Una patraña inaceptable

El gobierno cometerá un doble error si hoy asume la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos entre los años 1968 y 1984, según se anuncia. El error principal es la declaración en sí misma, pero otro error grueso sería el de las fechas porque de confirmarse 1968 como punto de partida de tales violaciones se convalidará la ridícula tesis de que la dictadura empezó ese año.

Es una tesis propulsada por los "reescribidores" de la historia reciente y adoptada por instituciones como la Universidad de la República que colgó en su sede central y en varias facultades carteles que fijaron en 1968 el comienzo de la dictadura cuando todos sabemos que el golpe de Estado sobrevino en 1973.

Ese intento de antedatar el período dictatorial apuntaría a justificar, entre otras cosas, el alzamiento armado de los tupamaros. Si en 1968 ya había dictadura, Sendic, Mujica y compañía salen retratados como heroicos defensores de la legalidad y no como los miembros de aquel grupito de castristas iluminados alzados en armas para destruir la democracia.

Pero es misión imposible sostener esa tesis. Ante todo porque sus sostenedores no pueden explicar cómo fue que en el lustro 1968-1973, bajo un supuesto régimen de fuerza, rigiera un gobierno democrático, funcionaran los tres poderes del Estado, se fundara el Frente Amplio y se celebraran elecciones en 1971. Un escolar sabe que en dictadura nada de eso se permite.

Lo más irrisorio es que son insuficientes estos cinco años que buscan trampearle a la historia pues el movimiento guerrillero no solo existía en 1968 sino que arrancó antes, en 1963, como lo relatan sus propios apologistas. Es cierto que recién en 1965 los tupamaros "firmaron" su primer atentado (una bomba que destrozó la planta de Bayer), pero antes de eso asaltaron bancos, robaron armas y detonaron explosivos en las casas de tres miembros del Consejo Nacional de Gobierno: Washington Beltrán, Óscar Gestido y Luis Giannattasio (el 10/9/64). Aparte, a esas alturas jefes tupamaros como Sendic, Fernández Huidobro y Marenales ya habían sido arrestados y fichados alguna vez por la policía.

Ni entonces ni en 1968 imperaba una dictadura. Si ahora insisten en mencionar este año es porque quieren marcar la llegada al poder de Jorge Pacheco Areco y etiquetarlo como dictador, cosa que no fue aunque haya gobernado ciertos períodos con medidas prontas de seguridad, una suerte de estado de sitio que el Parlamento podía mantener o levantar según prevé nuestra Constitución.

Vale recordar que en la época hubo quienes enfrentaron a Pacheco Areco por medios democráticos, como fue el caso de Wilson Ferreira, que abatió a varios ministros de gobierno a través de la censura parlamentaria. Los tupamaros despreciaron esos recursos constitucionales que calificaron de "burgueses" y, como lo anunciaron en 1967 en su conocida carta abierta a la policía ("carta de El Pinar"), empuñaron las armas para conquistar el poder por la fuerza.

Afirmar que en Uruguay había dictadura en 1968 -o en 1963 cuando el movimiento dio su primer golpe- es un burdo intento de legitimar con retroactividad la violencia tupamara. Un intento ya insinuado por algún escriba oficialista de la historia reciente, ciertos voceros de izquierda y la Universidad de la República. Sería gravísimo que semejante patraña fuera elevada a la categoría de verdad oficial en el acto de hoy.