajar el límite de velocidad en algunos tramos de la Rambla sin advertir lo obvio: que los automovilistas que se estampan contra alguna palmera de la rambla a 140 kmts. por hora no han respetado ningún límite de velocidad y les da lo mismo que bajen de 75 a 60 el límite permitido.

De la misma manera el ciudadano que sale de su casa con un revólver al cinto para un ajuste de cuentas o para asaltar una estación de servicio le da, en ese contexto, muy poca importancia a las penas que correspondan al porte de armas y ni le interesa si se han tornado más severas o no. Suponer lo contrario es una ingenuidad: un razonamiento equivocado.

Mejor razonado y más sensato es el proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Colorado. En este proyecto se sanciona con entre tres y veinticuatro meses de prisión no la tenencia al barrer sino la tenencia de armas de aquellas personas que cuenten con antecedentes penales o que estén sujetas a un procedimiento penal sin clausurar. Los ciudadanos de prontuario limpio merecen otra presunción.

El problema grave que enfrentamos hoy los uruguayos es el de la protección y defensa personal y familiar, que no tenemos más remedio que encarar de forma privada ante la ineficacia de la protección pública general a la que tenemos derecho. Es cierto que han sobrevenido cambios culturales que no son imputables al gobierno pero sí lo es el criterio político-partidista con que se han elegido jerarcas del Ministerio del Interior: resultan inolvidables las fotos de Daisy Tourné en la ducha.