Prisiones de la región condenadas por la crisis

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En una prisión llamada Esperanza, hay muy poca de ella para repartir. Los presos en la penitenciaría están hacinados en "las cuevas", llamadas así por los sofocantes espacios debajo de literas, desesperados por un lugar para dormir.

Otros se extienden sobre cada centímetro del suelo debajo de una profusión de cables de electricidad expuestos en sofocantes celdas sucias, hasta que pueden reunir los 35 dólares o más que necesitarán para comprar espacio en una litera de otros prisioneros. Esto se ha convertido en un negocio.

Esta es una de las 19 prisiones de El Salvador. Todas fueron construidas para albergar a 8.000 personas. En últimas fechas, hay 24.000, dejando la necesidad de colgar hamacas del techo o acostarse en el suelo, o en una biblioteca que está demasiado llena de prisioneros para darle cabida a un solo libro.

Este tipo de hacinamiento no es poco común en América Latina. Pero, después de que un horroroso incendio carcelario matara a 360 presos en Honduras el mes pasado y una matanza acabara con las vidas de 44 personas en México menos de una semana después, administradores carcelarios e investigadores están advirtiendo que el problema ha llegado a nuevos extremos.

La frustración popular hacia asesinatos, robos, violaciones y ataques ha llevado a represiones de las autoridades que hacen énfasis en los arrestos por encima de los enjuiciamientos, inflamando prisiones y cárceles a veces dos, tres o cuatro veces por arriba de su capacidad, con internos que típicamente nunca fueron sometidos a juicio, ya no digamos condenados formalmente.

En una prisión en San Pedro Sula, Honduras, Santos Vicente Hernández descendió a duras penas de una destartalada silla de ruedas y se arrastró por el sucio suelo para hacer uso del baño. Quedó paralizado durante un tiroteo y fue arrestado por alegatos de asesinato hace 12 años, pero sigue esperando juicio, dijo. En la penitenciaría donde está, casi dos tercios de los 2.250 reos -en una prisión construida para 800- no han sido condenados formalmente, demuestran estadísticas gubernamentales. "Preferiría estar muerto que estar aquí", dijo.

A LA ESPERA. Funcionarios venezolanos dijeron que el número de prisioneros a la espera de sentencia o juicio en su país había bajado a aproximadamente 50%, aunque observadores independientes estiman que esa cifra asciende a entre 66% y 70%. A lo largo de Honduras, 53% de los internos no han sido procesados o sentenciados, con base en funcionarios gubernamentales ahí. En Guatemala, la cifra asciende a 54%; en El Salvador, a 30%; y en Panamá, asciende a 61%, con base en información del Centro Internacional de Estudios Carcelarios, grupo de investigación con su sede en Gran Bretaña.

Observadores de los derechos humanos han hecho sonar las alarmas repetidamente con respecto al hacinamiento y el deterioro de las condiciones en las prisiones.

Después del incendio en Honduras, el cual se cree que fue causado por un cerillo o cigarrillo que se dejó accidentalmente en una cama, la oficina del alto comisionado de la ONU para derechos humanos lamentó una "alarmante patrón de violencia carcelaria en la región". Se llevaron a cabo audiencias.

Después se emitieron informes y luego se hicieron promesas. Pero, de todos modos, "Estaremos hablando de nuevo en dos meses porque habrá otro incidente y más", dijo Santiago A. Cantón, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha visitado 20 prisiones en la última década y emitido informes sobre varias de ellas. Él sabe que el mundo carcelario a menudo es un universo alternativo que está de cabeza, con escasa voluntad popular o política para enderezarlo.

"Nuestro presupuesto no tiene muchos recursos", dijo Nelson Rauda, director de prisiones en El Salvador. "Si la decisión está entre construir un hospital infantil o una prisión, ¿cuál creen que se va a hacer?".

ATASCADO EN LA MISERIA. El ciclo de desastre, muerte y denuncia se repite con macabra monotonía. Más de 100 reos murieron en un incendio eléctrico en 2004 en la prisión donde Hernández está detenido. Muy poco ha cambiado desde ese día. Las chispas siguen volando de cables en lo alto del patio cuando llueve. Las vigas siguen dobladas y desfiguradas. Cuando se preguntó que habían hecho oficiales carcelarios para mejorar las condiciones desde el incendio, un grupo de guardias echó a reír.

"Estamos esperando una nueva prisión", dijo Jorge Rubio, un alto oficial.

Claro, se supone que la prisión debe ser desagradable. Sin embargo, los investigadores se quejan de que necesidades como el agua van y vienen en prisiones de la región y las infecciones, sarpullidos, problemas para respirar y otros males tienen poco tratamiento.

Los internos venden su comida, ropa y a veces sus cuerpos para ganar dinero y pagar el espacio de un lugar para dormir, jabón y dentífrico.

Funcionarios salvadoreños dijeron que estaban buscando rehabilitar a más prisioneros, pero el esfuerzo a menudo se queda corto. Las clases son pocas en La Esperanza y en otras prisiones, donde los reos a veces optan por enseñar ellos mismos. "No tenemos ni libros ni nada, pero doy mi máximo esfuerzo", dijo Marvin Flores, de 37 años, delincuente deportado que pasó la mitad de su vida en Los Ángeles y está cumpliendo una condena por extorsión. Les enseña inglés a otros presos.

A lo largo de la década pasada, Honduras, El Salvador y otros países han incrementado las penas para delitos relacionados con pandillas, aplicando a veces una amplia definición de membresía, incluido tener ciertos tatuajes.

SE LLENAN. Incluso cuando los custodios supuestamente tienen el control, a menudo reinan la violencia y la corrupción. En la reciente matanza en México, los guardias liberaron a integrantes de un poderoso grupo criminal, Los Zetas, para que pudieran ir a otro bloque de celdas y matar a 44 integrantes de una pandilla rival. Después, el secretario de Gobernación de México, Alejandro Poiré, destacó un plan enfocado a la construcción de ocho prisiones.

Otros países también han lanzado auges en la construcción de prisiones, incluidos Brasil y Chile. Pero, sin un cambio en los sistemas de justicia o las políticas de combate a la delincuencia, las nuevas penitenciarías a menudo se llenan rápidamente más allá de su capacidad, destacó Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el Tratamiento de Delincuentes.

Colombia impulsó la construcción de prisiones y redujo considerablemente el hacinamiento, con base en cifras oficiales. Sin embargo, los progresos fueron, igual que en otras partes, efímeros.

SAN SALVADOR | Dentro de penitenciarías, algunos gobiernos, como el salvadoreño, han tomado medidas como agregar cámaras de seguridad, bloquear las señales de teléfonos celulares metidos de contrabando y reducir las horas de visita para intentar frenar el contrabando, pero una escasez de guardias bien entrenados, que no sean corruptos, sigue siendo un problema severo, destacaron oficiales.

Quizá sea más evidente en Venezuela, donde armas de asalto, granadas y drogas circulan libremente en algunas prisiones.

Los reos en la notoria prisión de La Planta, ubicada en la capital, Caracas, cargan abiertamente armas de asalto, manteniendo su propio orden despiadado en la ausencia de cualquier otra autoridad.

"Nosotros nos vigilamos solos", dijo Loibis Fuentes, de 37 años, quien está cumpliendo una condena por asesinato en La Planta. "Estamos a cargo de nuestra propia seguridad, limpieza y todo lo demás".

Antonio Sulbarán, de 28 años, encarcelado bajo un cargo de asesinato, tiene influencia sobre su sección de la prisión, imponiendo privilegios y justicia. "Yo me encargo de su bienestar", dijo Sulbarán sobre los presos que viven bajo él. "Alguien tiene que hacerlo para que haya respeto. Si no, esto sería un caos".

Legisladores hondureños aprobaron el mes pasado una ley que duplica la condena por extorsión hasta cuando menos 20 años, y continúan las redadas en El Salvador, lo que agrava más el conflicto. The New York Times

Es el número de reclusos podrían ser albergados en las 19 prisiones de El Salvador. Sin embargo, actualmente hay unos 24.000.

Es el número de prisioneros que murió en el último incendio, en febrero, en una cárcel de Honduras, por culpa de un cigarrillo.