El magistrado del Crimen Organizado, Jorge Díaz, se presentará hoy ante el Parlamento para dar a conocer los planes que ejecutará en caso de asumir como fiscal de Corte, cargo para el que fue propuesto por el gobierno hace dos meses. El senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, dijo a El País que hubo "avances positivos" y es "muy probable" que su partido vote la venia. En el caso de los colorados, el senador José Amorin fue más cauto e indicó que hoy es una instancia clave para definir una posición al respecto. La presencia de Díaz en la comisión de Asuntos Administrativos será determinante para que reciba la venia para sustituir a Rafael Ubiría, quien renunció en diciembre de 2011.
Ayer Penadés entregó a sus pares oficialistas Lucía Topolansky y Daniel Martínez la propuesta del Partido Nacional para el nombramiento de nuevos integrantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Los blancos reiteraron que están dispuestos a dar sus votos para que el actual ministro de Tribunal de Apelaciones de Familia, Ricardo Pérez Manrique, y el ministro de Tribunal de Apelaciones Civil, Julio César Chalar, ocupen las vacantes que dejan los ministros Leslie Van Rompaey y Daniel Gutiérrez en la SCJ.
En el caso del TCA, los nacionalistas anunciaron que darán su respaldo al magistrado Juan Pedro Tobía (actual ministro de Tribunal de Apelaciones Civil). De la reunión de la víspera también participó Amorin Batlle, quien dijo a El País que hay disposición de su colectividad a votar los nombres propuestos por el Partido Nacional "siempre y cuando el paquete no se desate". Señaló que se espera el pronunciamiento del oficialismo, pero adelantó que no se aceptará que algunos de los nombres sea vetado.
El Frente Amplio se comprometió a dar una respuesta "a la brevedad". El senador Martínez dijo a este matutino que "hay una acercamiento importante" y si bien no se cerró nada, los planteos recibidos serán "conversados" internamente y se responderá lo antes posible.
Los miembros del TCA y la SCJ deben ser designados por dos tercios de votos de la Asamblea General.